Los Gobiernos central y vasco han blindado la seguridad de las empresas que están construyendo el trazado de alta velocidad en Euskadi, la llamada Y ferroviaria por el dibujo que forma entre las tres capitales. Desde la primera reunión que mantuvieron con la cúpula de la patronal vasca Confebask, el 10 de diciembre pasado, con la participación de Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Balza, y las constructoras afectadas, los equipos de Interior de ambas Administraciones han tenido varios encuentros -el último hace poco más de dos semanas- para estudiar "caso por caso" las necesidades de seguridad de las empresas que están en el objetivo de ETA por su compromiso en ejecutar las obras de una infraestructura considerada prioritaria por Madrid y Vitoria.

El asesinato del empresario guipuzcoano Ignacio Uria, perpetrado supuestamente por el pistolero Beñat Aguinagalde, de 24 años, el 3 de diciembre de 2008, espoleó a las autoridades a cerrar en un tiempo récord un programa de seguridad ad hoc para el AVE vasco. Aún está pendiente de cubrir el puesto de coordinador de seguridad para este proyecto, plaza para la que la consejería que dirige en funciones el peneuvista Javier Balza ya propuso en 2008, antes del asesinato de Uria, a un comisario de la Ertzaintza experto en lucha antiterrorista.

Fuentes oficiales conocedoras de esos contactos entre los responsables de Interior de ambas Administraciones han cifrado en "cerca de un centenar" el número de personas relacionadas con la construcción del AVE que tienen ya o tendrán escolta en las próximas semanas. En concreto, la protección personal será para constructores, ingenieros y cuadros intermedios de las empresas afectadas. La empresa de Ignacio Uria es una de las 27 adjudicatarias de unas obras que darán trabajo a unas 10.000 personas entre empleos directos e indirectos.

La Y ferroviaria supone la inversión pública más importante realizada en Euskadi, con más de 4.400 millones de euros de presupuesto, y se ha diseñado para transporte de viajeros y mercancías. El coste inicial previsto se disparará ahora con las nuevas inversiones en seguridad.

El Ministerio del Interior hará frente a su correspondiente cuota del 50% de protegidos con una dotación inicial de 5,3 millones de euros, según datos oficiales, aunque aún está por fijar la cuantía que el Gobierno central destinará para asegurar la protección de los edificios y sedes de las empresas. En el caso de Euskadi, el Ejecutivo autónomo aprobó en plena campaña electoral, el 24 de febrero, una partida extraordinaria de 34 millones de euros para incrementar la seguridad de las personas amenazadas por ETA. Una parte está destinada a las nuevas necesidades de seguridad de las empresas que construyen la Y ferroviaria. La partida era una ampliación de crédito global con cargo a remanentes de Tesorería, según precisó el Gobierno vasco.

Fuentes de Interior confirmaron que la coordinación con el Ejecutivo de Vitoria en materia de protección del AVE está muy bien engrasada. A ello se añade que socialistas y populares vascos han incluido en el acuerdo de bases que se presentará mañana una apuesta decidida por esa infraestructura y por acelerar los plazos de ejecución.

Los constructores, lejos de arredrarse ante la amenaza terrorista, mantienen su compromiso. Los trabajos del AVE no se han detenido pese a la ofensiva etarra contra los empresarios. Hace unas semanas, 38 empresas agrupadas en 15 uniones temporales de empresas (UTE), y otra más por separado, presentaron sus ofertas para la construcción del tramo Beasain-Ordizia (con 2.159 metros de longitud, el 91% soterrado).

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