Al Cabildo de Gran Canaria le está costando más de lo previsto adjudicar el concurso de seguridad y vigilancia de sus instalaciones. Dos veces se ha reunido la Mesa de Contratación y otras tantas ha quedado el expediente sobre la mesa. La patronal Cecapyme detecta irregularidades en el informe de evaluación.

La Mesa de Contratación del Cabildo de Gran Canaria ha sido convocada hoy nuevamente para analizar el procedimiento de adjudicación del Contrato de Servicio de Vigilancia y Seguridad en las Dependencias e Inmuebles de la Corporación, un expediente al que se presentaron cinco empresas -Seguridad Integral Canaria, Securitas, Serramar, Prosegur y Segur Ibérica- y que mueve un importe de cinco millones de euros. En la actualidad, el servicio es prestado por Seguridad Integral Canaria.

En dos sesiones anteriores de la Mesa de Contratación se dejó sobre la mesa la adjudicación, ante las dudas de los grupos de gobierno respecto al informe de evaluación emitido por el Servicio de Régimen Interior de la Consejería de Presidencia, con la firma de su jefe accidental, Rafael Martínez Campos. En dicho informe, la propuesta mejor valorada es la de Serramar, una empresa con sede social en la Península.

A las dudas de los grupos cabildicios se suma la advertencia por escrito remitida desde la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), con fecha del pasado 31 de julio y firmada por su vicepresidente, Domingo Gutiérrez Hernández. En el texto, Cecapyme recuerda que en el pliego de prescripciones técnicas se recoge expresamente que «las empresas licitadoras deberán tener abierta y operativa en Gran Canaria, bien su sede principal, una delegación o sucursal, debidamente autorizada por el Ministerio del Interior». A renglón seguido, Cecapyme muestra su extrañeza por el hecho de que Serramar SL «licitó al concurso sin tener una ‘delegación en Gran Canaria homologada’ por el Ministerio del Interior y se le tuvo en cuenta como el resto de empresas que sí la tenían.

No es justo que a una empresa se le permita licitar cuando hay empresas de seguridad canarias que no se han podido presentar por no tener el requisito de ‘delegación homologada’ en Gran Canaria por el Ministerio del Interior y saber que estarían excluidas del concurso.

En Tenerife existen empresas de ámbito autonómico e incluso estatal que no han podido presentarse por no tener el requisito de delegación homologada en Gran Canaria». Asimismo, Cecapyme destaca que Serramar «incumple» también la normativa en materia de certificaciones, regulada por la Entidad Nacional de Acreditación. En el escrito, el vicepresidente de Cecapyme subraya que en el caso de Serramar «la única delegación que está certificada es la de Monforte de Lemos (Lugo). El resto de delegaciones no están certificadas, con lo cual la puntuación en este apartado debería de ser 0.»

Según su página web, Serramar dispondría de delegaciones en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria cuyo teléfono de contacto es, curiosamente, el mismo: un móvil.

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