El Ministerio de Defensa y la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) han firmado un acuerdo para la incorporación laboral de los militares que abandonan las Fuerzas Armadas.

Más de 4.000 extranjeros que actualmente están incorporados en las Fuerzas Armadas españolas no podrán participar del reciente convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER).

El acuerdo establece una colaboración entre ambas instituciones para la realización conjunta de actividades destinadas a la incorporación laboral de los militares profesionales de Tropa y Marinería al finalizar contrato con las Fuerzas Armadas.

Dentro de las obligaciones de cada una de las partes, APROSER se encargará de: identificar las empresas de su asociación con puestos de trabajo susceptibles de absorber al personal militar de tropa; facilitar con una periodicidad mensual, al Ministerio de Defensa, los puestos de trabajo que pueden ser cubiertos por el personal objeto de este convenio; informar semestralmente al Ministerio sobre los militares profesionales de Tropa y Marinería que han obtenido contratos de trabajo a través de APROSER; entre otros.

El Ministerio que dirige Carme Chacón se compromete a: facilitar la participación de los candidatos en las acciones de orientación y formación previstas y en las pruebas convocadas por el este Ministerio relacionadas con el proceso de habilitación de los candidatos; gestionar las autorizaciones necesarias para las actuaciones y los permisos para los militares seleccionados en los programas de salidas profesionales, entre otras.

Para el desarrollo del convenio se ha creado una Comisión de Seguimiento.

Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, el convenio no será viable para los españoles que llevan menos de cinco años de servicio y para aquellos que no poseen la nacionalidad española o de cualquier otro país de la Unión Europea. Para este último caso, desde APROSER se afirma que la problemática para este colectivo tiene que ver con que la normativa actual “está muy reglamentada”.

Concretamente, se advierte que para obtener el título de Vigilante de Seguridad habilitado, el Ministerio de Interior exige que sean españoles o miembros de la Unión Europea.

Por otro lado, hay que destacar que la patronal busca “desde hace años” que se modifique la normativa que regula el sector desde 1992. El PSOE incluyó en su último programa electoral una referencia a la ampliación de la Ley para esta legislatura.

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