Las empresas que integran la recién creada Asociación Empresarial de Seguridade Galega (Asemsega) esperan que el Gobierno central aplique una modificación legislativa que permite que trabajadores de la seguridad privada puedan realizar funciones concretas en prisiones y en operativos de protección de víctimas de violencia machista.

El portavoz de la asociación Joaquín Nebot, ha explicado a Europa Press que cada año unos 200 escoltas gallegos, 900 vigilantes privados y 200 vigilantes de explosivos reciben la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior para realizar trabajos de protección y seguridad privada, tras superar los exámenes y pruebas que se convocan siete veces al año en A Coruña.

Según Nebot, la demanda de seguridad va unida al desarrollo económico por lo que turismo e industria son las mejores opciones en Galicia para los vigilantes privados y las plantillas habituales de las empresas se amplían en momentos concretos del año como verano y fiestas navideñas además de los fines de semana.

De los 200 escoltas gallegos habilitados, alrededor de una docena tiene trabajo cerca de casa, en operativos de protección para empresarios, ya que las autoridades públicas cuentan con operativos estatales.

"El ámbito laboral de los escoltas privados se redujo casi totalmente por la inactividad terrorista así que en lugares concretos, como País Vasco, Cataluña o Navarra, comienzan a incorporarse a funciones muy concretas en prisiones y alguno ya trabaja en la protección de mujeres maltratadas", ha agregado.

Esto es posible, según Asemsega, por la modificación de la Ley 23/1992, aprobada el día 7 de junio de 2012 en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, y su aplicación en Galicia podría permitir la incorporación de escoltas y vigilantes gallegos a algunas prisiones.

"Las prisiones lucenses de Bonxe y Monterroso podrían ser las idóneas para esta incorporación, por algunas de sus características, y esperamos que sean un nicho laboral para vigilantes y escoltas que ahora sólo tienen como opción emigrar a Canarias para desarrollar su trabajo, frente a la situación de hace pocos años con una demanda que llegó a superar a la oferta", ha añadido Nebot.

En el caso de la protección de víctimas de violencia machista, la comisión de Interior del Senado del 20 de marzo de 2012 contó con la comparecencia del ministro Jorge Fernández Díaz, que indicó que esa función concreta es competencia transferida a las comunidades autónomas.

Cifras del sector

El colectivo Asemsega fue creado en el mes de junio de 2012 y según sus datos, el sector da trabajo en Galicia a más de 7.000 personas, pero al ser un ámbito muy vinculado al bienestar económico, la crisis transformó un colectivo con pleno empleo, en un sector laboral en fase de reducción continua.

Así, los datos estatales indican que en 2007 había 9.256 vigilantes habilitados, dos años después 18.530 y ahí comenzó su descenso, paralelo a la reducción del trabajo, pues en 2012 se habilitaron 16.094 y en 2011 fueron 13.655.

El formador de seguridad privada Gustavo González Martín, ha explicado a Europa Press que la habilitación para vigilante privado requiere aspirantes con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), cursos de 8 semanas con un coste aproximado de 700 euros y la certificación del Ministerio del Interior, mientras que un escolta debe superar además un tiempo formativo de 60 horas con un coste de unos 300 euros y la correspondiente habilitación ministerial.

"Cada vez tenemos más aspirantes licenciados en Empresariales, Derecho o Geografía e Historia y con esa titulación, tras obtener la habilitación, tienen más fácil la promoción interna hasta puestos de jefatura".

Formación a cargo de especialistas

La formación corre a cargo de especialistas, como Jesús María Gómez Lesta que desarrolló una práctica en el parque tecnológico de Galicia, con siete aspirantes a escoltas privados, que escenificaron un intento de secuestro para aprender a cargar y manejar sus armas, con balas de fogueo para esta ocasión.

Gómez es uno de los dos especialistas en armas y explosivos, según ha indicado a Europa Press, que dirige sus conocimientos a la formación de aspirantes gallegos y al rodaje de películas y series de televisión con escenas policíacas, en las que asesoran a actores y productores.

http://www.20minutos.es/noticia/1636413/0/

lo de las prisiones lo veo mas que posible, pero lo de las mujeres maltratadas es otro tema, quien va a pagarlo, viendo como estan las cosas lo veo complicado.

Citación :

Esto es posible, según Asemsega, por la modificación de la Ley 23/1992, aprobada el día 7 de junio de 2012 en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados,

¿Mande?...

A mí lo único que me suena cercano a esa fecha es la proposición no de ley del Grupo Popular que sí que se presentó en la Comisión de Interior pero que como su nombre indica, de ley no tiene nada.

Así que o en la asociación de empresarios han mentido al periodista, o bien el periodista ha oído lo que le han explicado y luego a escrito lo que le sonaba.