http://www.ideal.es/granada/20090402/granada/este-senor-trabaja-para-20090402.html
Cuando un portero se mete en líos y las Fuerzas de Seguridad acuden para poner orden, lo normal es que los responsables del local en cuestión renieguen de su empleado. «Este señor no trabaja para nosotros. Ni siquiera lo conocemos», suele ser la respuesta de los empresarios. A partir de ahí, poco es lo que se puede hacer para exigir la responsabilidad civil. No hay quien indemnice.
Controles preventivos
Los dueños de los establecimientos de ocio pueden exhibir esa coartada por una sencilla razón: lo habitual es que entre empleador y empleado no haya ningún vínculo 'oficial', ni un solo papel. Para qué hablar de un contrato. Pura economía sumergida.
Hartos de esa treta, los miembros de las fuerzas policiales han optado por la táctica de los 'controles preventivos'. Con el factor sorpresa de su parte, los agentes se llegan de cuando en cuando hasta ésta o aquella discoteca para identificar a los 'guardianes' de las puertas. Por decirlo coloquialmente, 'se quedan con sus caras' y luego, cuando ocurre algún incidente, ya no pueden escaquearse. Y sus jefes, tampoco.
Legislación actual
Andalucía fue la primera comunidad autónoma en regular, en el año 2003, el derecho de admisión en los locales de ocio. El Ejecutivo andaluz pretendía introducir criterios de racionalidad y desterrar las conductas arbitrarias.
Dicha normativa establecía, entre otras cosas, que las salas de espectáculos debían contar con los servicios de vigilantes de seguridad titulados. La polémica estaba servida. La federación de asociaciones de empresarios de cine recurrió este punto por sentirse perjudicados, lo que permitió que, durante tres años, hasta que hubo resolución judicial, quedase en suspenso la obligación de contar con vigilantes acreditados.
A partir de 2007, los locales que que tienen un aforo superior a 300 personas deben contar con ese tipo de personal.
La Policía Autonómica, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil se encargan de velar por el cumplimiento de la normativa.
En teoría, y a la espera de que llegue la nueva regulación que ultima la Consejería de Gobernación, los porteros deberían limitarse a controlar que los clientes abonen sus entradas y que en el local no entren menores de edad.
Pero lo cierto es que acostumbran a extralimitarse en sus funciones.
Para castigar estas prácticas, la legislación prevé ahora mismo multas de hasta 30.000 euros