El 67 por ciento de los procedimientos ante posibles infracciones de protección de datos que la Agencia Catalana de Protección de Datos (Apdcat) inició en 2008 eran contra ayuntamientos y entidades vinculadas a los mismos, según consta en la memoria de 2008 de este organismo.

Por detrás de los consistorios están la Generalitat y entidades vinculadas (24%), universidades, diputaciones y consejos comarcales, todas ellas con un 3 por ciento. Además, la mayoría de procedimientos sancionadores fueron en el ámbito de servicios al ciudadano.
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