Las empresas de seguridad privada quieren que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
cambie la ley del sector. La norma impide contratar como vigilantes a
ciudadanos extracomunitarios, a los que sólo admite como auxiliares.
Consideran un contrasentido que mientras que el Ministerio del Interior
no permite que los extracomunitarios puedan ser agentes de seguridad
privada, el de Defensa venga reclutando desde 2002 a soldados
extranjeros, principalmente latinoamericanos, para la seguridad
nacional.
Desde finales de 2007, las principales empresas de seguridad necesitan
21.000 nuevos agentes y entienden que la nacionalidad no debe ser traba
para contratarlos.

Otro aspecto que quieren cambiar es el reglamento sancionador. Las
empresas de seguridad privada están que fuman en pipa con el ministro
Rubalcaba por lo que consideran su excesiva "mano dura" con ellas,
sobre todo cuando saltan las alarmas instaladas en casas particulares y
oficinas por algún fallo técnico, y no por una emergencia real de
seguridad.

Cada vez que esto sucede, la policía se moviliza y, al comprobar que ha
sido una falsa alarma -nunca mejor dicho-, se abre expediente
sancionador a la empresa responsable de la instalación. En ciertas
épocas del año como el verano, en que la gente se marcha de vacaciones
fuera de sus domicilios dejando las alarmas activadas, es precisamente
cuando más suceden los disparos de los dispositivos de seguridad, a
veces simplemente por el calor, otras veces por excesiva humedad (lo
que se produce con las tormentas veraniegas), etc...

Dicen estas empresas de seguridad privada que las multas les 'comen'
literalmente los márgenes de beneficios que les quedan, y que así no
hay manera de trabajar. Sólo el año pasado, estas sanciones se
duplicaron: más de 500 multas, con un importe aproximado total de tres
millones de euros, frente a menos de 200 expedientes sancionadores
abiertos en 2006 y en torno a cien, o incluso menos, en los años
anteriores.

La multa por una falsa alarma es de 6.300 euros, mientras que el
servicio sólo le cuesta al cliente 150 euros al año. Pero claro,
Rubalcaba simplemente les aplica el reglamento y es responsabilidad de
estas empresas que sus dispositivos funcionen correctamente.

En España hay más de un millón de sistemas de alarma conectados, de los
que 700.000 están instalados en domicilios particulares. El negocio de
la seguridad privada factura anualmente unos 3.300 millones de euros,
de los que 300 millones (poco menos del 10% del total) proceden de
dichos sistemas de alarma conectados a una central.

Cuando una alarma salta y la compañía de seguridad privada no puede
localizar al titular de la vivienda, el sistema obliga a la respuesta
policial, que desplaza a una patrulla al domicilio donde la alarma está
instalada. Lo que las empresas del sector pretenden ahora es que se
imponga la sanción al usuario.

http://www.diariocritico.com/2008/Julio/exclusivo/89057/rubalcaba.html