• Las conversaciones entre los sindicatos de la seguridad privada y la patronal están rotas. En España trabajan cerca de cien mil vigilantes privados, que este año aún no tienen convenio.

Cobran 900 euros de media, aunque muchos consiguen casi doblarlos a base de horas extras. Los sindicatos acusan a los empresarios de aprovechar la crisis para tratar de hacerles tragar con una subida cero en 2009 y del 0,70 por ciento en los tres años siguientes. La patronal, por su parte, acusa a las centrales de ignorar la realidad al pedir un 30 por ciento de subida en el mismo periodo.

CC OO, UGT y USO, unidos, no descartan llegar a una huelga que pararía importantes sectores del país. Según datos de Aproser, que agrupa a las empresas más importantes del sector, el 15 por ciento de los vigilantes trabajan en organismos públicos y otro 18 por ciento guarda aeropuertos, trenes y metro. ¿Podrían funcionar sin ellos? Sólo en Barajas hay cientos de vigilantes privados. ¿Abrirían los centros comerciales, que emplean al 15 por ciento de las plantillas del sector? ¿O los bancos, en los que trabajan el 16 por ciento?
“No descartamos la huelga, pero queremos que sea la última medida”, coinciden en afirmar a interviú Elena Asensio, de UGT; Javier Torrejón, de CC OO; y Emiliano Jiménez, de USO. Antes, tratarán de obligar a negociar a la patronal con movilizaciones que, eso sí, anuncian “más duras” que las convocadas hasta ahora.

El martes 21 está previsto concretar el calendario de protestas, en el que, como primer impacto, contemplan parar los vehículos blindados, que cada día transportan miles de millones de euros entre bancos, comercios y organismos públicos.

La otra gran reclamación sindical son las horas extras: hasta ahora se pagaban a siete euros a todos por igual, pero el Supremo acaba de declarar ilegal esa cuantía lineal y ha establecido que la hora extra debe pagarse según la categoría del empleado y sus pluses –nocturnidad, antigüedad…–. Total: hay vigilantes a los que sus empresas deben hasta 11.000 euros, por horas extras de los cuatro años de vigencia del convenio, hasta diciembre pasado.

Aproser esgrime la crisis para justificar su negativa a subir sueldos. En 2007 facturó más de 3.500 millones de euros, pero “el último semestre de 2008 fue muy preocupante, y el último trimestre, desastroso, como el primero de 2009”, dicen fuentes patronales. Además, sostiene que la “inasumible” petición salarial de los sindicatos se produce justo cuando los trabajadores van a tener los ingresos extras –y las empresas, los gastos imprevistos– de aplicar la sentencia del Supremo. “Hasta ahora no hemos despedido a nadie –dicen esas fuentes–, y nuestra prioridad es mantener los puestos de trabajo. Pero las exigencias de los sindicatos lo harían imposible”.

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