P. PIÑEIRO / A. LUACES | A CORUÑA La crisis es la crisis y obliga a recortes. Este es el argumento ofrecido ayer por el Gobierno a los representantes de Opagac, una de las dos organizaciones de armadores que agrupan a la flota atunera española, para justificar la retirada, ya este mismo año, de las ayudas que el Estado venía ofreciendo al sector para costear la seguridad privada a bordo de los pesqueros que faenan en el Índico como protección contras los ataques de los piratas somalíes. Así lo aseguró ayer a este diario Julio Morón, gerente de Opagac, tras la reunión mantenida entre los directivos de la organización pesquera y el nuevo secretario general de Pesca, Carlos Domínguez.

La retirada de las ayudas a la seguridad privada aprobadas por el gobierno socialista en 2009 tras el secuestro del Alakrana sorprendió ayer al sector aunque los empresarios reconocían que ya se lo temían y sospechaban.

La subvención estatal para la seguridad de la flota en el Índico alcanzaba el 25% del coste del embarque y mantenimiento de cuatro vigilantes de seguridad armados en cada uno de los 14 atuneros del Índico con pabellón español. Otro 25% lo costean las comunidades autónomas donde estos barcos tienen su puerto base y que, con la excepción de un par de barcos, con base en Galicia y Andalucía, son todos del País Vasco. El restante 50% lo aportan las propias empresas armadoras, que también asumen el coste de la seguridad de los atuneros que navegan bajo pabellón de Seychelles, hasta alcanzar un total de 23 pesqueros de capital español en esas aguas. En todos esos buques están enrolados marineros gallegos, vascos y de países ribereños.

A la vista de la negativa del Gobierno central a mantener estas ayudas -cerca de 2 millones de euros al año, según las propias cifras difundidas por el Gobierno con anterioridad y ayer no confirmadas por los armadores- los empresarios aseguran que asumirán ese gasto mientras no exista alternativa porque "ni de broma, no podemos ni plantearnos" prescindir del servicio de vigilancia a bordo. "Es completamente inviable" recalcó Morón.

Desde que la flota atunera española cuenta con vigilantes privados armados a bordo todos los buques lograron repeler los ataques piratas de que fueron objeto y no se produjo ningún secuestro en el sector.

Embarque de militares

Tras esta decisión de retirar las ayudas, los armadores reiteraron al Ministerio su tradicional y "originaria" demanda de embarcar en los pesqueros a militares profesionales, como ocurre con la flota pesquera gala.

La propuesta fue planteada de nuevo ayer por Opagac al responsable pesquero del departamento que lidera el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Su respuesta fue, según Morón, que "se estudiará" junto con el Ministerio de Defensa.

El príncipe Felipe y el ministro de Defensa, Pedro Morenés, visitaron ayer a las tropas españolas desplegadas en el destacamento de Yibuti, integradas en la misión europea de lucha contra la piratería en el Índico Atalanta. El heredero de la corona elogió el "éxito" de la misión y agradeció su trabajo porque, dijo, permite llevar "el buen nombre y la buena imagen de España" a la zona "para orgullo de todos los españoles". Esta es la primera visita tanto del Príncipe como del ministro de Defensa al contingente militar desplazado al continente africano, compuesto por 400 efectivos y desplegado desde finales de 2008. / A. Apezteguía

El atunero bermeano Txori Argi, propiedad de la empresa Inpesca, navega con normalidad tras ser sancionado por las autoridades de Mozambique con una multa de 1,2 millones de euros, acusado de pesca ilegal en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país africano. La armadora anunció que presentará un recurso ante el Ministerio de Pesca de Mozambique, que espera que prospere ante "el buen hacer y el historial de buenas prácticas pesqueras" que tanto el Txori Argi como la empresa acumulan desde su creación hace 40 años.

La compañía rechazó de plano la acusación de pesca ilegal por cuanto dispone de autorización para pescar en el océano Índico emitida por la Comisión Internacional de Pesca del Océano Índico (IOTC) y cuenta con las licencias de pesca necesarias en todos los países del Índico en los que faena su flota.

Según la propietaria del Txori Argi, el conflicto surge de que las autoridades mozambiqueñas interpretan que el buque entró en sus aguas mientras que Inpesca defiende que no rebasó los límites geográficos fijados por el pacto pesquero entre Mozambique y la UE.

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2012/03/22/gobierno-retira-ayudas-seguridad-privada-flota-atunera/592503.html