La Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid pidió ayer disculpas a la Consejería de Interior, desautorizó a los trabajadores a los que representa y aseguró que ni "acusa ni acusará" a este departamento de realizar misiones ilegales.
EL PAÍS informó ayer que el sector de administración pública de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT remitió el 22 de enero un escrito a la dirección general de Función Pública de la Comunidad de Madrid (que se muestra en el documento adjunto) donde denunciaba que empleados públicos, personal fijo y funcionarios de carrera, habían sufrido "hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años por no prestarse a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender, con buen criterio, que eran una extralimitación de sus funciones y podrían rayar en la ilegalidad".
Las únicas tareas destapadas por los medios estos días, a las que aludían los autores de la nota en los dos párrafos con los que arrancaba el escrito, se referían al seguimiento de políticos del PP por parte de agentes de la Consejería de Interior. Un día después de esa nota, el 23 de enero, la misma Comisión Ejecutiva Regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT elaboró otro escrito donde acusaba a ex agentes de Policía y Guardia Civil y personal de confianza de la Consejería de Interior de hacer trabajos desconocidos. Y aseguraba que el colectivo de trabajadores se sentía "perjudicado por la deriva en la gestión de la seguridad generada por el grupo de cargos de confianza y asesores del Gobierno regional". E incluso llegaba a citar a los responsables de esta situación: "Especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad, respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general".
Los sindicalistas de UGT, que ayer pidieron disculpas "si los responsables de la consejería de interior se han podido sentir aludidos por la información aparecida", llegan a censurar abiertamente que Gamón y Castaño sigan "sorprendentemente" en nómina de la Comunidad de Madrid. "En el caso de Gamón, se le creó la dirección de área de Seguridad, dependiente del consejero de Presidencia, Justicia e Interior [Francisco Granados], y en el de Miguel Castaño, se ha creado un puesto como asesor de Seguridad, al servicio del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno [Ignacio González]. UGT asegura que trasladó "su inquietud" a Enrique Barón por lo que ocurría y exige en el escrito se haga una profunda investigación a todo el personal que trabaja en la consejería.
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