La seguridad privada en Aragón solicita a la DGA el cumplimiento de la ley para adjudicar concursos públicos
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Aragón anuncia que ha iniciado acciones para reclamar y denunciar la actual situación del sector de la Seguridad Privada. Por este motivo, ha solicitado a la DGA que “no adjudique concursos públicos a empresas de seguridad que incumplen con la legislación”.
Zaragoza.- La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Aragón (FTSP-USO Aragón), a través de un comunicado, ha anunciado que ha iniciado acciones para reclamar y denunciar la actual situación del sector de la Seguridad Privada.
Desde la federación señalan que “actualmente nos encontramos con un determinado número de empresas que licitan con un precio de hora muy bajo, para ganar la adjudicación de los servicios”, y continúan indicando que “detrás de esta actividad aparentemente lícita, se encuentra un sinfín de incumplimientos legales. Se saltan la normativa laboral de los derechos de sus trabajadores, incumplen sus obligaciones en materia tributaria y de seguridad social”.
Por este motivo, FTSP USO Aragón ha solicitado a la DGA que “no adjudique concursos públicos a empresas de seguridad que incumplen con la legislación”.
Para ello, según señalan, han presentado un recurso ante a la Diputación General de Aragón para que “no adjudique los servicios de seguridad privada, valorando solo exclusivamente el precio de licitación”, y además “piden a la Administración aragonesa que tenga en cuenta aspectos como el cumplimiento de la normativa de Seguridad Privada y con el convenio colectivo nacional de empresas de seguridad, así como que excluya de todo concurso a aquellas empresas que no estén al día en sus tributaciones, en los pagos a la Seguridad Social o en el abono de los salarios de los trabajadores”.
Según la federación “adjudicar a empresas incumplidoras supone generar un difícil clima social, que redunda negativamente en la prestación de servicios y se da la circunstancia que además se contrata con dineros públicos a empresas que defraudan, algo inaudito”, aseveran.
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