http://www.abc.es/20090204/nacional-sociedad/gobierno-pide-conde-pumpido-20090204.html


El sorprendente informe del Defensor del Pueblo, donde se denuncian presuntos malos tratos a adolescentes con trastornos de conducta acogidos en algunos centros de protección de menores, despertó ayer toda una cadena de reacciones en las que incluso participó el propio Gobierno. De hecho, la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, anunció que pondrá en manos del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, una investigación judicial con el fin de esclarecer y analizar en profundidad lo que está ocurriendo en estos establecimientos. El Ministerio también se pondrá en contacto durante los próximos días con las comunidades autónomas para que respondan al informe del Defensor del Pueblo.
Pero no sólo se han emprendido acciones a nivel nacional. También algunas comunidades ya han dado sus pasos. Es el caso de Valencia, donde la Consejería de Bienestar Social dio a conocer que abrirá sendos expedientes a los centros de Baix Maestrat (Castellón) y L´Omet (Alicante) por la presunta vulneración de derechos a los menores. Precisamente, el informe del Defensor del Pueblo señalaba al primero de estos establecimientos, donde uno de los chicos denunció que un vigilante de seguridad le rompió el brazo al intentar corregirle. Y los menores declararon que en los registros les obligan a desnudarse y a ponerse en cuclillas, como también ocurría en el centro de L´Omet.
Ayer quien no se permitió un minuto de descanso fue el presidente de la Fundación O´Belén, Emilio Pinto. Esta organización gestiona ocho centros para chicos con graves trastornos de comportamiento. Dos de ellos están marcados en el documento del Defensor del Pueblo. El anteriormente citado, de Baix Maestrat, y el de Picón de Jarama, en Madrid. En este último se está investigando el suicidio de uno de los chicos; otro menor también intentó suicidarse sin éxito y otro chaval cuenta en el informe que fue agredido por el personal de seguridad. Los menores dicen que para controlarles les mantienen boca abajo en el suelo y que pueden estar aislados en salas hasta 72 horas.
Ex trabajadores descontentos
Sin embargo, Pinto explicó a ABC que todas esas acusaciones y testimonios han sido realizados por los propios chicos, «adolescentes muy difíciles y muy violentos, que pegan incluso a los educadores. Son clientes forzosos». Y también por ex trabajadores de los centros que están descontentos, «porque si un educador ve que otro compañero hacer algo malo a un menor lo denuncia», defiende.
En efecto, Pinto reconoce que el 40% de los chicos son medicados ante situaciones de crisis. «Estos tratamientos -dice- son controlados por un psiquiatra, un médico y un ATS y revisados por el médico de familia del menor. Si se produjese alguna irregularidad este último lo denunciaría».«Son chicos muy violentos, que pegan incluso a los educadores. Son clientes forzosos»A su juicio, en el fondo lo que ocurre es que «hay gente que quiere acabar con estos centros, pero entonces ¿dónde irían estos chicos? Estarían en la calle o agrediendo a sus padres». Por eso defiende el trabajo de los educadores (son 63 profesionales en este centro atendiendo a 45 chicos) y de la Comunidad de Madrid. «¿Cree que la administración autonómica iba a permitir aislamientos de 72 horas?», espeta.
La Fundación O´Belén está dispuesta a «corregir todo lo necesario para garantizar una mayor protección de los menores». De hecho, su presidente se muestra de acuerdo con las 57 recomendaciones que realiza el Defensor del Pueblo en su informe. También el Instituto Madrileño del Menor mostró ayer su colaboración para que mejore el funcionamiento de los centros y negó que en el de Paracuellos del Jarama existan sujeciones mecánicas, salas negras acolchadas, que se maniate a los adolescentes o que se medique sin prescripción de un facultativo.
Preguntado por la fuga de dos menores del centro de Baix Vinalopó (Elche) -como narra ABC-, Emilio Pinto explicó que se trata «de un centro abierto que no es terapéutico, donde los menores entran y salen para ir al colegio o para ver a la familia o a los amigos. Las administraciones han retirado la tutela a los padres porque no pueden hacerse cargo de sus hijos. En este caso hay 28 menores, 13 de ellos con trastornos de comportamiento que no encontraron plaza en otros centros». Y para hacerse una idea aporta otro dato: «El centro de Elche ha sufrido tres incendios en los últimos tres meses provocados por los chicos».