Las agresiones al personal sanitario siguen creciendo, sin que la Administración encuentre una fórmula que satisfaga a los trabajadores y garantice su seguridad

La razón es lo de menos. Puede ser una receta que no se extiende, la demanda de un análisis innecesario, una espera dilatada, un desequilibrio temporal, un diagnóstico indeseado... una chispa que enciende la frustración del usuario y a la que sigue un estallido de violencia, verbal o física. Sucede todos los días en los centros de atención primaria de Galicia y es una preocupación creciente para los trabajadores de la sanidad pública.

El volumen del problema es diferente según quien lo enfoque. El Sergas maneja un registro de incidencias, según el cual, a lo largo de 2007 se produjeron cien incidencias en toda la red pública de atención primaria. El diez por ciento fueron agresiones físicas. El registro muestra una incidencia leve, teniendo en cuenta la amplia red de atención primaria en Galicia. Sin embargo, otros estudios hablan de una realidad bien distinta.

Un trabajo efectuado ese mismo año en el área sanitaria de A Coruña reflejaba que prácticamente uno de cada cuatro trabajadores se había sentido agredido en su puesto de trabajo durante el año anterior, casi todos en más de una ocasión. El estudio fue elaborado por Carolina Moldes, enfermera y delegada sindical de CSIF, con una muestra proporcional de doscientos médicos y enfermeras que trabajaban en el ámbito urbano. El informe demostró que la mayor parte de los insultos, exigencias y violencia verbal que se profieren en los centros de salud ni se denuncian, ni se registran.

Más a las mujeres

Entre otras conclusiones, el trabajo de Moldes apuntaba a que las mujeres sufrían ligeramente más que los hombres la violencia de los pacientes y que el problema afectaba también en mayor medida a los enfermeros que a los médicos. Y entre las causas, la mayoritaria era la de no acceder a las exigencias del paciente. Dos terceras partes de quienes dijeron sentirse agredidos añadieron que el incidente influyó posteriormente en su trabajo.

Bajo la problemática laten causas diferentes y de difícil solución que van desde los cambios de valores que han revertido la posición social del médico en menos de una generación, a la amplitud y lentitud del sistema, que genera una frustración frecuente en el usuario, casi siempre predispuesto a la reclamación. Normalmente, esta se dirige hacia el trabajador y casi nunca hacia la Administración.

La implementación de la seguridad privada es una de las reclamaciones comunes de los sindicatos. Los guardias que hace años custodiaban muchos centros de salud, especialmente en los servicios de urgencias, han ido desapareciendo paulatinamente.

En la consulta

No todos piensan igual: «É posible que nalgúns centros sexa necesario -razona Francisco Gómez, de CIG- pero é unha solución que non se pode globalizar porque incrementa moitísimo o gasto e non garante que non haxa agresións. Moitas prodúcense na consulta, onde un guardia pouco pode facer». Y es verdad. Pero una médica experimentada contrapone otra idea: «Donde hacía guardias antes, había una agente de seguridad que tomaba los datos en la puerta. Era un trabajo administrativo, pero, si notaba algo en el paciente, un nerviosismo especial, avisaba por teléfono, estaba pendiente cerca de la consulta. Se trabajaba de otra manera».

En general, casi todos los sindicatos están de acuerdo en que, al menos, los PAC deberían de estar dotados con un servicio de seguridad. Y, sobre todo, que son precisas campañas que eduquen en conceptos como que los recursos no son ilimitados: «El usuario se presenta y exige. Si no se le satisface lo que pide, te suelta: ''Eu págolle''. Te lo dicen hasta los pensionistas. Falta bastante cultura ciudadana. Y un poco más de educación a nuestros hijos», señala Hermindo Martínez, de UGT.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/04/12/0003_7646561.htm