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Oviedo, Idoya RONZÓN
El fiscal superior del Principado, Gerardo Herrero, denuncia la falta de seguridad de la sede principal de la fiscalía, en el Palacio de Justicia de Oviedo. La polémica, antigua ya, se reaviva ahora después de que la semana pasada una imputada en un caso de narcotráfico se colara en el despacho del fiscal de antidroga de Asturias, José Perals, y le amenazara reiteradamente, haciendo caso omiso a las sucesivas indicaciones que se le hicieron para que abandonase el edificio. Según el fiscal superior, este episodio «es la gota que colma el vaso; lo ocurrido es totalmente inadmisible».

La fiscalía superior de Asturias tiene actualmente cuatro puntos de acceso diferentes: uno por la antigua sede de la fiscalía de menores (ahora trasladada a La Ería), otro por un pasillo perpendicular al Juzgado de familia, un tercero que llega directamente al interior de la fiscalía, a través de un ascensor abierto al público, y un cuarto por otro ascensor posterior.

Herrero asegura que esta situación es «imposible de controlar. Lo ideal es que se anulen tres de las entradas, de modo que sólo pueda accederse a la fiscalía por una, controlada por funcionarios». El fiscal superior añadió que esta misma semana se pondrá en contacto con la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad para trasladar el problema. «Ha sido muy grave y no debe volver a suceder», apostilló.

El Palacio de Justicia de Oviedo tiene dos entradas (una tercera, del Instituto de Medicina Legal, en la planta baja, está anulada, al igual que el acceso por la sala de bodas), y en ambas hay un escáner y un arco de detección de metales. Hay vigilantes que controlan estos aparatos pero que no piden el carné de identidad a las personas que acceden al edificio, al contrario de lo que sucede en la mayoría de los edificios públicos de la Administración regional.

Una vez dentro del Palacio, la persona que haya pasado el control ya puede acceder libremente a cualquiera de las dependencias interiores: Juzgados, Audiencia Provincial Instituto de Medicina Legal, fiscalía, etcétera. Dentro del edificio, público en general -menos los detenidos, que suben del calabozo- y trabajadores de Justicia comparten espacios y ascensores. Por lo tanto, un condenado por un determinado delito podría coincidir y subir varios pisos con, por ejemplo, el juez que se encargó de dictar su sentencia, con los riesgos que esto conlleva. En el caso concreto de la fiscalía, tal como está ahora configurada, cualquier persona puede entrar libremente hasta la zona de despachos.

El incidente que reavivó la polémica se produjo el pasado viernes. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a una imputada por un delito de narcotráfico por amenazar a José Perals. La mujer, L. G. Á., se presentó en la fiscalía y se adentró en el despacho del fiscal, al que comenzó a gritar frases como: «Me voy a encargar de que esto no se quede así» o «ya me encargaré yo de que (el fiscal) no llegue a ningún lugar, aunque sea lo último que haga». L. G. Á. está imputada por el caso de los 160 kilos de hachís localizados en el mes de febrero de 2008 en un piso de Oviedo.

L. G. Á., que fue puesta en libertad, burló las instrucciones dadas por los funcionarios y se adentró en los pasillos de la fiscalía, entrando en el despacho de José Perals. El fiscal, que no la vio entrar, se encontraba de espaldas a la puerta, trabajando en el ordenador. La mujer se sentó en una de las sillas del despacho y le espetó: «Va a escucharme». Perals la reconoció como una de las imputadas por el caso del hachís, por lo que le dijo que abandonara la habitación. Entonces comenzó a gritar. El fiscal le indicó que únicamente hablaría con su abogado. Finalmente, la Policía acudió a la fiscalía y detuvo a Lorena G. Á. por un delito de desobediencia y otro de amenazas.