La Asociación de Guarderío Aragonés (Aguar) ha enviado una queja al Defensor del Pueblo para denunciar el "incumplimiento" por parte del Gobierno de Aragón de la Ley de Caza. José Grota, presidente de Aguar, afirma que el marco legal "obliga a todos los cotos a tener un servicio de vigilancia con guardas particulares de campo, pero es algo que la propia DGA está incumpliendo". Destaca, asimismo, que la administración autonómica y estatal "no han apoyado al sector de guarderío aragonés", tras haber mantenido diversas reuniones.
Desde el colectivo de guardas de campo en Aragón se asegura que el Defensor del Pueblo ha admitido la queja sobre la vigilancia en los cotos y la va a estudiar. Grota hace hincapié en que "cada año hay menos caza. Sabemos que la vigilancia no es la solución al cien por cien, pero sería una gran ayuda. Estamos seguros que el cazador furtivo todavía lo es más cuando la caza escasea", expone.
El guarda particular de campo -que tiene las especialidades de guarda de caza y guarda marítimo- trabaja por el cumplimiento de la legalidad en el medio rural, especialmente en aspectos relacionados con la práctica cinegética, la pesca así como en la lucha contra los robos en explotaciones del sector agropecuario.
La actividad de este colectivo se regula mediante la ley de seguridad privada nacional así como del Servicio de Protección y Seguridad (Seprose). Grota destaca el papel del guarda de campo no solo por la formación adquirida sino por "su conocimiento exhaustivo del terreno donde se precisa su vigilancia", y afirma que, por ejemplo, las prácticas furtivas "han disminuido considerablemente" en las zonas con presencia de guardas de caza. En este sentido, planteó que un modo de reducir los delitos de robos en el medio rural sería la contratación de guardas particulares de campo por parte de agricultores, propietarios de fincas particulares y ayuntamientos, entre otros. "Con cuatro guardas de caza organizados en diversos turnos se podría vigilar una comarca", considera.
Dentro de su labor, Grota explica que, en el caso de la Ley de Caza, el mayor número de infracciones está relacionado con la regulación del censo de las piezas capturadas, en función de la normativa específica de cada coto.
Por lo que respecta a la pesca, en el embalse de Mequinenza se registran una media de 300 sanciones por campaña por infracciones como no contar con el permiso de pesca o no llevar licencia.
Uno de los problemas que sufre en mayor medida el colectivo en la provincia se produce, según el presidente de Aguar, está basado en la falta de reconocimiento institucional.
Admitió incluso que "la Guardia Civil desempeña estas funciones a través del Seprona y no llega en muchas ocasiones a cubrir los servicios solicitados. Por este motivo, la propia benemérita delega funciones en nosotros y nos está ayudando a través de cursos de formación y charlas".
En cuanto a la labor educativa y pedagógica que ha realizado el colectivo en diversos centros escolares de la comunidad, Grota afirmó que Aguar ha dejado de realizar estas actividades, "dado que la administración no las ha apoyado con subvenciones".
Añade, por último, que Aguar "ha conseguido unificar el sector y queda unir a otros guardas de campo con la Asociación".
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