El fiscal pedirá 377 años de cárcel para él mientras su víctima, Esther Cabezudo, declara que "la sensación de amenaza es permanente"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inició hoy el juicio contra el etarra Gorka Martínez, acusado de colaborar con el 'comando Olaia' de ETA que el 28 de febrero de 2002 perpetró en Portugalete (Vizcaya) un atentado contra la entonces teniente de alcalde socialista de esa localidad, Esther Cabezudo, quien resultó herida junto a su escolta y otras 18 personas. El juicio tuvo que ser suspendido por un error procesal antes de que el fiscal solicitase una pena de 377 años de cárcel para este terrrorista, quien, según se reveló durante la vista, trabajaba como auxiliar de la Policía Municipal de Amorebieta en el momento de los hechos.

El juicio no quedó visto hoy para sentencia debido a que la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, se vio obligada a suspenderlo justo antes de que el fiscal Juan Moral y la defensa del acusado emitiesen sus informes de conclusiones finales debido a la ausencia en la causa de un informe solicitado por el fiscal en el que constan más pruebas contra el acusado, según precisaron fuentes jurídicas, que además explicaron que la cuestión se debe a un error de los funcionarios a la hora de interpretar la referencias del citado informe. Por esta razón el tribunal decretó la suspensión de la vista hasta que ese informe le sea remitido al fiscal y a partir de ahí se señalará otra fecha para concluir el proceso.

La ausencia de ese documento no impidió que el tribunal escuchase las declaraciones del acusado, algunas de las víctimas y numerosos peritos de la Ertzaintza. Gorka Martínez se negó a contestar las preguntas del fiscal Juan Moral, quien solicitó por tanto que se leyesen en la vista las declaraciones que prestó el acusado ante la Policía tras su detención el 2 de septiembre de 2003. Según consta en esas declaraciones, el acusado aseguró entonces no pertenecer a la banda, pero admitió haber colaborado desde marzo de 2001 con el 'comando Olalla' de ETA así como su trabajo como auxiliar administrativo de la Policía Municipal de Amorebieta desde el 15 de octubre de 2001 --cuatro meses antes del atentado-- por lo que cobraba un sueldo de 1.200 euros al mes.

Este terrorista reconoció haber puesto un piso familiar a disposición de los miembros de ese comando, entre los que se encontraba el ex jefe militar de ETA Garikoitz Azpiazu, 'Txeroki', quien entonces contaba con el alías de 'Arrano' y Asier Arzalluz, alias 'Zendoa' e Idoia Mendizabal. De hecho, los peritos de la Ertzaintza que participaron hoy en el juicio declararon que fue el propio 'Txeroki' quien se encargó de fabricar el explosivo con el que intentaron asesinar a la concejal del PSE.

Según se desprende ademásde sus declaraciones ante la policía autónoma vasca, Gorka Martínez recordó cómo en una ocasión tuvo que ir a comprar un muñeco de bebe, así como ropa para el mismo, y piezas para hacer metralla. Asimismo, sobre el ataque contra la concejal socialista, el acusado recordó que uno de los terroristas del comando llegó a decir que el explosivo no se colocó en el lugar correcto.

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, en la vista de hoy respondió con un escueto "no" a todas las preguntas que le formuló su abogado sobre los hechos. De este modo, Martínez negó pertenecer a ETA o haber participado nunca en ninguna acción de la banda. Asimismo, aseguró que no tiene conocimiento alguno en el manejo de explosivos y dijo desconocer quién podría haber perpetrado el ataque contra la concejal socialista. "Yo aquel día estaba trabajando, seguro", llegó a decir el etarra ante el tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por la magistrada Manuela Fernández de Prado.

"LA SENSACIÓN DE AMENAZA"

Por su parte, el objetivo del ataque juzgado hoy, la concejal socialista Esther Cabezudo, recordó los hechos explicando que de vez en cuando ella y su escolta intercambiaban los tres itinerarios posibles para acudir al Ayuntamiento. Según dijo, aquel día había Pleno en el Consistorio de Portugalete por lo que avanzaban andando por el camino más habitual, sin embargo, aquel día decidieron cambiar de acera. Aun así, ella y su guardaespaladas fueron alcanzados por la explosión. "Iñaki voló por los aires y cayó a mi lado", relató Cabezudo.

"La sensación de estar amenazada la tenemos siempre", aseveró la ex teniente fiscal quien aseguró al tribunal haber sufrido lesiones y secuelas que aun hoy, siete años después padece por medio de vértigos, "una sordera importante y una veintena de piezas de metralla metidas en el cuerpo. "Cuando me vayan molestando, me las irán sacando", dijo sobre la metralla. A Esther Cabezudo le fue reconocida la incapacidad en 2004. En la misma línea, el escolta, Iñaki Torres, ofreció al tribunal su versión de los hechos. "Yo salí volando, he perdido audición y visión, en la parte izquierda del tronco tengo metralla, sufro crisis de ansiedad, estress postraumático, estoy incapacitado por la Seguridad Social, si hubiésemos pasado exactamnete poor al lado del carro está clarísimo que no estaría aqui", narró el escolta

Cabezudo estuvo acompañada hoy en el juicio celebrado en las nuevas instalaciones de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, así como varios compañeros de partido, encabezados por el secretario general del PSE en Vizcaya, José Antonio Pastor. Este dirigente compareció ante los medios de comunicación para manifestar su "satisfacción por la celebración del juicio, algo que demuestra que el Estado de Derecho funciona y que los asesinos pagan sus culpas y que quienes cometen crímenes acaban en la cárcel". "Esperamos que más pronto que tarde no tengamos que volver a asistir a juicios como este en el futuro porque haya desaparecido ETA para siempre en el País Vasco", sentenció.

La bomba contra Cabezudo fue colocada en el interior de un carro de la compra y activada a través de un radio mando. Estaba compuesta por 20 kilos de dinamita Titadyne y fue situada en la calle Casilda Iturriza, una de las más concurridas del municipio. El artefacto fue accionado al paso de la concejala socialista y su escolta y provocó graves heridas a ambos así como a otras 18 personas que se encontraban en el lugar.

En la reanudación del juicio el fiscal Juan Moral elevará a definitiva su petición de 377 años de cárcel para Gorka Martínez, según anunciaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público, que por estos hechos solicita además indemnizaciones de un total de 679.550 euros para los heridos en la acción terrorista a los que se suman los 981.200 euros reclamados al acusado por los daños materiales provocados en las viviendas, comercios y vehículos situados en la calle.

La mayor indemnización es la reclamada para Ignacio Torres, para el que la Fiscalía reclama 350.000 euros en concepto de compensación por las heridas y los trastornos sufridos, que le han incapacitado de forma total para el desempeño de su profesión habitual, según ha sido reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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