# • La jueza decide la cárcel eludible con fianza de 20.000 euros para dos abogados
# • Propietarios de clubs de alterne de BCN denunciaron supuestas extorsiones

Las detenciones por la trama de los prostíbulos llegan al entorno del Ayuntamiento de Barcelona

BARCELONA

La jueza Elisabet Castelló acordó ayer la prisión sin fianza para el inspector de policía José Javier Martín Pujal, conocido como Jordi, por presunta asociación ilícita y extorsión a propietarios de prostíbulos. Con este agente, son cinco las personas, entre ellas el exinspector jefe Andrés Otero, encarceladas en relación con la investigación que comenzó con la clausura de los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels (Baix Llobregat), pero que se ha extendido a otros clubs de alterne de Barcelona.

No eran las 10 de la mañana cuando el inspector Martín, que en la actualidad está de baja laboral, aparecía en el juzgado custodiado por dos mossos y con una chaqueta roja tapándose las esposas. Fue detenido por la policía catalana el jueves de la semana pasada; el viernes fue interrogado y, tras ello, los dos fiscales del caso reclamaron para él prisión incondicional. La jueza Castelló prorrogó su detención y ayer lo encarceló. Acompañado de los mismos mossos que le habían llevado hacia el juzgado, el imputado volvió a los calabozos y, de allí, fue conducido a un centro penitenciario. En el auto de prisión, según fuentes jurídicas, se detalla una serie de delitos, como el cohecho, por el que estaba imputado desde el 2007, asociación ilícita y extorsión. Su abogado, José Luis Bravo, anunció ayer que recurrirá.

EL COHECHO

El inspector Martín fue detenido el 10 de julio del 2007 tras haber recibido, bajo la vigilancia de la Guardia Civil, 3.000 euros de un encargado del Saratoga. La Fiscalía de Barcelona presentó una querella por cohecho contra él, que quedó en libertad, y a partir ahí, se inició la operación Ilusionista. Las pesquisas tomaron otro rumbo cuando el inspector declaró en la fiscalía y delató a sus compañeros.

Pero esta no fue la única decisión que tomó la jueza: acordó la prisión eludible con una fianza de 20.000 euros para los abogados Alex Garberí --que el fin de semana permaneció privado de libertad-- y Fernando Martínez. Los dos letrados fueron detenidos el jueves --el viernes se levantó el arresto para Martínez-- y su despacho en la calle de Gelabert de Barcelona fue registrado a fondos por los Mossos durante dos días. Fuentes conocedoras de la investigación apuntaron ayer que se revisaron uno a uno los expedientes judiciales que se guardan en el despacho y se incautaron varios.

Esta vía de investigación parte de una denuncia en la que los responsables de una serie de prostíbulos acusaban a los letrados imputados de haberles cobrado minutas escandalosas tras ser detenidos por el inspector Martín, que estuvo destinado en la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif). Un propietario de un club de alterne explicó que entregó 10.000 euros en un sobre. Los letrados declararon que sus honorarios son legales y están declarados en Hacienda.


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La fiscalía pide prisión para un inspector municipal de Barcelona por la trama de los prostíbulos

El fiscal ha pedido hoy prisión incondicional para el inspector municipal del área de licencias del Ayuntamiento de Barcelona Manuel Martínez, que fue detenido ayer en el marco de la investigación de una supuesta trama de corrupción policial vinculada a burdeles.

Según fuentes judiciales, el fiscal ha solicitado la medida durante una vistilla celebrada en el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, después de que la jueza interrogara al detenido por su supuesta implicación en la trama. Al parecer, le ha preguntado por las inspecciones que llevaba a cabo en varios locales de ocio de Barcelona.

La jueza ha prorrogado la detención de este detenido hasta mañana, cuando decidirá sobre su situación, después de que la fiscalía haya pedido prisión incondicional.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, se ha referido hoy a la detención de este funcionario municipal y ha asegurado que se trata de un "caso aislado" y que, si se confirma su implicación en la trama, el consistorio se personará como acusación particular y se abrirán los expedientes administrativos pertinentes.

Además de este inspector municipal, también ha sido imputada una funcionaria municipal, Maria Teresa G., secretaria técnica de prevención del distrito del Eixample de Barcelona, que ha quedado en libertad con cargos tras declarar, ya que el fiscal no ha pedido ninguna medida cautelar en su contra.

Solicitud de cárcel eludible con fianza

La fiscalía también ha pedido hoy prisión eludible con fianza de 15.000 euros para Joaquín Quílez, un ingeniero de una empresa que trabaja para el consistorio detenido en las últimas horas por su presunta vinculación con la red corrupta.

Asimismo, la jueza también ha interrogado hoy como imputados a otras dos personas, entre ellas un empresario de locales de ocio nocturno que ha quedado en libertad con cargos.

A raíz de la investigación de esta supuesta trama de corrupción policial vinculada a burdeles, la jueza ha decretado en el último mes prisión incondicional para un exjefe de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Policía Nacional (Ucrif), para un inspector de este cuerpo y para tres responsables de los burdeles más grandes del área de Barcelona, el Riviera y el Saratoga, ambos en Castelldefels (Baix Llobregat).

Además, han podido evitar la cárcel pagando una fianza dos abogados acusados de extorsión, un comisario de la Policía Nacional y el jefe de las unidades de la Ucrif.

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