El fiscal ha pedido hoy prisión para el ex inspector de la Policía Nacional Andrés O., acusado de cohecho y revelación de secretos, ya que supuestamente cobró importantes cantidades económicas de los propietarios de los prostíbulos Riviera y Saratoga a cambio de alertarles de las redadas policiales.

EFE El ex inspector, que fue detenido ayer por la tarde por los Mossos d'Esquadra, ha declarado a primera hora de esta mañana ante la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, que investiga una supuesta connivencia entre agentes policiales y los dos prostíbulos de Castelldefels, los más grandes del área de Barcelona.

Tras tomar declaración al detenido, se ha celebrado una breve "vistilla" en la que el fiscal ha pedido prisión para Andrés O., al que acusa de los delitos de revelación de secretos oficiales y cohecho, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso.

La juez aún no ha decidido si envía a la cárcel o no a este imputado, porque a lo largo de esta mañana también está tomando declaración como imputados a otros tres cargos y agentes de la Policía Nacional supuestamente implicados en esta trama.

En concreto, se trata del actual director jefe de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Policía Nacional en Barcelona, A.N., así como un agente destinado actualmente en la Ucrif de Alicante, José María M., y un ex agente, Ignacio L., que también estuvo en la Ucrif de Barcelona.

Andrés O. ejercía en los últimos años en el sector privado, tras una dilatada trayectoria en la Policía Nacional, donde, al parecer, aprovechó su situación para cobrar importantes cantidades económicas a los propietarios de los prostíbulos a cambio de avisarles cada vez que se iba a hacer una operación policial contra sus locales.

Por este caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ordenó ayer el ingreso en prisión sin fianza para Antonio H., uno de los dos propietarios del club de alterne Riviera, mientras dejó al otro dueño del local, José V., en libertad con cargos.

Ambos están acusados de los delitos de cohecho, favorecimiento de la prostitución, contra los derechos de los trabajadores e inmigración ilegal.

Los dos socios del Riviera declararon el pasado viernes durante unas cuatro horas ante la misma juez, que investiga supuestas actividades ilegales en ambos prostíbulos, que han sido clausurados por un período de 6 meses.

Tras las declaraciones, el fiscal anticorrupción que investiga el caso, David Martínez Madero, pidió el ingreso en prisión para los dos imputados.

Según informaron a Efe fuentes judiciales, a los dueños del Riviera se les preguntó acerca de su relación con policías, para averiguar si éstos fueron sobornados para interceder a favor de sus negocios.

Uno de los imputados reconoció tener amistad con un policía, pero negó haber sobornado a funcionarios públicos.

Los imputados declararon también que todas las mujeres que trabajaban en el Riviera tienen los papeles en regla y gozaban de unas condiciones de trabajo "inmejorables".

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