César Álvarez Fernández, coronel jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil (SEPROSE)


En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el pasado 31 de enero, el Ministro del Interior expuso las diez líneas estratégicas de su departamento para esta legislatura. Al margen del interés que todas en su conjunto tienen para quienes nos dedicamos a la seguridad, merece especial atención la octava, “Racionalizar los medios disponibles y hacer un uso eficiente de los recursos”, que implica el desarrollo de varias acciones programadas; en particular: “3.- Reforma de la Ley de Seguridad Privada para establecer mecanismos de colaboración más eficaces con la seguridad pública, adaptarnos a la normativa europea y mejorar la calidad del servicio”.

Hace tiempo que se discute sobre la necesidad de una revisión del modelo español de seguridad, pero nunca parecía el momento oportuno porque lo delicado de la materia exige unos equilibrios no siempre fáciles de conseguir. Y ¿por qué no decirlo? nadie quiere equivocarse. Por eso es importante que todos, desde nuestro propio conocimiento y tras un planteamiento riguroso, hagamos aportaciones que ayuden a definir los espacios de mejora.

En esta línea, me pareció sumamente interesante el artículo de Miguel Merino Thomas publicado en el número del pasado diciembre por Seguritecnia, en el que exponía sus reflexiones con el propósito de abrir un debate sobre el modelo de seguridad privada en España. He podido verlo reproducido después en otros boletines, señal del interés suscitado y que comparto hasta el punto de que quiero hacer, modestamente y a título exclusivamente personal, alguna aportación.

En primer lugar, me complace felicitar al autor por su iniciativa y capacidad de liderazgo porque, desgraciadamente, el enorme potencial de los servicios privados de seguridad no es percibido en muchas ocasiones desde el propio sector, atenazado por un cierto complejo de inferioridad o gregarismo injustificado respecto de la Seguridad Pública. Por ello, al margen del acierto de sus propuestas, las reflexiones del señor Merino reflejan una independencia que, en mi opinión, refuerza su credibilidad.

Ciertamente la seguridad es competencia exclusiva del Estado, pero eso no ha impedido el extraordinario desarrollo alcanzado por los servicios privados, que viven hoy un momento de madurez y fiabilidad ampliamente reconocido. Desde esa posición, lograda gracias al esfuerzo y profesionalidad de todos, resulta perfectamente legítimo plantearse cuál debe ser el papel de la seguridad privada en la seguridad nacional y tratar de buscar fórmulas que faciliten su más eficiente integración.


En el II Congreso Nacional de Seguridad Privada, recientemente celebrado, ya se puso de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una revisión del actual modelo. Lamentablemente, otros temas de exigente actualidad, y quizá una cierta falta de perspectiva, impidieron una reflexión más profunda sobre esta cuestión. Pero es evidente que el interés está ahí.

Ahora bien, tratándose de seguridad, debemos ser extremadamente cuidadosos y tener presente que, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno. En efecto, podemos llegar a magníficas construcciones teóricas imposibles de llevar a la práctica, porque no podemos contemplar un modelo de seguridad exclusivamente referido a su vertiente privada. Parece obvio que, si tratamos de conseguir la máxima eficiencia en la conjunción público-privada, el problema debe abordarse desde su perspectiva más universal.

Muchos coincidimos en que lo que podríamos llamar nuestro modelo actual (yo prefiero hablar de sistema) es, cuando menos, mejorable. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) data de 1986 y la de Seguridad Privada de 1992. Es obvio que desde entonces han cambiado radicalmente muchos conceptos en torno a la seguridad. Es encomiable el esfuerzo de la Administración por mejorar el sistema en la parte privada a base de retocar normas menores, y gracias a ello se han conseguido notables avances; pero deberíamos ser más ambiciosos.

El sector privado se encuentra en una posición óptima para contribuir a diseñar un modelo eficiente

Tomemos un ejemplo por todos conocido, las infraestructuras críticas. En 1986 la LOFCS atribuía a la Guardia Civil la función específica de “custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran”. Pero la Ley 8/2011 de protección de infraestructuras críticas, siguiendo la pauta marcada por la Directiva 2008/114/CE, atribuye esta responsabilidad al propio operador, además de al Estado, sin definir un modelo para su materialización. Tan sólo se contempla la necesidad de complementar los Planes de Protección Específicos que establezca cada operador en sus diferentes instalaciones críticas, con los Planes de Apoyo Operativo elaborados en cada caso por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS).

Abanico de posibilidades

Es evidente que entre un modelo de protección a cargo exclusivamente de las FCS y otro que se la atribuya en iguales términos a la seguridad privada, se abre un amplio abanico que constituye un magnífico campo de investigación sobre las posibilidades de integración de los servicios privados con los públicos. Estoy convencido de que el sector privado, por su profundo conocimiento del medio protegido, se encuentra en una posición óptima para contribuir a diseñar un modelo eficiente.

En este sentido, parece que el desarrollo de la protección de infraestructuras representa una oportunidad excelente para plantearse alguna revisión. Pero hay más: la crisis económica está exigiendo a todos un replanteamiento de las capacidades e impone un uso eficiente de los recursos. Esta situación llega también a las propias FCS que ven sus recursos humanos y materiales sensiblemente disminuidos, y están ineludiblemente abocadas a priorizar sus esfuerzos y dirigirlos a aquellos espacios de actuación donde su presencia resulte insustituible.

Hasta ahora hemos asistido a un desarrollo de los servicios privados de seguridad basado en la complementación, o simple sustitución, de las FCS en aquellos cometidos que éstas se veían incapaces de atender. Por lo que se refiere a los espacios públicos el proceso no es pacífico, porque faltan criterios claros para determinar las funciones que puede asumir el personal de seguridad privada. Transportes públicos, buques en aguas internacionales, escolta a autoridades públicas… son algunos ejemplos de que el sistema lo aguanta todo, a condición de que la oportunidad lo merezca.

Pero la seguridad jurídica impone la existencia de un verdadero modelo en el que, atendiendo más a la función que al espacio físico dónde se desarrolle, cada ámbito de la seguridad tenga sus responsables y los mecanismos de coordinación precisos para garantizar el mejor servicio. A esa distribución ordenada debemos llegar, no a base de llenar espacios vacíos vistos únicamente como oportunidades de negocio, sino tras un planteamiento riguroso que busque el más eficiente uso de los recursos disponibles, desde el llamado personal auxiliar hasta las Unidades de élite de las FCS, de acuerdo siempre con sus respectivas capacidades. Desde luego, la coyuntura económica no deja mucho margen a las vacilaciones.

En ese modelo probablemente veríamos a la seguridad pública abandonar algunos cometidos que actualmente desempeña, mientras que la seguridad privada podría complementarla en servicios que hoy le están vetados, al mismo tiempo que vería limitada su participación en otros que excedan de sus capacidades. He ahí un buen campo de investigación para juristas y expertos en la materia.
Esta revisión debe acometerla la propia Administración, es decir, el Ministerio del Interior, apoyándose en cuantos instrumentos tenga a su disposición para garantizar la más amplia y acertada visión del problema. Ahora bien, el sector de la seguridad privada no participa en esa labor de asesoramiento más que a través de la Comisión Mixta de Coordinación, cuya capacidad a este respecto es, al menos, limitada. De ahí la importancia de obtener el máximo rendimiento de instrumentos como el Congreso Nacional, cuyas conclusiones deben ser puestas a disposición del Ministerio. Más aún, el extraordinario dinamismo demostrado por el sector debería conducir a la creación y desarrollo de otras plataformas que pudieran profundizar en esta labor de investigación, para conseguir una doctrina común.

Coordinación, fundamental

Pero sea cual sea el modelo a implantar, siempre habrá un aspecto fundamental a tener en cuenta: la coordinación. En efecto, la perfecta sincronización de los servicios públicos y privados supone, de facto, una auténtica integración. En este sentido comparto plenamente el planteamiento de Miguel Merino en cuanto a que cada Cuerpo policial con responsabilidades en la seguridad ciudadana de un ámbito concreto se ocupe de generar procedimientos de interoperación con la seguridad privada que actúe en ese ámbito. Comoquiera que esos procedimientos deberían estar referidos tanto a la selección y formación del personal, como a la inspección de los servicios y actuación conjunta, podría proceder un cambio de visión en lo que significa su control por las FCS, que debería corresponder de forma global a cada Cuerpo en su respectiva demarcación y dirigirse más a la integración que a la tutela.

Con independencia de estas consideraciones, es indudable que el sector privado, usuarios y proveedores, debe aprovechar la oportunidad de la crisis para aumentar el valor de sus servicios, no sólo teorizando sobre sus oportunidades sino preparándose para afrontarlas. ¿Cómo?, mejorando su calidad. La atención a aspectos como la formación, especialización, buenas prácticas en contratación, en definitiva, la dignificación de la profesión, redundarán necesariamente en reforzar la fiabilidad del sector y su capacidad para intervenir más decisivamente en su propia regulación.

Porque no se trata de que la Administración cambie el modelo de seguridad para que el sector privado tenga un protagonismo acorde con su potencial, sino de que desde el propio sector, incluso desde la seguridad pública también, se aporte una visión más completa a la Autoridad que deba diseñarlo, de forma tal que ponga en evidencia su capacidad indiscutible para contribuir a la seguridad nacional. ¿O preferimos recibir un modelo cerrado, con una participación anecdótica del sector, insuficiente para reflejar sus inquietudes, pero bastante para tener que asumirlo como propio a posteriori?

En conclusión, se impone una revisión de nuestro modelo de seguridad y parece que no es tiempo de dudas. Es más, el Gobierno nos anuncia que va a acometerla. Su alcance dependerá de hasta qué punto haya unos objetivos claros y se vislumbren soluciones eficientes. Las aportaciones que podamos efectuar no garantizarán el acierto a los responsables de la decisión, pero debemos apoyar su impulso reformista con nuestro esfuerzo, amplitud de miras, generosidad y absoluta lealtad al fin superior que constituye la seguridad de España y de los españoles. Nadie puede esperar más de nosotros. Ni menos.

Fuente: SEGURITECNIA.com