Hoy finalizan cuatro trabajadores del centro Mediterráneo y CCOO en la empresa alerta de hasta 25 trabajadores menos
La encomienda de gestión a Amgevicesa de las labores de guarda para todas aquellas instalaciones del Área de Menores ha puesto en alerta a los trabajadores de la empresa de vigilancia privada Prosegur, ya que hoy mismo se pierden cuatro puestos de trabajo en el centro de menores Mediterráneo y “está previsto que sean entre 20 y 25 que están contratados e indefinidos los que vayan a la calle entre septiembre y primeros de octubre”, manifestó en declaraciones a este medio el responsable de Seguridad Privada en Comisiones Obreras (CCOO) y presidente del Comité de Empresa de Prosegur, Francisco Muñoz. Los trabajadores que dejan de trabajar están por obras y servicio y no pueden ser reubicados.
El sindicalista indicó que los vigilantes que se encuentran en estos momentos en la residencia Nazareth controlando a los menores del Mediterráneo finalizan el 1 de septiembre, pero al ser los titulares del servicio y más antiguos pasan al centro que se quemó y los cuatro trabajadores que realizan aquí sus labores son los que se quedan sin trabajo. Los trabajadores de Amgevicesa irán a trabajar donde están ahora los menores, en la residencia Nazareth.
De esta manera, Muñoz adelantó que el sindicato al que pertenece emprenderá medidas legales en Madrid, amparándose en la Ley de Seguridad Privada “en la que está muy claro que el Ayuntamiento de Ceuta no puede hacer un servicio de guardia y custodia, porque es de seguridad privada en toda regla”. Así, recordó que para prestar servicio de vigilancia “tiene que ser personal habilitado, titulado por el Ministerio del Interior e integrado en una empresa de seguridad que a su vez tiene que estar autorizada por el Ministerio”, afirmó. Así, aseguró que los trabajadores de Amgevicesa “no están cualificados para prestar servicios de seguridad privada”.
Muñoz dijo que el objetivo es conseguir que los vigilantes continúen en estos centros, “en la empresa que sea, porque hay un concurso abierto”.
El sindicalista negó que los trabajadores de Amgevicesa vayan a realizar solamente labores de ordenanza, “porque hay que hacer un control de acceso, de las visitas y de los menores, por lo que es totalmente incierto”. Muñoz negó que Prosegur no quiera continuar los servicios, porque precisamente “el ayuntamiento le adeuda cerca de 500.000 euros”.

“Amgevicesa solo hará labores de ordenanza”

Fuentes cercanas a los trabajadores de la empresa municipal Amgevicesa indicaron en declaraciones a este medio que la realidad del asunto es que los trabajadores de esta sociedad no van a realizar labores de vigilancia ni seguridad, solo de ordenanza, y que la empresa Prosegur le ha dicho a sus trabajadores que se marchan porque la Ciudad le ha retirado el servicio y lo hará Amgevicesa, cuando la realidad es que la Administración tiene una deuda de unos 500.000 euros con Prosegur y ésta, para que no continúe aumentando, prefiere retirarse de estos centros. Estas mismas fuentes añadieron que los vigilantes de seguridad dejan de hacer los servicios donde en estos momentos no hay vigilancia, “porque en Punta Blanca, donde sí hay vigilancia real, sí sigue estando Prosegur”, concluyeron.

http://www.elfarodigital.es/ceuta/economia/105481-los-trabajadores-de-prosegur-temen-perdida-de-empleo-tras-la-encomienda-a-amgevicesa.html

La organización sindical intuye que se puedan llevar a cabo unos 30 despidos al ser los vigilantes de seguridad sustituidos por personal de Amgevicesa La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha mostrado su preocupación por la encomienda de gestión a la empresa Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta S.A. (Amgevicesa) de las labores de guarda de distintos centros dependientes de la Ciudad Autónoma. Esta encomienda de gestión se ha ido haciendo efectiva en los distintos boletines de la ciudad (BOCCE) que se han publicado en las últimas semanas. Primero, el del martes 31 de julio anunciaba la encomienda de gestión para las labores de guarda de los mercados; más tarde, el 7 de agosto, salía la encomienda de gestión para las instalaciones de Menores; y por último, el pasado martes 4 de septiembre, se publicaba la relativa a las instalaciones dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer.
Tras estos anuncios, personal de esta sociedad municipal ha sido destinado a lugares como el Mercado de Hadú o a instalaciones de Menores, y después se ha conocido que también realizará labores de guarda en las instalaciones dependientes de la Consejería de Mabel Deu. Concretamente se encargará de la custodia y protección “frente a terceros” de los Baños Árabes, la guardería del Amor Fraterno, el Conservatorio Municipal de Música y el Centro Asesor de la Mujer.
La pasada semana, el responsable de Seguridad Privada en Comisiones Obreras (CCOO) y presidente del Comité de Empresa de Prosegur, Francisco Muñoz, alertó de la difícil situación que van a comenzar a vivir los trabajadores de este sector debido a que, después de esta enmienda de gestión, algunos vigilantes ya dejaban de trabajar y que entre finales de septiembre y principios de octubre se producirían de 20 a 25 despidos.
Por su parte, el responsable de la FTSP-USO en Ceuta, Francisco Javier González Aranda, ha advertido de que los despidos que se van a llevar a cabo podrían llegar hasta la treintena.
Estos despidos se deben a que en algunos lugares se está “sustituyendo” a los profesionales de la seguridad privada por personal “no habilitado ni cualificado para desarrollar las funciones asignadas y reguladas por la Ley del personal encuadrado en empresas de seguridad privada”, tal y como indicó el sindicalista, poniendo como ejemplo los centros de menores.
En la FTSP-USO hablan de “intrusismo profesional” cuando se refieren a la realización de estos trabajos por parte del personal de Amgevicesa, ya que aseguran que estas labores solo las pueden realizar empleados cualificados de empresas de seguridad privada, y en ningún caso operarios de una sociedad municipal dependiente de la Administración local, al no contar con la cualificación de los vigilantes de seguridad, necesaria para esta labor.
http://www.elfarodigital.es/ceuta/sociedad/105887-la-ftsp-uso-preocupada-ante-los-posibles-despidos-en-seguridad.html

Francisco Javier González Aranda
Responsable de la FTSP-USO Ceuta.
Desde la FEDERACION DE SEGURIDAD PRIVADA la FTSP-USO quiere expresar su preocupación por las recientes medidas adoptadas por el gobierno de nuestra ciudad en la recolocación del personal sobrante de Angevicesa.
Pero además, alerta de que en algunos lugares se está "sustituyendo" a los profesionales de la seguridad privada por personal no habilitado ni cualificado para desarrollar las funciones asignadas y reguladas por Ley del personal encuadrado en empresas de seguridad privada. Como son los centros de menores.
Y aunque la seguridad interior de los centros de menores corresponde a los educadores y al personal del centro el apoyo a estos solo puede ser suplido por empresas de seguridad y no por personal sin ningún tipo de cualificación para desempeñar estas funciones, lo que conllevaría a caer en el intrusismo profesional.
Así la Ley de Seguridad Privada 23/1992 de 30 de Julio en su Artículo 10 , así como la Resolución de 19 de Enero de 1996 , por la que se determinan aspectos relacionados con el personal de Seguridad Privada, en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de Julio de 1995 donde especifica en su Disposición Transitoria que “a partir de le fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, las empresas de seguridad no podrán contratar para la prestación de servicios de vigilancia y protección personal que no esté habilitado por el Ministerio de Justicia e Interior” .
Sanciones muy graves para el personal que realice “intrusismo profesional”.
Ley de seguridad privada en su capítulo IV articulo 23 punto uno se castiga como infracciones muy graves la prestación de servicios de seguridad a terceros por parte de personal no integrado en empresas de seguridad, careciendo de la habilitación necesaria.
Que sepamos, los ayuntamientos no están constituidos como empresas de seguridad privada debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior, y tampoco este personal de Angevicesa son personal de seguridad privada convenientemente habilitados y en posesión del Tip, así que estamos ante un nuevo caso de “intrusismo permitido”, pero más grave si cabe porque parte de la propia administración.
La seguridad de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales (vulgarmente denominados “cárceles de menores” y también conocidos como “centros de menores”) viene precedida por unas medidas de internamiento cuyo objetivo, tal y como señala el apartado 16 de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), es el de “disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello sea necesario, al menos de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un régimen físicamente restrictivo de su libertad [...]”.
En todo caso, las actuaciones de seguridad y control educativo y de mantenimiento del orden y convivencia se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, en su Reglamento de desarrollo. Los únicos destinatarios o sujetos pasivos respecto de los que el artículo 59.1 LORPM legitima el uso de las actuaciones de vigilancia y seguridad son los menores internados. No obstante, el Reglamento de la LORPM habilita el empleo de algunos mecanismos de seguridad frente a personas que eventualmente puedan acceder al centro (familiares de los menores, autoridades y funcionarios en funciones de supervisión, control o inspección, proveedores...), si bien con una muy limitada afectación de sus derechos a la intimidad o a la integridad (por ejemplo, la identificación documental, los medios electrónicos de control, el registro superficial de familiares visitantes, etc.).
Los principales actores de la seguridad interior en un centro de menores son sus propios trabajadores, según establece el artículo 54.1 del Reglamento. Siendo la prevención el mecanismo más eficaz para evitar conflictos y mantener una ordenada convivencia, todos los trabajadores desarrollarán labores con esa premisa mediante la observación de los internos; por lo que a quienes compete el grueso de las funciones de seguridad y control respecto a los menores internados es a los trabajadores del propio centro (entre otras funciones: la observación ya señalada, las inspecciones de locales y dependencias, registro de menores y de sus pertenencias, control individual y grupal e intervención en casos de conductas atentatorias contra la seguridad y el orden, mediante el empleo, incluso, de los medios de contención previstos en el artículo 55 del Reglamento).
Ahora bien, estas funciones de seguridad no solo las desarrollan los propios trabajadores de los centros como marca la Ley 5/2000; parte también importante es la desarrollada por los vigilantes de Seguridad Privada. Tal y como se contempla en el apartado 8 del mismo artículo 54, existe la posibilidad de que la entidad pública de protección o reforma autorice, “en aquellos centros donde la necesidad de seguridad así lo requiera, el servicio de personal especializado, en funciones de vigilancia y apoyo a las actuaciones de los trabajadores del centro previstas en los apartados anteriores de este artículo. Este personal dependerá funcionalmente del director del centro y no podrá portar ni utilizar dentro del mismo otros medios que los contemplados en el artículo 55.2 de la LORPM”. Se puede entender que la figura que conforme a la legislación vigente tiene este carácter de “personal especializado” es la de los vigilantes de Seguridad Privada regulados en la Sección II del Capítulo III de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, cuyo desarrollo normativo se encuentra en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre. Las entidades públicas prevén expresamente en los servicios de guarda, reeducación y reinserción de los menores infractores internados en estos centros que dichas funciones especializadas puedan ser prestadas por vigilantes de Seguridad dependientes de empresas privadas de ese sector, sujetándose a lo dispuesto en la antes referida normativa específica, conviviendo de esta forma en materia de Seguridad tanto los trabajadores de la propia entidad gestora como lo vigilantes de las empresas contratadas.
Todo el personal que presta sus servicios de control, vigilancia y seguridad en estos centros ha de contar con la formación y la capacitación en los ámbitos físico, psíquico y de entrenamiento que les habilite para el desempeño de estos cometidos, asistiendo a los cursos de formación permanente que se programan y habiendo superado los cursos de reciclaje que se establezcan.

http://www.elfarodigital.es/blogs/250-colaboradores/105928-intrusismo-en-la-seguridad-privada.html

En momentos de crisis la administracion dando ejemplo fomentando el intrusismo profesional;
lo que pasa en este sector empieza a ser insostenible con esta politica de palo y zanahoria.
Por un lado cuando interesa nos engatusan con una ley de seguridad privada en la que vamos a tener un papel protagonista con las fuerzas y cuerpos de seguridad,pero por el otro las mismas administraciones nos quitan los servicios porque tenemos el defecto de cobrar por nuestros servicios y resultamos un gasto que lo pueden suplir con cualquiera.