Increíble , pero cierto , que rápida es la Justicia en este país . Ha tardado casi ocho años en celebrarse un juicio , por la muerte en extrañas circustancias de un joven de 16 años , ocurrida en un centro de menores . Esto es para flipar .

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http://www.laprovincia.es/sucesos/2012/09/10/piden-37-anos-carcel-muerte-menor-centro-tenerife/482145.html

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P.d : Los seis vigilantes de seguridad imputados en este caso trabajaban para la empresa Seguridad Integral Canaria .

MIGUEL ÁNGEL AUTERO
SANTA CRUZ DE TENERIFE Seis vigilantes de seguridad de la empresa Seguridad Integral Canarias y una coordinadora de los educadores de la Fundación Ideo, que tenía encomendadas las funciones de cuidado de los menores bajo medidas judiciales en Canarias, se sientan hoy en el banquillo de los acusados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el juicio que se celebrará por la muerte del joven Philipp García Zoch, que tenía 16 años en noviembre de 2004 cuando se encontraba internado en el centro de menores Nivaria, en Tenerife. A los acusados se les considera culpables de un delito contra la integridad moral de las personas.
El letrado de la acusación particular solicita que sean condenados a seis años de prisión dos de los vigilantes: Manuel Antonio Dorta A. y José Gorrín. Para el resto de los acusados –Vicente Rivero. R., José Manuel Expósito A., Nieves de la Cruz Hernández H., Miguel Bravo S. y Francisco Legaz F.– reclama penas de cinco años.
Asimismo, este letrado reclama que la familia del menor sea indemnizada con 300.000 euros, siendo responsable civil directa la aseguradora Ocaso y, de forma subsidiaria, la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, la Fundación Ideo y Seguridad Integral Canarias.
Acusación pública
El Ministerio Público, por su parte, considera que los acusados también son presuntos responsables de un delito contra la integridad moral de las personas y solicita para uno de los vigilantes una pena de cinco años, mientras que para los otros acusados, interesa una condena de tres años para cada uno de ellos. En cuanto a la indemnización por responsabilidad civil, la Fiscalía reclama la cantidad de 120.000 euros.
Los hechos se iniciaron cuando el menor Philipp, interno del centro de Menores Nivaria, solicitó su traslado al módulo de refugio, tras haber sufrido el constante acoso por parte de otros menores cuando se encontraba en el módulo 2, así como por mayores de edad empleados como vigilantes del centro. Según sostiene la acusación particular, tras el traslado a ese módulo, la situación de acoso persistió ya que incluso coincidían los menores sancionados disciplinariamente con los que solicitaban el refugio (protección). En dichas conductas se significó un menor -el condenado en 2008- quien "con el ánimo de menoscabar la libertad y la seguridad de Philipp, le dirigía constantes insultos y le amenazaba de muerte". Desde el 5 de noviembre de 2004, día del ingreso de Philipp en el módulo de refugio, este menor llegaba a agredir a Philipp en presencia de Manuel Antonio Dorta A. quien no intervenía "conscientemente" en auxilio de Philipp.
No obstante, afirma la acusación, la actitud de Manuel Antonio Dorta A. no se limitaba a presenciar y consentir estos hechos, "sino que llegaba a intervenir activamente en las agresiones al mismo, incluso contra otros menores internos". Este acusado actuaba con absoluta impunidad contra Philipp y otros menores amparado en la pasividad de los otros acusados José Manuel Expósito A. y Francisco Legaz F. (jefes de los vigilantes) quienes desoyeron a Philipp en todas las ocasiones que les pidió auxilio por los abusos de sus subordinados.
En los días anteriores al 12 de noviembre de 2004, Manuel Antonio Dorta A. y Vicente Rivero. R. se dirigieron a Philipp y, tras lograr derribarle, el primero le puso un pie en la cabeza al tiempo que le insultaba y le llamaba "chivata", todo ello ante "la atenta mirada de Vicente Rivero sin hacer ninguna intervención para evitarlo y llegando a apoyarlo verbalmente", según mantiene la acusación.
La familia sostiene que Manuel Antonio Dorta A. tenía el "firme propósito de atentar contra la integridad psíquica y emocional del menor", se valía de los mecanismos de acceso a los módulos y celdas que poseía y "procuraba al resto de los internos las llaves para que entraran en la habitación de Philipp". En diversas ocasiones, los internos se apoderaban de la ropa de Philipp e, incluso llegaban a agredirle físicamente", prácticas que eran conocidas por el resto de los acusados, "los cuales hacían uso de elementos de contención de una extraordinaria dureza y desproporcionados para contrarrestar las protestas de Philipp, en las ocasiones en las que se resistía o protestaba ante tales abusos". Destaca el letrado de la acusación que, entre esos elementos se empleaba una camisa de fuerza o contención que adherían a la cama para inmovilizar a Philipp.
A las 20:30 horas del 12 de noviembre, Manuel Antonio Dorta A. se dirigió a la celda número 6 –donde estaba Philipp– y, a través de la rendija de la puerta profirió insultos y amenazas de muerte. Estos hechos fueron presenciados por Francisco Legaz F. y Nieves de la Cruz Hernández H. y no intervinieron. Otro de los acusados, Miguel Ángel Bravo S., facilitó a Manuel Antonio Dorta A. el acceso a la celda. Estos hechos se repitieron a las 22:00 horas, sin que interviniera nadie en defensa de Philipp.
El joven fue hallado muerto a la mañana siguiente en su celda.

http://www.laopinion.es/sociedad/2012/09/24/juicio-muerte-philipp/436330.html

"Paco era un abusador con los menores; les ponía esparadrapo en la boca, les esposaba las manos a la cama y les daba tortas, a veces hasta hacerles sangre a los chicos que más resistencia ponían". Esto es parte de lo que declaró ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife uno de los siete acusados en el juicio por la muerte en 2004 del joven de 16 años Philipp García Zoch, cuando se encontraba internado en el centro Nivaria para menores bajo medidas judiciales.
Manuel Antonio Dorta A. se despachaba así ayer y negaba todo lo que había declarado hace ocho años, tras hallarse el cadáver del menor en la celda número 6 del módulo 0 (refugio y disciplina). A las preguntas del fiscal, este acusado no se acordaba ayer ni de quién era su coordinador ni el jefe de seguridad, o sea, su superior cuando trabajaba para Seguridad Integral Canarias en este centro. Sin embargo, reveló que todo lo que había declarado con anterioridad en el juzgado lo hizo porque la empresa le "había echado como a un perro".
Se refería a cuando había declarado los conflictos que existían en el centro de menores entre distintos vigilantes de seguridad y otros menores respecto a Philipp. En su momento llegó a decir: "Le comunicaba lo que pasaba al señor Rafa [Rafael Mosegué B., jefe de seguridad del Nivaria] pero él nunca hizo nada" a este respecto.
Manuel Antonio Dorta A., a la hora de ser contratado por Seguridad Integral Canarias solo refirió que tenía antecedentes policiales, y no antecedentes penales, si bien ayer admitió que había cumplido tres años de prisión en Brasil por transportar drogas en el interior de su organismo (mula). Está acusado, como los otros cinco empleados de seguridad de la misma compañía y una coordinadora de educadores como presuntos autores de un delito contra la integridad moral de las personas. Por lo que la acusación particular solicita que les sean impuestas entre seis y cinco años de prisión y a indemnizar con 300.000 euros a la familia de Philipp García, siendo responsables subsidiarios Seguridad Integral Canarias y la Fundación Ideo.
Otro de los acusados, Vicente Rivero R. declaró que "entraba en el turno de mañana y casi siempre se olía a porros en algunas celdas, o sea lo normal", sentenció. La mañana del 13 de noviembre de 2004, cuando se encontró el cadáver de Philipp, aseguró que lo mandaron al control de seguridad de las esclusas (la puerta del centro). Rivero tenía hasta cuatro antecedentes penales cuando entró a trabajar en esta empresa de seguridad y según manifestó ayer "en Seguridad Integral me dijeron que no había problema para trabajar como vigilante en el centro de menores". Lo cierto, es que además de los antecedentes penales de estos dos imputados, ninguna de las siete personas que se sientan ahora en el banquillo de los acusados tenía experiencia de trabajo con menores. Solo uno de ellos, Miguel Ángel Bravo S. aseguró que había trabajado un mes en el centro de menores Hierbabuena, en Güímar, y que lleva 20 años como técnico sanitario en ambulancias.
José Manuel Expósito A. era el vigilante que habitualmente estaba en el control de monitores de vigilancia y manifestó que en el módulo donde murió Philipp no había cámara de seguridad, aunque admitió que, aunque nunca preguntó por qué, "había una cámara de seguridad que grababa el chalé de un vecino".
Todos los vigilantes de seguridad estuvieron ayer de acuerdo en una cosa: "quien decidía las medidas de contención (grilletes, bridas o chaleco de fuerza) que debían emplearse cuando un menor se alteraba eran los educadores".
Nieves de la Cruz Hernández H. aseguró que "los educadores siempre estaban acompañados por los seguritas pero no les indicaban las medidas de contención que debían establecer para reducir a un chico". Además, dijo que nunca había trabajado con menores de ningún tipo y que la noche antes de hallarse el cadáver de Philipp, Manuel Antonio Dorta A. "llamó chivato y cabrón a Philipp y también le amenazó de muerte". Aseguró que había hablado con él sobre este asunto y que el acusado pidió perdón a Philipp. Además, declaró ayer que le llamó la atención que Manuel Antonio Dorta A. hubiera bajado un par de veces al módulo 0, y bajara unas cuantas veces, cuando tenía que estar de guardia en el módulo 2.
A preguntas de la acusación, Nieves de la Cruz Hernández H. no supo responder por qué en los partes de incidencias sí aparecía que uno de los internos había ido tres veces al baño aquella noche y no los dos incidentes violentos que protagonizó Manuel Antonio Dorta A. con Philipp.

http://www.laopinion.es/sociedad/2012/09/25/vigilante-nivaria-acusa-maltratar-internos/436525.html?utm_source=rss

Vaya tela!
Es para darle una medalla al responsable de Seguridad Integral Canaria a la hora de contratar vigilantes.Antecedentes penales, policiales drogas,abusadores, ya me imagino el meticuloso proceso de seleccion de personal que tiene que tener esa empresa.
Es como poner lobos a vigilar ovejas, si todo eso es cierto ojala que la justicia ponga a cada uno en su sitio.

Estoy completamente de acuerdo contigo , Wonderman .
Lo que no llego a entender, aparte de que la empresa de seguridad contrate a estas personas , es como la UCSP de la brigada policial de Canarias no estaba al corriente de los antecedentes penales de estos señores ( ya sean dentro o fuera de España ) y se les pemitiera obtener la habilitación profesional como vigilantes de seguridad . Saludos .

Ese es otro tema, del cual yo tengo la opinion propia de que no hay mas ciego que el que no quiere ver, ahi entramos en el tema de los intereses creados de la seguridad privada,donde nunca se tienen pruebas de nada y se actua muy poco contra el intrusismo y demas canceres que tenemos hoy en dia en nuestro sector.
De seguir asi llegara el momento en que la seguridad privada estara en manos de asesinos en serie, mafias del este, violadores y demas desechos humanos, que por ejemplo, ya van trabajando a sus anchas por discotecas, pubs, clubs y obras españolas porque seguramente seguridad privada no trabaja de noche,o como quiero pensar yo estan desbordados y no tienen personal para inspeccionar servicios ni empresas, sobretodo las de los amigos.

Los de seguridad privada no están ni se les espera, las pruebas sobre las infracciones son relativamente fáciles de obtener, otra cosa es que exista interés en ello. Por ejemplo, una prueba palpable de la inacción de las unidades de seguridad privada es la existencia en el registro de empresas de seguridad de sociedades que llevan cerradas más de 10 años; Toda empresa de seguridad se encuentra obligada a comunicar la concertación de las garantías exigidas por la normativa y no hacerlo supone la cancelación de la autorización para prestar servicios de seguridad y la consiguiente cancelación en el registro ¿Cómo es posible que existan empresas que llevan más de 10 años sin comunicar la constitución de garantías y aún consten en el registro? Fácil, seguridad privada no da un palo al agua y están más ocupados recibiendo sobornos, favores y regalos que haciendo su labor de control.

Se puede comprender que no tengan conocimiento de los antecedentes penales generados en otros países pero no lo que no puede disculpar es que se permita que dentro de las empresas permitan que personas que no cumplen los requisitos legales para hacer las funciones del jefe de seguridad y además se les dé una pseudocobertura mediante la inventada figura del inspector laboral. Con un adecuado ejercicio de la cadena de mando por parte de personal competente y responsable de sus decisiones es posible que esos sucesos no hubieran ocurrido, y no solamente esos sino muchos otros que no salen a la luz.

P.D. Se me olvidaba comentar que si no controlan la existencia de las garantías exigidas por la Ley es muy posible que existan empresas que si se encuentran prestando servicios de seguridad privada y no cuenten con tales garantías, así que si sucede algo habrá que reclamarle al maestro armero porque la empresa con chapar tiene haciendo que devengan inútiles todas la previsiones hechas por el legislador.

es la caña lo de esta empresas, que contrato a los mas duros para mantener el orden, es increible, que la policia que se supone que deberia controlar los antecedentes no se entere, es que no se trata de antecedentes de una pelea callejera, cuanto mas leo de este tema mas... no se como llamarlo, y bueno que los vigilantes pacten la declaracion, esta bien ayudarse entre compañeros, pero se complice, u ocultar un delito es otra cosa, que no ha sido algo puntual de un vigilante que perdio los nevios en un momento determinado, que los vigilantes tenia antecedentes, y alguno habia estado en la carcel, el culpable o los culpables que apechuguen con lo que hicieron, todo esto crea mala fama al colectivo, y hay que depurar, la basura hay que sacarla fuera y no esconderla, vuelto a decir que aqui no se trata de compañerismo, hay que ser profesional ante todo.

Solo dos jóvenes que en su día estuvieron internos en el centro de medidas judiciales de Nivaria manifestaron ayer en el juicio por la muerte del adolescente Philipp que vieron a uno de los principales acusados, un vigilante, golpear al chico en su celda días antes de que fuera hallado fallecido, a la vez que lo llamaba "chivato". Uno de esos testigos, al que casi todo el mundo cita como el principal agresor físico y psíquico de Philipp, está hoy preso en la cárcel gaditana del Puerto de Santa María y testificó por videoconferencia. Su testimonio fue algo difuso y se limitó a decir que se ratificaba en lo que en su día aseguró a los investigadores de la Guardia Civil.

El otro joven exinterno de Nivaria aseguró que llegó a ver a ese mismo empleado de la empresa de seguridad golpeando e insultando a Philipp dentro de la celda.

Guardia Civil .- Uno de los guardias civiles que participaron en la investigación de las causas del fallecimiento explicó que, a la vez, encontró indicios de que había sido un suicidio y de que podía no serlo. Para dicho agente, lo que le generó serias dudas sobre el caso es que por parte de vigilantes de seguridad y menores internos negara una situación evidente de que el menor era insultado, vejado y amenazado con frecuencia. Y, según el testimonio del funcionario del Instituto Armado, Philipp supuestamente fue llamado "chivato" por advertir del trapicheo de droga en el interior del recinto. Además, este guardia comentó que algunos menores explicaron que dos vigilantes, procesados en la causa, eran el "eje vertebrador" del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes en las instalaciones del monte de La Esperanza. Dicho agente indicó que, según la información que pudo recabar, los partes de incidencias dejaron de existir en algunos módulos tras la muerte de Philipp. El agente comentó que las cámaras que funcionaban en el centro grababan a intervalos con una calidad media. Y comentó que, en las imágenes que pudo visualizar, un vigilante, M.D.A., llegó a bajar hasta en siete ocasiones al módulo cero (donde estaba Philipp) durante la noche anterior a los hechos. Sin embargo, dicho guardia civil no supo identificar en la sala al citado joven.

Auxiliar sanitaria .- La auxiliar técnica sanitaria (ATS) que le suministraba un fuerte tratamiento psiquiátrico al menor aseguró que le sorprendió la muerte de Philipp, porque no lo veía "capaz de quitarse la vida". Además, esta profesional indicó que el chico nunca le confesó que lo amenazaran o torturaran.

Educadora .- La educadora que encontró muerto al menor señaló que le impactó la primera conversación que mantuvo con él, cuando le relató que había agredido con arma blanca a un educador con anterioridad: "Lo apuñalaba y el hijo de p*** seguía vivo". No obstante, dicha mujer comenta que era un chico respetuoso, que no debería haber estado en el centro de medidas judiciales. Esta trabajadora comentó que la mañana del trágico hallazgo la rejilla de la celda estaba tapada y Philipp no respondía, por lo que llamó al personal de seguridad para que le abrieran la puerta. Cuando vio el cuerpo tendido en la cama y con la bolsa en la cabeza, "pensé que estaba jugando y le dije: ¡quítate eso que me das miedo!". Después vio que tenía la piel muy blanca y notó que estaba frío, por lo que inmediatamente dio la voz de alarma. Al igual que otros testigos, dicha trabajadora señaló que Philipp nunca le manifestó que sufriera torturas o vejaciones por parte de los internos o vigilantes.

http://www.eldia.es/2012-09-26/sociedad/23-Dos-menores-declaran-haber-visto-dias-antes-vigilante-golpear-fallecido.htm

En el banquillo de los acusados se han sentado seis vigilantes de seguridad y una coordinadora que trabajaron en el centro de menores de Nivaria dónde estaba internado este adolescente. Se les acusa de un delito contra la integridad moral de las personas. Y para ellos pide la acusación particular seis años de cárcel.

En noviembre de 2004 Philipp apareció muerto en su celda. El fallecido había solicitado un cambio de módulo por las constantes amenazas y acoso que recibía por parte de otros internos. Una situación que supuestamente era permitida por los vigilantes de seguridad.

Uno de los acusados ha desmentido estos hechos, y asegura que en varias ocasiones trasladó estas incidencias a sus superiores. Por su parte, la familia del joven pide que se haga justicia.

La mayoría de los vigilantes de Nivaria no tenía autorización de Interior en 2004


El Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional descubrió que 18 trabajadores, de un total de 25, carecían de la autorización obligatoria del Ministerio del Interior en el centro de medidas judiciales cuando falleció el menor de 16 años. Los expedientes fueron remitidos por los agentes a la Delegación del Gobierno.

P.FUMERO, S/C de Tenerife

Más del 70 por ciento de los vigilantes que trabajaban en la empresa de seguridad en el centro de medidas judiciales Nivaria durante los días en que falleció el menor de 16 años Philipp García Zoch carecían de la preceptiva autorización del Ministerio del Interior para ejercer tal actividad. Así lo afirmó ayer una testigo, la entonces inspectora jefa del Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que realizó la inspección a los empleados. Dicha funcionaria comentó que, de 25 empleados de Seguridad Integral Canaria, 18 carecían de diploma de una academia privada o bien no habían superado las pruebas establecidas al efecto por el Gobierno. A preguntas del abogado de la empresa, la inspectora afirmó que, ante tal irregularidad, los agentes de su grupo elaboraron los informes oportunos y los remitieron a la Delegación del Gobierno, aunque a la agente no le consta si dicha sociedad finalmente fue sancionada o no.

Antecedentes .- Otro de los testigos que prestaron declaración ayer, y que en el momento de los hechos trabajaba como educador, manifestó que "quizás" uno de los principales acusados en este proceso, M.D.A., carecía de la formación o la capacitación oportuna para ejercer la labor de vigilante. Ese procesado aseguró en la primera sesión del juicio que, cuando mantuvo una entrevista para ser contratado, recordó que tenía antecedentes policiales, aunque, supuestamente, eso no fue obstáculo para que le dieran trabajo. Respecto a dicho acusado, también reconoció que estuvo tres años en prisión en una cárcel de Ecuador por un delito de tráfico de drogas, pues lo acusaron de transportar estupefaciente, lo que se conoce como "mula".

Grilletes .- Uno de los testigos también aseguró que el uso de grilletes era habitual para frenar los comportamientos agresivos de los internos. Y si la media de tiempo en que los menores estaban con las esposas era de 15 o 20 minutos para calmarlos, en un parte consta que Philipp llegó a estar más de dos horas con los grilletes puestos. Una médico del centro aseguró por videoconferencia que llegó a realizar siete partes por lesiones a Philipp y, según sus anotaciones, una vez el testimonio del menor sobre el origen de las mismas no coincidió con su apreciación.

Punzón .- Un miembro de la Policía Judicial de la Guardia Civil que hizo la inspección ocular del cadáver comentó que uno de los detalles que más llamaron su atención fue que, bajo el muslo izquierdo del chico, estaba el mango de un cepillo de dientes cortado y dicho objeto podía ser usado como un punzón.

Psiquiatra infantil .- Ayer también declaró el psiquiatra infantil que atendió a Philipp desde que tuvo ocho años y comentó que el adolescente podía haber tenido un buen futuro, aunque no accedió a los recursos adecuados, pues requería el trabajo de un equipo multidisciplinar, con especialistas en atención social, terapéutica, farmacológica, de orientación familiar e institucional. Pero, advirtió de que esa iniciativa hubiese sido muy cara. Este profesional reconoció que el chico pasaba por "periodos destructivos", pero que, desde su punto de vista, "no sufría ningún riesgo de suicidio" y matizó que lo vio pocos días antes del trágico suceso. Respecto a los antecedentes de intentar acabar con su vida, relató que lo hacía para llamar la atención. El psiquiatra indicó que, una vez, cuando le preguntó por el origen de unos hematomas, el chico le respondió que eran consecuencia de la "dinámica del centro".
http://eldia.es/2012-09-28/SOCIEDAD/2-mayoria-vigilantes-Nivaria-tenia-autorizacion-Interior.htm

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Estoy alucinando o no es cierto lo que leo , es para flipar .

Visto para sentencia. El juicio por el fallecimiento en el centro de menores Nivaria del joven Philipp García Zoch, ocurrido el 12 de noviembre de 2004, vivió ayer su capítulo final con la exposición de las conclusiones por parte de la Fiscalía, la acusación particular y los abogados de los acusados. Las partes, como ha ocurrido durante los cuatro días que duró la vista, mostraron posturas enfrentadas, por lo que habrá que esperar la determinación que tomarán los jueces.

Para el abogado que representó a los padres del menor, Sergio Arbelo, los testimonios ofrecidos por educadores, vigilantes y peritos que actuaron como testigos, demuestran que en el centro se cometían “numerosas irregularidades”, algo que también corroboró la Guardia Civil y la jefa del Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

Por ello, Arbelo afirmó que “la institucionalización de Philipp fue un auténtico despropósito; fue funesta”. “Si no condenamos a estas personas, colocamos a los menores en situación de impunidad”, agregó el letrado, que pidió penas que van entre los tres y los seis años de cárcel para los siete acusados, así como indemnizaciones que oscilan entre los 120.000 y 300.00 euros.

Y es que, según explicó en sus conclusiones finales, “todos los peritos rechazaron que el chico tuviera ideas autolíticas, por lo que no se puede descartar la intervención de terceros en su muerte”. Además, como ya publicó este periódico, “la autopsia pudo ser insuficiente”, aunque en dos ocasiones se determinó que la causa del fallecimiento fue el suicidio”.

En la orilla opuesta, los abogados defensores exigieron la libre absolución de los acusados, porque “no se ha podido demostrar que hubiera torturas, coacciones ni daños a la integridad moral de Philipp García”. En concreto, el abogado de la empresa Seguridad Integral Canaria dejó claro que “no han quedado acreditadas las supuestas torturas”, por lo que insistió en que “no se puede culpar a la seguridad privada de la situación en la que se encontraban entonces los centros para menores con medidas judiciales”, como el de Nivaria. El letrado reconoció que “Philipp no estaba en el lugar adecuado, pero todos los chicos que estaban allí eran potenciales delincuentes, y él mismo había intentado asesinar a un educador en otro centro”, recordó.

Una opinión que compartió la abogada de uno de los acusados, que consideró que el proceso tuvo una instrucción demasiado “larga” y “densa”. Se trata de un caso mediático, que en su momento creó mucha alarma social”, arguyó la abogada, que hizo hincapié en que “nadie dijo con certeza que se hubieran utilizado grilletes u otros elementos de contención mecánica o psiquiátrica” con los menores, algo que causó una enorme controversia entre los cerca de treinta testigos que intervinieron en la vista oral. La defensa, no obstante, reiteró que “los centros no estaban preparados”, pero recalcaron que “no se puede pagar un error con otro”, porque la seguridad privada con la que contaba Nivaria en este momento, a pesar de sus “fallos estructurales y de formación, no puede ser responsable del trágico fallecimiento de un menor que tenía problemas”.

http://www.diariodeavisos.com/2012/09/29/actualidad/la-reclusion-del-joven-en-nivaria-fue-autentico-desproposito/

Zonas sin cámaras, tráfico de drogas, entradas y salidas sin justificar, partes de incidencias destruidos… Los agentes de la Guardia Civil que instruyeron parte de las diligencias tras la muerte de Philipp García Zoch el 12 de noviembre de 2004 en el centro de menores Nivaria aseguraron ayer durante la vista oral que encontraron “numerosas irregularidades” en la gestión de la instalación y que así lo hicieron constar en sus informes.

En concreto, según relató uno de los agentes, “dos vigilantes actuaban como eje vertebrador de la distribución de sustancias estupefacientes en el centro, que incluso se daban en la zona de aislamiento donde se encontraba Philipp la noche en que falleció. En su declaración, el citado agente aseguró que uno de los vigilantes de seguridad bajó esa misma noche “hasta siete veces” a la zona 0, aunque las cámaras de vigilancia mostraban “saltos en el tiempo” e incluso cambiaron el lugar que se enfocaba en un determinado momento.

Por ello, la Guardia Civil sospechó que “las cámaras pudieran haber sido manipuladas”, dado que había zonas donde los menores y los propios vigilantes se movían con total libertad y no podían ser captados por las mismas. De ahí que, en su informe, el agente responsable del caso explicitó que “hubo indicios que apuntaban que pudiera ser un suicidio y otros que no”, una teoría que defiende el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Ésta, personada en nombre de los padres de Philipp García, pide seis años de cárcel para dos de los vigilantes y cinco para los restantes acusados, a los que considera autores de un delito contra la integridad moral de las personas. Según aseguró ayer uno de los forenses que participó en la autopsia, la muerte del joven fue por asfixia, y teniendo en cuenta que no había lesiones, se determinó que fue un suicidio.

http://www.diariodeavisos.com/2012/09/25/actualidad/guardia-civil-hallo-numerosas-irregularidades-en-centro-nivaria/

Tres empleados del centro de menores Nivaria, condenados por torturas


La Sección V de la Audiencia Provincial dictó sentencia sobre el juicio por torturas que rodeó la muerte del menor Philipp García Zoch en el centro de medidas judiciales Nivaria en noviembre de 2004. Y condenó a penas de cárcel a tres de las personas que trabajaban en dicho recinto en los días en que el adolescente apareció muerto con una bolsa en la cabeza. El tribunal condenó al principal acusado, el vigilante M.A.D., a un año y seis meses de cárcel como autor responsable de un delito de torturas, según el artículo 174.2 del Código Penal de menor gravedad, así como a ocho años de inhabilitación absoluta.

Otro trabajador de seguridad, V.R.R., y la educadora N.C.H. fueron condenados a una pena de un año de prisión por torturas, según el artículo 176 del Código Penal, así como a ocho años de inhabilitación absoluta. En los tres casos, los magistrados consideraron el atenuante de dilaciones indebidas en el proceso.

Los otros cuatro procesados en el proceso quedaron absueltos.

Contra dicha sentencia las partes pueden interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.

Los vigilantes y la educadora también fueron condenados a indemnizar a los padres de Philipp con 60.000 euros por los perjuicios sufridos por su hijo. En este último apartado, se considera que la empresa Seguridad Integral Canaria, la Fundación Ideo y la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias son los responsables civiles subsidiarios para abonar dicha indemnización.

Los padres del adolescente fallecido, Manuel García y Petra Zoch, manifestaron ayer que "estamos satisfechos con la sentencia", pues demuestra que las torturas denunciadas por la acusación particular y la Fiscalía realmente ocurrieron y "las hemos demostrado".

García y Zoch comentaron que todavía necesitarán varios días para asumir lo que han conseguido en la Audiencia Provincial, pues han debido pasar por ocho años de lucha tras la muerte de su único descendiente.

Además, los padres consideran que el tribunal de la Sección V ha hecho un trabajo muy loable y sus conclusiones son rotundas.

El abogado de la acusación particular, Sergio Arbelo Ledesma, valoró positivamente "que el tribunal nos haya dado la razón" y también destaca la contundencia de la sentencia. El letrado dice que, según los datos que posee, es la primera vez que vigilantes y una educadora de un centro de menores son condenados por torturas.

http://www.eldia.es/2012-10-24/sucesos/sucesos12.htm

Citación :

El tribunal condenó al principal acusado, el vigilante M.A.D., a un año y seis meses de cárcel como autor responsable de un delito de torturas, según el artículo 174.2 del Código Penal de menor gravedad, así como a ocho años de inhabilitación absoluta.

Sin entrar en la sentencia en sí, me resulta tremendamente llamativa la condena a un VS en virtud a ese artículo 174.2 del Código Penal.

Si leo el artículo:

Citación :

Artículo 174.

Spoiler:

2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior.

Entiendo en base a la sentencia que para lo malo, si que se le puede aplicar a un VS la condición de "funcionario". Pero entonces, ¿por qué no también para mejorar su protección?

Hasta hoy, tenía entendido (ya que así lo he escuchado en distintos cursos) que un particular jamás puede ser condenado por torturas, pero parece ser que finalmente, todo va en función de lo que el juez interprete, aunque no se encuentre tipificado en el Código Penal.