El presidente de la Audiencia calculaba hace unos meses que la provincia precisaría un centenar de localizadores

A diez días para que se haga efectivo el anuncio del Gobierno, los titulares de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) y del resto de los órganos judiciales no exclusivos que asumen la lucha contra este fenómeno delictivo en la provincia desconocen los criterios que deberán seguir para seleccionar a los maltratadores que estarán localizados mediante una pulsera provista de GPS.

«Todavía no sabemos nada. Conocemos la noticia por lo que ha salido en prensa y en televisión», señala a este diario una magistrada. Además, añade que los juzgados no suelen encargar a los equipos técnicos que realicen una valoración del riesgo de las víctimas y sólo cuentan con la que hacen las fuerzas de seguridad.

El Gobierno anunció el pasado miércoles que tres mil maltratadores irán siempre acompañados por un aparato localizador (un GPS) que alertará a la Policía y la Guardia Civil en caso de que se acerquen a menos de 500 metros de distancia de sus víctimas.

Los dispositivos estarán a disposición de los juzgados a partir del próximo 24 de julio, pues la medida ha de ser aprobada por ellos debido a que supone una restricción de la libertad de movimientos de los sospechosos.

Con esta medida, el Ministerio de Igualdad pretende hace efectiva de una forma más contundente la seguridad de la mujer, documentar el posible quebrantamiento de la medida de alejamiento y disuadir al agresor.

Además, el departamento dirigido por Bibiana Aído firmó un protocolo de actuación con los Ministerios de Justicia e Interior, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer para garantizar y homogeneizar su operatividad en toda España.


Estos aparatos, fabricados por Telefónica y Securitas, constan de tres terminales. Dos de ellas son una especia de teléfonos móviles, uno para el agresor y otro para la víctima. El de la mujer, además, contará con un botón del pánico. Por otra parte, el maltratador llevará una pulsera, amoldable tanto a la muñeca como al tobillo para que esté en todo momento localizable. Tendrá una autonomía de seis meses. En caso de que se rompa la correa o el individúo se separe más de diez metros del móvil, el dispositivo mandará una señal de alerta a un centro de control único de nueva creación.

Este programa, que cuenta con una inversión inicial de cinco millones de euros, demuestra, según la ministra de Igualdad, que la lucha contra la violencia de género «constituye una acción política esencial y prioritaria para este Gobierno». «Sólo encontraremos la salida desde el esfuerzo compartido», añadió Aído.


Por su parte, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, destacó «el cambio significativo» que va a sufrir la justicia cautelar que «piensa en la protección de las víctimas». El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló a su vez que la sociedad y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han interiorizado que el maltrato a las mujeres es un problema que hay que cortar de raíz. «Tenemos voluntarios para formar parte de estas unidades para perseguir y proteger», dijo el titular de Interior, quien además recordó que existe un sistema de evaluación disponible para el resto de policías locales y autonómicos. La distribución de los dispositivos, que se realizará mediante una resolución judicial, se realizará en todas las Comunidades Autónomas.

Todo el procedimiento se realizará desde un centro de control, que será el único que reciba las señales de alarma. En un plazo de 24 horas, y después de que se comunique la disposición judicial a los agentes (locales, autonómicas o nacionales), este centro dará de alta en el sistema los datos de la víctima y del inculpado, así como el cuerpo policial responsable de la protección y del periodo estipulado de vigencia de la medida.

Este sistema de seguimiento tiene dos tipos de avisos: alarma y alerta, que están graduados de mayor a menor riesgo. Las alarmas se generarán en caso de incidencia técnica grave, como que deje de funcionar o se produzca la rotura del brazalete, la separación de éste de la unidad 2Track (nombre técnico de los aparatos) o la descarga de la batería. Además, también se considerará alarma si el inculpado entra en la zona de exclusión o se aproxima a la víctima y se pierde la cobertura del sistema de localización. En todos los casos, en cuestión de segundos el centro de control avisará a los agentes designados para que intervengan.

Condenados o en libertad

El problema es que los jueces ignoran si la medida está pensada para maltratadores que hayan cumplido ya su condena y estén en la calle o para los que gozan de libertad provisional a la espera de juicio. Tampoco saben qué cantidad de dispositivos va a poner el Gobierno a su alcance.

Hace unos meses, el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, calculaba que la provincia necesitaría un centenar de pulseras con localizador GPS. En la actualidad, 2.200 mujeres que están en riesgo de sufrir una agresión machista. El peligro es extremo para tres de ellas y alto para 49, según las cifras facilitadas recientemente por la Subdelegación del Gobierno.

http://www.laverdad.es/alicante/20090713/provincia/magistrados-ignoran-maltratadores-deben-20090713.html