Guardaespaldas a sueldo de empresas privadas protegen a 1.329 amenazados vascos y navarros, el 89% de los escoltados por la amenaza terrorista.

El Ministerio del Interior ha dado órdenes tajantes: la huelga indefinida a la que están convocados a partir del martes los 100.000 trabajadores de la seguridad privada de toda España no puede disminuir ni un ápice la protección de las personas amenazadas por ETA ni el blindaje de las "infraestructuras críticas", objetivos de la banda armada y de otros grupos armados.

El Secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, ha fijado uno servicios mínimos del cien por cien para todos aquellos vigilantes privados que están involucrados en la salvaguarda de "derechos fundamentales como la vida, la libertad ideológica o la seguridad que se ven permanentemente amenazados por la actividad terrorista".

La resolución firmada el 23 de junio por el número 2 del Ministerio del Interior, a quien la ley atribuye desde 2002 la facultad de regular la "prestación de servicios esenciales" en los paros de la seguridad privada, apela continuamente a la amenaza terrorista para impedir que los escoltas privados del País Vasco y Navarra secunden la huelga.

Según los datos del Ministerio del Interior, en estas dos comunidades hay 1.492 personas escoltadas, 1.168 en Euskadi y 324 en la comunidad foral. De ellas, 1.329 (el 89%) están protegidas por en torno a 2.500 agentes privados, la mitad de los guardaespaldas profesionales que existen en España. Estos vigilantes están pagados por el Gobierno central, que se hace cargo de los gastos de seguridad de 803 amenazados, y por el Ejecutivo de Vitoria, que paga los escoltas a 526 posibles objetivos.

En 2007, últimas cifras disponibles, las dos administraciones se gastaron 170 millones de euros en esta seguridad complementaria para amenazados por ETA, que son, en su inmensa mayoría, dirigentes, parlamentarios autonómicos, diputados provinciales y concejales socialistas y populares del País Vasco y Navarra. La Secretaría de Estado de Seguridad explica que "la sociedad en general es víctima del terrorismo", pero "no cabe duda, pues así lo demuestran los atentados perpetrados, que diversos colectivos son más vulnerables a sufrir esta lacra".

El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba recuerda que, para conjurar esta constante amenaza, la Administración central y vasca han tenido que recurrir de forma masiva "a la contratación de servicios de protección de personas mediante empresas de seguridad privada" debido a la "insuficiencia de medios humanos de las fuerzas y cuerpos de Seguridad para cumplir con la obligación de garantizar la seguridad de estas personas" objetivos de ETA. Y que esa protección no puede verse afectada en absoluto por los huelguistas, sean cuales sean sus reivindicaciones.

"Infraestructuras críticas"

Tampoco puede disminuir la protección de los puntos estratégicos del país, donde el 75% de los guardias jurados deberá estar de servicio como si fuese un día normal. Interior apela, de nuevo, al riesgo de atentados contra estas instalaciones en su resolución: "Hay que tener en cuenta que las infraestructuras críticas, como son las de transporte, energía, salud, información, telecomunicaciones, alimentación y finanzas, son posibles blancos de actuaciones de organizaciones terroristas".

El Gobierno recuerda que estos centros, que suman 1.397 puntos neurálgicos poio y colaboración de los vigilantes".

"La seguridad de estas infraestructuras se considera esencial para el normal desarrollo de la convivencia social", arguye la Administración para restringir, también este campo, el derecho a huelga de los agentes que protegen: centrales nucleares; petroquímicas; refinerías y depósitos de combustibles; fábricas y almacenes de armas de fuego y explosivos; plantas de transformación, depósito, transporte y distribución de materias inflamables; servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad, y centrales de alarmas.

El mismo porcentaje, un 75% de servicios mínimos, establece el Ministerio del Interior para los nudos de transportes públicos (puertos, aeropuertos y ferrocarriles) y centros de telecomunicaciones, que también considera con "infraestructuras críticas" de la seguridad del Estado.

La huelga indefinida, que comienza en casi todo el país el 30 de junio -Cataluña se sumará a partir del 1 de julio-, está convocada por el colectivo Alternativa Sindical, que agrupa a siete sindicatos y tres asociaciones del sector. El objetivo del paro es reclamar el cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada y denunciar el "intrusismo laboral".

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