* Los seguimientos, en los que se vieron afectados menores, fueron en 2000
* La empresa privada cobró 5.000 pesetas por hora por grabar a los empleados



No todo vale. Y menos, cuando estás al frente de entidades públicas. Pero hay quien, una vez que ocupa una poltrona municipal, se siente amparado democráticamente y comienza a dirigir sus propiedades como si fuera un auténtico virrey.
Tres fotogramas de los vídeos elaborados por la agencia de detectives privados para el Ayuntamiento de Pinto. | El Mundo

Tres fotogramas de los vídeos elaborados por la agencia de detectives privados para el Ayuntamiento de Pinto. | El Mundo

Y dentro de esas nuevas propiedades consideran que están todos aquellos que trabajan en sus dependencias municipales. Eso debieron de pensar los responsables del Ayuntamiento madrileño de Pinto, una de las poblaciones más importantes de la Comunidad de Madrid. Porque cuando más crecen las dudas sobre el espionaje en la Comunidad de Madrid, más meridiano queda la actuación, cuando menos moralmente cuestionable, del Ayuntamiento de Pinto en 2000. Los hechos se produjeron cuando al frente de ese Consistorio estaba Antonio Fernández (PSOE), que ahora preside una polémica fundación (Pinares) que está bajo la lupa de la sospecha judicial.

El actual equipo socialista municipal también está siendo investigado por presunta corrupción de los principales cargos municipales, lo que hace que la localidad de Pinto se haya convertido en otro foco de inestabilidad política.

En 2000, los entonces responsables en Pinto tenían una forma muy peculiar para "acotar las actuaciones" de funcionarios sospechosos de estafar al Ayuntamiento. A la Comunidad se le ha puesto en el punto de mira por unos supuestos partes de seguimientos a políticos que se han demostrado falsos en la mayoría de los casos. En Pinto, los partes son ciertos, acreditados y pagados.
Funcionarios que se 'escaqueaban'

En concreto, este periódico tiene perfectamente acreditado que, cuando desde el Ayuntamiento se entendía que había funcionarios que se "escaqueaban", o que tenían "bajas laborales dudosas" -durante las que trabajaban para otras empresas-, recurría a sistemas privados de vigilancia para "espiar y perseguir" a estos sospechosos. Debían de ser extremadamente peligrosos porque el Ayuntamiento decidió contar con los servicios de una empresa de detectives privados de Madrid. Se conoce que los servicios municipales o la propia Seguridad Social no le ofrecían suficientes garantías para aclarar la actitud de sus sospechosos.

Así, durante varios días, en julio de 2000, dos funcionarios del Ayuntamiento, José Antonio y José Luis, estuvieron siendo seguidos y grabados por esta empresa de detectives. En sus informes recogen no sólo los datos, sino los vídeos donde se puede ver a estos peligrosos funcionarios con sus familias. Uno de ellos fue incluso grabado cuando acudía a actividades escolares con su hijo, menor de edad.
A 5.000 pesetas la hora

Dos completos informes fueron remitidos por esta agencia privada, que cobró a 5.000 pesetas (30 euros) la hora, al Ayuntamiento. Los informes fueron ordenados "como consecuencia de las sucesivas bajas laborales" y el perjuicio "al trabajo en equipo".

Hay informes del director de Servicios del Ayuntamiento, propuestas de contratación de la Concejalía de Recursos Humanos, resoluciones de los máximos responsables del Consistorio, informes de intervención justificando el pago... y las facturas de la empresa. Algo más de 200.000 pesetas (alrededor de 1.200 euros) por cada uno de los peligrosos funcionarios investigados. De uno de ellos descubrieron que trabajaba en un despacho de abogados. Para ello, le siguieron cuando estaba con su hijo. Su peligrosidad quedó claramente demostrada.