La asociación profesional Unión de Guardias Civiles (UniónGC) en Cantabria ha reclamado al Ministerio del Interior que respete "los derechos de los guardias civiles y sus familias" afectados por la privatización del servicio de seguridad externo de El Dueso y los demás centros penitenciarios del país.

La Unión de Guardias Civiles en Cantabria señala que así se confirmó de manera oficial en la última reunión del Consejo de la Guardia Civil.

En su comunicado, UniónGC aclara que ya ha solicitado formalmente una reunión con mandos de la Guardia Civil y responsables del Ministerio del Interior para tratar "el derecho preferente a elegir otras vacantes" de los guardias civiles que serán sustituidos por vigilantes de seguridad en El Dueso.

La asociación asegura que defenderá también el derecho de los afectados "a elegir la unidad de destino aunque en ella no haya vacantes".

"En ningún caso la privatización puede vulnerar los derechos de los guardias civiles y sus familias con una movilidad geográfica que les impida mantener su actual vivienda oficial si no desean cambiar de domicilio", recalca el comunicado de UniónGC.

La asociación matiza al respecto que los guardias civiles ocupan viviendas oficiales en función de su destino, y subraya que los agentes que serán trasladados de El Dueso y otros penales a otro servicio "tienen todo el derecho a que se les respete seguir viviendo en ellas hasta que decidan abandonarlas".

UniónGC deja claro igualmente su rechazo a que "se elimine por completo" la presencia de guardias civiles en el penal cántabro y aboga por un "modelo mixto", como en los aeropuertos para que "se pueda supervisar el servicio de vigilancia privado e intervenir cuando éste no tenga competencias".

La asociación ha señalado que ya se han convocado reuniones informativas con las diferentes unidades de la Guardia Civil afectadas por la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios.

Y reafirma su intención de "estar vigilante" en la puesta en marcha de la medida, porque si algo tienen muy claro "es que implica unos intereses y unos derechos de los guardias civiles que en ningún caso se pueden obviar".

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