El secretario general, Gerardo Román, denuncia el intrusismo en la profesión de auxiliares de vigilancia a quienes las empresas pagan entre 300 y 400 euros menos

PATRICIA TORRES - OURENSE El secretario general en Galicia de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada, Gerardo Román, precisó ayer que el colectivo podría con tomar represalias en forma de huelga si la patronal no firma el convenio para este año. Román fue elegido ayer en un congreso del sindicato USO para constituir de la federación gallega, que tendrá también como vocales a Miguel Méndez, José Manuel López y Alfonso Ares.

El secretario general explicó a FARO que en la actualidad el colectivo afronta "problemas muy importantes, uno de ellos con la patronal que va por libre y hay importantes dificultades para poder firmar el convenio de este año".

En este sentido, indicó que "ahora mismo las relaciones están rotas, hasta tal punto que no nos quieren ni subir el IPC". "Ya hemos hecho", añade, "varias manifestaciones y no descartamos tomar otras medidas, como una huelga".

Por otro lado, también denunció la competencia desleal de auxiliares de vigilancia contratados por empresas para abaratar el servicio y la pérdida de su carácter de agentes de la autoridad, lo que merma sus posibilidades de intervención.

Indicó asimismo que un vigilante de seguridad debe estar autorizado para ese trabajo por la Guardia Civil o por el Cuerpo Nacional de Policía, tras superar pruebas físicas, técnicas y sesiones de reciclaje anuales, tanto teóricas como de prácticas de tiro, para los autorizados a llevar armas.

Por su trabajo, un vigilante puede cobrar 900 euros al mes, pero hay empresas que para "abaratar este servicio contratan directamente a auxiliares de vigilancia, les ponen un uniforme semejante al de las empresas de seguridad y les pagan entre 500 y 600 euros al mes, con pagas extras prorrateadas incluidas", según Román.

El colectivo de vigilantes también considera un problema "grave" el recorte en su consideración como agentes de la autoridad, ya que esto limita sus posibilidades de intervención en el trabajo "y ya tuvimos recortes, como el de uso de armas, que ahora se restringe a casos especiales como transporte blindado, bancos y servicios nocturnos en estaciones de tren, entre otros", agregó.

En estos momentos, en Galicia se dedica a esta profesión alrededor de 4.000 personas, mientras que en Ourense el número asciende a unos 350 los vigilantes de seguridad en activo. La mitad de los 4.000 contabilizados en la comunidad autónoma tiene la categoría de auxiliares de vigilancia.

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