Las armadoras vascas que faenan en el Índico mantendrán la seguridad privada contra la piratería, pese a la decisión del Gobierno español de retirar las ayudas que hasta el momento ofrecían a las empresas para sufragar el servicio. «Asumiremos los gastos como sea porque para nosotros es primordial llevar vigilantes a bordo», aseguraron desde el sector.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente justificó el fin de sus aportaciones, que ascendían al 25% del coste total -2 millones de euros anuales-, debido a la crisis. Las administraciones autonómicas -Galicia y País Vasco- asumen otro 25% del pago de los agentes, mientras que el 50% restante recae directamente sobre los armadores de los buques.
El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, se comprometió a realizar gestiones para que Defensa se hiciera cargo de la parte correspondiente al Ejecutivo central, pero la propuesta no ha prosperado. El titular de Pesca planteó, asimismo, la posibilidad de embarcar militares en los atuneros y retomar así la petición inicial que realizaron las propias empresas al Gobierno Zapatero, sobre todo tras el secuestro del 'Alakrana', en octubre de 2009.
La medida supondría, no obstante, realizar modificaciones legales por lo que Defensa ha vuelto a denegar la opción de embarcar infantes de Marina. En la actualidad 23 buques, la práctica totalidad de armadoras vascas, faenan en las consideradas como las más aguas más peligrosas del mundo.

Javier L. Noriega -
El ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno alcanza a todos los ámbitos, incluidos algunos tan sensibles como los relacionados con la seguridad. Así, el Ejecutivo ha decidido no renovar las subvenciones a los armadores de los buques atuneros españoles que faenan en el Índico para la contratación de seguridad privada.
Una medida que adoptó el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero tras el aumento de los ataques de piratas somalíes a las flotas que trabajan en la zona y, sobre todo, tras el secuestro del Alakrana.
El Ejecutivo acordó financiar hasta un 25% del coste total de los vigilantes contratados (con un importe máximo de 1,73 millones anuales), siendo subvencionado otro 25% por los gobiernos autonómicos implicados (vasco y gallego, por ejemplo) y el resto, por los armadores.
Sin embargo, este año, frente a lo que sucedió en 2010 y 2011, el Gobierno no ha reservado una partida en los presupuestos del Ministerio de Agricultura con este fin, tal y como se ha explicado esta semana a las dos principales asociaciones del sector, Anabac y Opagac. "Los armadores van a tener que asumir el grueso del coste porque, sin seguridad, la pesca en la zona es inviable. Se va a perder competitividad pero no queda otra", señalaron en fuentes del sector pesquero.
La mayoría de los atuneros españoles que faenan en el Índico son vascos y pertenecen a Anabac. Desde la asociación se negaron a hacer cualquier tipo de comentario. El coste estimado de la seguridad para los atuneros vascos ha rondado los seis millones de euros por campaña.
Ayudas del Gobierno vasco
En todo caso, estos armadores seguirán recibiendo las ayudas del Gobierno vasco. "Nosotros mantenemos nuestro compromiso de ayudar a garantizar la seguridad de los tripulantes", explicaron en fuentes del departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco.
La posición del Gobierno gallego es diferente, sin embargo. Desde la Consejería de Medio Rural y Mar recordaron que el acuerdo de financiación fue pactado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero sin contar con Galicia y añadieron que la Xunta es partidaria de que los atuneros que faenan con pabellón español cuenten con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado embarcados para garantizar su seguridad.
Sin embargo, el Gobierno no contempla esta posibilidad. Los atuneros ya cuentan con la protección de las tropas españolas desplegadas en el Índico bajo el paraguas de la operación Atalanta de la Unión Europea.
Según el último informe de la organización Oceans Beyond Piracy, en 2011 las actividades de piratas somalíes en aguas del este de África tuvieron un coste de hasta 6.900 millones de dólares (5.255 millones de euros).

La presencia militar internacional en aguas del Índico y la seguridad privada que llevan el 25% de los buques que navegan por el este de África han permitido que el número de secuestros protagonizados por piratas somalíes cayera en 2011, pasando de 49 en 2010 a 28.

Sin embargo, según los datos del International Maritime Bureau (la referencia en este campo), los ataques siguieron aumentando y pasaron de 219 en 2010 a los 237 del año pasado.

En lo que va de 2012, ya se han registrado 36 incidentes en la zona, con siete secuestros y el apresamiento de 92 rehenes. En estos momentos, los piratas somalíes mantienen 13 barcos retenidos, con un total de 197 personas a bordo.

La presión militar permitió que, ayer, el patrullero Infanta Elena liberara un pesquero de Sri Lanka que llevaba medio año secuestrado y era usado como nodriza por los piratas.

Uno de los datos preocupantes es que los atacantes han elevado sus exigencias económicas y ya piden rescates de 3,8 millones de euros de media.