18/05/2009
- Al letrado murciano Diego de Ramón se le impidió prestar asesoramiento técnico-jurídico a dos opositores que recusaron al tribunal de carácter “político” de ONDA REGIONAL
- La oposición se repite 15 años después tras sentencia del TSJ.
- La Policía Nacional acudió al lugar de los hechos tras recibir la denuncia de los afectados
- El director de Onda Regional, Joaquín Azparren, tuvo que repetir la oposición y Pedro Antonio Ríos, asesor de Rubalcaba, estar en el tribunal


(La policía tuvo que acudir a la consejería de Presidencia)

J. Pons.
El abogado Diego de Ramón ha presentando denuncia en el Juzgado de Guardia de Murcia por impedírsele este sábado su acceso al edifico de la Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia donde estaba prevista la realización de una prueba de una oposición para periodistas de la emisora autonómica Onda Regional de Murcia (ORM). Al letrado se le ha impedido el acceso para la asistencia técnico-jurídica de dos opositores que han presentado escrito de recusación contra el tribunal de la oposición y la anulación de dicha prueba, mientras no se pronuncie el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, como órgano consultivo imparcial.

Antes de la presentación de la denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Murcia, de guardia hoy, el letrado De Ramón ha realizado una llamada al 091, y poco después dos agentes de la Policía Nacional se personaban en las dependencias de la Escuela de la Administración Pública para levantar el informe del atestado e identificar a la persona o funcionario responsable de que se le impidiera su acceso a este edificio público de la Administración Regional.

En la denuncia, el letrado murciano expone que, en el ejercicio de los derechos constitucionales del libre ejercicio de abogado, por parte del Jefe de Seguridad del edificio público de la Consejería de Presidencia de la comunidad autónoma (antiguo edificio de Hefame), se le ha impedido el acceso de entrada al lugar donde se iban a realizar dicha prueba para seleccionar a periodistas para varios puestos de redactor en la emisora autonómica ORM.

“Me he identificado como abogado y representante y asistente jurídico-técnico antes de la prueba, para hablar con los miembros del tribunal sobre un recurso administrativo de recusación de mis representados, por lo que se ha producido una negación de los derechos constitucionales y civiles”, señala De Ramón en su escrito de denuncia ante el Juzgado de guardia.

El abogado murciano identifica en su denuncia al responsable de impedirle el acceso a dicho edificio público de la Administración Regional: el jefe de Seguridad de los vigilantes, Zacarías Fernández.

De Ramón se pregunta asimismo de quién ha partido la orden dada a dicho jefe seguridad para impedir el acceso libre a un edificio público a un abogado para el ejercicio de su profesión. Según se ha sabido después, los dos vigilantes de la puerta que da acceso a la Escuela de la Función Pública Regional de Murcia, habían recibido un día antes orden tajante de que no se permitiera el acceso a este edificio al abogado murciano Diego de Ramón.

De los catorce opositores convocados, sólo se han presentado los cinco que aprobaron la oposición que quince años después la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha obligado repetir por haberse llevado a cabo entonces de una forma irregular y antijurídica. Los dos opositores que han recusado al tribunal de la oposición se han negado a entrar a realizar la prueba.

El tribunal está integrado por Francisco García Ortuño, miembro del Partido Popular (PP); Francisco Javier Andújar, del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE), y Pedro Antonio Ríos, por Izquierda Unida (IU) y actual asesor ejecutivo del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Además de su composición atípica de corte partidista y clientelar, ninguno de quienes lo integran reúne los conocimientos ni la titulación universitaria adecuada para valorar una prueba de Periodismo para licenciados en Ciencias de la Información, por lo que difícilmente pueden valorar una prueba de estas características, produciéndose así una total indefensión, arbitrariedad y desvío de poder al quedar vulnerados los principios de igualdad, mérito y capacidad, reconocidos en los artículos 223 y 103 de la Constitución para acceso a empleo público.

Se trata, además, del mismo tribunal de oposición que hace quince años ya fue responsable de llevar a cabo la misma prueba “sin el rigor necesario para asegurar la imparcialidad que debe presidir todo proceso selectivo”, por lo que quedó anulada “por no ser conforme a Derecho”, tal como queda explícito en los Fundamentos de Derecho de la Sentencia 938/07 del TSJ de Murcia.

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