La oficina de de Empleo de Mieres ya no tiene el servicio de seguridad privada que se le asignó a raíz de la detección, en octubre de 2008, de un vecino del concejo que se encaminaba hacia las dependencias portando en sus manos un hacha con el propósito, según reconoció ante la Policía, de «matar a tres o cuatro funcionarios». La plantilla ha pedido formalmente al Gobierno del Principado y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que reponga al vigilante que acaba de ser despedido para reducir costes. Afirman estar «atemorizados» ante la posibilidad de que Juan Carlos L. L. que tiene numerosos antecedentes por agresión y disturbios, decida regresar.


La única protección que tienen en estos momentos los trabajadores de la oficina de Empleo de Mieres es una orden de alejamiento que pesa sobre Juan Carlos L. L. Este dictamen judicial caduca en 2015. Los funcionarios han estado tranquilos los últimos cuatro años, ya que las administraciones acordaron en su momento, debido a la gravedad del incidente, sufragar la contratación de un guardia de seguridad. Desde principios de año este vigilante ya no está en su puesto. «Han decidido suprimir este gasto, dejándonos indefensos ante esta persona que está claramente trastornada», señaló a este dorio Mario García, el funcionario que denunció en 2008 los hechos. «No pedimos nada más que se nos garantice la seguridad, es decir, una calidad mínima en las condiciones laborales», añadió. La plantilla está asustada: «Una orden de alejamiento no ofrece ninguna garantía de seguridad».


El juicio por atentado contra J. C. L. se celebró en junio de 2010 y la primera vista tuvo que ser aplazada debido al comportamiento «colérico» del acusado. Juan Carlos L. L. protagonizó entre los años 2003 y 2008 numerosos incidentes en la oficina del entonces Inem. Al parecer, no estaba conforme con las gestiones y la información que le facilitaban los funcionarios, por lo que se dedicaba a insultarlos, amenazarlos de muerte y a destrozar el mobiliario de la oficina, según la calificación del fiscal.

http://www.lne.es/caudal/2013/01/28/empleo-prescinde-en-mieres-del-vigilante-que-contrato-tras-el-caso-del-hacha/1360177.html

¡Una orden de alejamiento! No sólo no ofrece ninguna garantía de seguridad síno que provoca al agresor, directamente, a ejecutar su amenaza y, de tener que ir a la carcel, ir por algo. No sé por qué en este pais existe la tendencia a creer que reduciendo los límites de velocidad haremos más seguras las carreteras (esto es un simil).
Cuando el agresor vuelva y ejecute sus amenazas entonces ya se le podrá juzgar por asesinato; perdón, rectifico, se valorará su posible enajenación mental para valorar si se le juzga por asesinato o se le ingresa en una institución psiquiátrica, pero como las que hay son privadas y hay que pagar, se le dejará en libertad condicional porque el estado no tiene dinero y él es insolvente y, mientras tanto, los familiares llorando a sus víctimas.
La palabra prevención, en los planes del estado, es una quimera.
Un saludo