CCOO ha presentado ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, UMAC, de la Delegación del Gobierno una demanda en la que exige la reincorporación de D.R., vigilante de seguridad en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, CETI, que fue retirado de su puesto de trabajo cautelarmente al ser acusado de la presunta agresión sexual a una residente argelina cuya denuncia, como adelantó ‘El Faro’, ha sido archivada y sobreseída de forma provisional. El sindicato insta a “modificar la condición de trabajo de D.R. al tener asignado un puesto en el CETI y haberlo cambiado debido a la denuncia interpuesta por una inmigrante y de la cual ha sido absuelto”, en palabras del gabinete jurídico.
A pesar de que los comisionistas entienden que, cautelarmente, se trasladara a D.R. a otro servicio de la ciudad, consideran que una vez “absuelto debe volver al lugar que su empresa le asignó”, es decir, al centro del Jaral.
El vigilante de seguridad de la empresa Serramar aseguró ayer que, conocido el archivo del caso, presentará una denuncia por daños morales ya que “entre los vigilantes todos sabemos quiénes somos y hay personas que me han nombrado por la calle por un delito que no cometí”, además de por el perjuicio económico ocasionado, “me retiraron por prevención y ahora sólo tengo servicio tres días a la semana”, en sus palabras. “Junto a mi abogado, estamos elaborando la batería de argumentos para mi denuncia ante los juzgados”, indicó.
El empleado de Serramar insistió en que lamenta que la Dirección del CETI notificara su negativa a la reincorporación de forma verbal y no oficialmente, es decir, mediante un documento que certificara esta decisión, la cual considera “injusta”, ya que la argelina, que responde a las iniciales L.L., abandonó en noviembre la ciudad.
D.R. explicó, en declaraciones a ‘El Faro’, que la denuncia formulada por la argelina L.L. el pasado mes de julio tuvo por objetivo “lograr la residencia”. El trabajador de la empresa de seguridad y vigilancia Serramar aseguró que este presunto fin “ya lo ha conseguido”, al encontrarse en la actualidad en la península.
El juez titular del juzgado de instrucción número 6, encargado del caso, determinó que la manifestación de la inmigrante argelina que denunció los hechos, que aseguró que ocurrieron en las instalaciones del centro del Jaral, no sostiene la acusación contra el vigilante de seguridad.
Los hechos relatados por la inmigrante fueron denunciados ante la Jefatura Superior de Policía Nacional y comunicados por la Delegación del Gobierno. Desde el momento en el que se conoció la denuncia, D.R. ha defendido su inocencia hasta que el magistrado del juzgado número 6 ha considerado que no existían fundamentos para la acusación.
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