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Unos 5.000 trabajadores de la seguridad privada en Canarias están llamados a secundar las movilizaciones convocadas en el ámbito estatal para denunciar la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo por parte de la patronal del sector, que pretende congelar los sueldos los próximos cuatro años y aplicar el acuerdo de 2004.

Las concentraciones se han convocado en Canarias para el próximo viernes 27 de febrero, tres días después de la movilización estatal, dado que coincide con el festivo del Martes de Carnaval. En Tenerife la manifestación se realizará desde la Plaza de Los Patos hasta la Subdelegación del Gobierno, en la capital tinerfeña.

Así lo anunciaron hoy lunes, en rueda de prensa, los representantes de los sindicatos promotores de las movilizaciones en Canarias, Ricardo Martín (USO), Pedro Domingo Herrera (UGT) y Fernando Torres (CC.OO.), quienes tacharon “de auténticos sinvergüenzas” la pretensión de la patronal en una negociación que afecta a 100.000 trabajadores en España del colectivo de personal de vigilancia, montaje de alarmas, contador pagador y vigilancia de explosivos.

Precisaron que lo que plantean los empresarios “con la excusa de la crisis” es congelar los salarios durante los próximos cuatro años e implantar el convenio colectivo acordado en 2004, dejando sin efecto derechos ya adquiridos y recogidos en la negociación aprobada en 2005, como el plus de peligrosidad o la consolidación de la categoría de vigilante armado.

Mientras, pretenden aumentar en cuatro horas el cómputo de 162 horas mensuales de trabajo, lo que supone una “involución” de derechos y una pérdida del poder adquisitivo de unos trabajadores “con sueldos de 1990”, que no llegan a los 1.000 euros, según explicaron.

Criticaron que, al mismo tiempo que la patronal plantea estos recortes, aplica un aumento del 4% en las tarifas a sus grandes clientes, como los bancos o los centros comerciales, para intentar aumentar las ganancias de unas empresas cuyos principales costes se dirigen a pagar a los empleados. Por ello, consideraron que la congelación de salarios tiene como único propósito “ganar más y que la crisis la paguen los de siempre”.

También advirtieron de que este aumento de las tarifas puede provocar un incremento del intrusismo laboral que ya sufre el sector, con personas que amparadas con la calificación de “auxiliar de servicio” realizan trabajos de vigilancia, lo que supone destrucción de puestos de trabajos cualificados desarrollados por profesionales con una titulación acreditada por el Ministerio del Interior.

Los sindicatos convocantes esperan una participación masiva en las movilizaciones y afirmaron que hay unidad en el colectivo, que integran unos 100.000 trabajadores en toda España, ya que indicaron que se trata de una situación diferente a otras negociaciones de convenios colectivos, porque en este caso lo que plantea la patronal es “no negociar, porque la culpa es de la crisis y se acabó”.

Frente a ello, rebatieron que este sector no es de los afectados por la crisis económica, ya que dijeron que no son unos servicios de los que los clientes vayan a prescindir. También insistieron en que no se pueden realizar en unas condiciones de precariedad, porque son trabajadores que ponen en riesgo seguridad y “es una vergüenza que no tengan un sueldo digno, acorde con los tiempos”.

“Por ahí no vamos a pasar”, advirtieron los representantes sindicales, quienes indicaron que para marzo se prevé hacer una macroconcentración en Madrid y nuevas protestas, mientras que los servicios jurídicos de las centrales sindicales estudian las acciones legales sobre esta “involución surrealista” de intentar aplicar un convenio colectivo anterior.