Entre otros supuestos incumplimientos señala la ausencia de plan de
seguridad PSOE e IU rechazan en cambio la comisión de investigación
planteada por el PP

Las instrucciones de la historia. Por una parte un conflicto laboral
originado tras el despido -improcedente- de la antigua jefa del
servicio de seguridad de la Diputación. Después la petición de una
comisión de investigación por parte del PP para aclarar la adjudicación
del millonario contrato, los supuestos incumplimientos por parte de la
empresa y las amenazas denunciadas por un grupo de vigilantes. Y por
último el trasfondo político.


El primer capítulo ha acabado en los juzgados. Los otros dos están relacionados.

Los populares solicitaron la comisión de investigación nada más conocer
lo que se estaba cociendo. Es evidente que había mucho de oportunismo
en la maniobra, salta a la vista. La jugada colocó a IU en un brete.
Había sido su diputada Asunción Pérez Cotarelo la que solicitó que se
abriera expediente a la empresa de seguridad. Pero darle el voto al PP
supondría dejar al PSOE -su socio de gobierno- en minoría.

El portavoz de IU en la Diputación, Julio Bernardo, anunció hace una
semana que, en principio, su grupo apoyaría la investigación en aras de
la trasparencia. Pero la determinación duró días. Ayer, en el debate
del pleno, Bernardo no intervino.

La palabra la tomó Pérez Cotarelo, muy indignada por que el PP quisiera
arrogarse la defensa de los trabajadores. Tanto la diputada de IU como
el portavoz del PSOE admitieron -con más mesura el socialista- que la
empresa de seguridad no está cumpliendo supuestamente el contrato. Una
adjudicación que se produjo el pasado 19 de diciembre -hace apenas
medio año- por un importe de 4.316.000 euros.

Algo anómalo hay. Debe de haberlo porque Pérez Cotarelo -que forma
parte del gobierno de la Diputación- aseguró que se le ha abierto
expediente a la empresa. El portavoz del PSOE, José María Aponte, habló
de dos requerimientos para saber en qué situación están distintos
apartados relacionados con el contrato, entre ellos la elaboración del
plan de seguridad. «No vamos a parar hasta que se llegue al final. No
daremos el tema por cerrado hasta que el expediente informativo se
resuelva», enfatizó Pérez Cotarelo.

Sin embargo, IU decidió votar en contra de la comisión de
investigación. Una postura que ha generado críticas dentro de la propia
formación, entre ellas la de la portavoz en la capital, Lola Ruiz
Domenech. El motivo que esgrimió Pérez Cotarelo es que ella -diputada
de Juventud- ya ha hecho la investigación por su cuenta. La diputada
recriminó al PP que haya hecho una «utilización sucia» de la situación.


No habrá comisión, aunque el presidente de la Diputación ha puesto a
disposición del PP un funcionario para que investiguen cuánto quieran.
«Fíjense qué miedo tenemos. Escarben y saquen todo lo que puedan»,
exhortó Antonio Martínez Caler.

Por su parte, el portavoz del PP, Antonio Granados, insistió en la
necesidad de investigar. Aclarar si alguien ha entrado en las
dependencias de los grupos a revolver papeles, explicar por qué la
empresa que se llevó el concurso conocía tan a fondo las instalaciones
y presentó un documento tan completo, o si la empresa de vigilancia se
ha convertido en una «oficina de empleo» del PSOE.

«No se han mojado», recriminó Granados a los diputados de IU. El
portavoz del PP advirtió a PSOE e IU que con el voto en contra de ayer
se convierten en «encubridores del caciquismo laboral» y se quedaron
«hipotecados por sus vergüenzas». Y aquí acaba todo.