Agresiones en el metro

El intrusismo y la mínima formación, principales problemas desde 1992

Las posibilidades de convertirse en vigilante de seguridad varían en función de la empresa en la que uno desee trabajar. Metro tiene los servicios contratados a seis compañías. Un redactor de EL PAÍS intentó acceder a la preparación de vigilante en tres de ellas. En todas hay vacantes.

Una mujer indica al aspirante que puede ser auxiliar, una figura ilegal

Cerca de 8.000 trabajadores carecen de título, dicen los sindicatos

La Ley de Seguridad establece que el curso de habilitación dura 180 horas, normalmente repartidas en seis semanas lectivas. Ese curso permite obtener un diploma con el que hacer después el examen del Ministerio del Interior. Prosegur, una de las empresas para las que trabajaban los vigilantes que aparecen en los vídeos de las agresiones, y que forma a sus propios empleados, afirma oficialmente que sus cursos duran las 180 horas que marca la ley. La cosa cambia si uno llama para conseguir trabajo.

La operadora que recibe la llamada pregunta si el solicitante dispone de la habilitación que concede el Ministerio del Interior. La respuesta es no. "¿Y el diploma?", requiere ella. "Tampoco". "Pues vienes a la sede, rellenas la solicitud y realizas un curso de formación que puede durar entre una y dos semanas" (cuatro menos que las que marca la ley). Luego, dice la mujer, ya se puede trabajar. Casesa, otra de las firmas que oficialmente informa de cursos de 180 horas, pone la cuestión aún más fácil.

En su sede de Las Rozas, una empleada pide que se rellene el formulario. Si no se dispone de ningún título oficial pero el solicitante tiene el graduado escolar, pasará a ser auxiliar. "Eso significa que puedes ser repartidor o incluso acompañar a vigilantes en su trabajo". Lo que no explica la empleada al aspirante es que el auxiliar es una figura ilegal, según confirma un portavoz de la Jefatura de Seguridad Privada del Cuerpo de Policía Nacional.

Ilegal pero muy extendida. Los sindicatos llevan años denunciando ante distintas instancias el gran porcentaje de intrusos (entre un 30% y un 40%, según sus cifras, unos 8.000 empleados en Madrid). Es un trabajo en el que la demanda supera a la oferta, lo que facilita la entrada de trabajadores sin placa, que no constan en el listado del Ministerio del Interior y escapan a su control, aunque es fácil detectarlos.

En un recorrido de tres horas y media por 14 estaciones del suburbano el pasado miércoles, el transeúnte se topa con 34 vigilantes, de los que cuatro carecen de la placa blanca que les acredita como personal habilitado

La cuestión, además de evidente, no es nueva en absoluto. La Ley de Seguridad Privada, aprobada en 1992, citaba ya en su preámbulo "numerosos problemas" como el intrusismo o la deficiente formación de vigilantes, dos cuestiones que perviven 16 años después.

¿Qué hace el Ministerio del Interior para solucionar el viejo problema? Desde la Jefatura de Seguridad Privada aseguran, sin facilitar cifras concretas, que cada año aumentan las inspecciones y sanciones. Basta un paseo rápido por un centro comercial o un polígono para constatar que esas inspecciones no bastan. Abundan los vigilantes sin placa y con tres llamadas se demuestra que no siempre la formación es la adecuada.

En Falcon, otra empresa que trabaja con Metro, la telefonista explica que no emplean a aspirantes no habilitados por el Ministerio del Interior. "Lo sentimos. Cuando tenga el título, vuelva a llamarnos. Gracias".

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Hacerse/guarda/semana/elpepiespmad/20080427elpmad_2/Tes