El Sindicato de la Policía Local (SPL) de Cádiz seguirá con su batalla para evitar la presencia de seguridad privada en el paseo marítimo durante las barbacoas del Trofeo Carranza. La intención del Ayuntamiento de volver a contratar dicho servicio para la fiesta de este año, que se celebrará el próximo sábado, no parece haber desanimado a esta organización en su particular cruzada.
Muy al contrario, el sindicato tiene previsto poner el asunto en conocimiento del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, para que “tome cartas en el asunto”. Y no sólo eso, sino que le reclamará también el “cese” del actual subdelegado en Cádiz, Sebastián Saucedo, por tolerar --una vez más-- la inclusión de guardias jurados en el dispositivo destinado a velar por el buen discurrir de este evento.
La alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, defendía el viernes esta medida aduciendo que los vigilantes no desarrollarán tareas propias de otro cuerpo policial. Su labor en los accesos a la playa se limitará, como en anteriores ediciones, a impedir que nadie baje a la arena enseres y muebles, haga parcelaciones de zonas o la emprenda con las pailas de madera, duchas, fuentes y papeleras.
Sin embargo, el secretario general del SPL, Francisco Rama, rechazaba ayer de plano este argumento y lo tildaba de “claro subterfugio” para “justificar lo injustificable”. En declaraciones a este periódico, aseguró que la reivindicación de su sindicato no mantiene relación con las funciones que estos 36 efectivos van a desempeñar esa noche. “Es que, guste o no, esas personas no pueden realizar tareas en las vías públicas”, enfatizó. Por eso, entiende que tanto el Consistorio como la Subdelegación incumplen “irresponsablemente” la normativa vigente, al permitir su despliegue durante las barbacoas.
Una cuestión de legalidad
Rama invoca, por tanto, a la legalidad para sostener su demanda. Por un lado, recuerda que existe jurisprudencia al respecto, ya que el Tribunal Supremo de Valencia falló recientemente a favor de sus tesis en “un caso similar”. Y, por otro, se aferra a la respuesta por escrito que la Delegación del Gobierno en Andalucía ofreció al Defensor del Pueblo Español cuando éste se interesó por el tema, a instancias del SPL. En ese documento se afirmaba que en la región “no se ha autorizado en ningún momento servicios de seguridad privada en la vía pública a excepción de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas”. Pero no se decía nada ni de playas ni de barbacoas.
Así las cosas, el delegado sindical advirtió que denunciará nuevamente esta situación, aunque ahora lo hará ante el propio López Garzón, dada la “apatía” mostrada hasta la fecha por Sebastián Saucedo. Y es que, quince meses después de que el SPL presentara la misma queja a su departamento, “no sabemos nada del estado en que se encuentra el expediente”, concluyó.
Una labor "innecesaria"
Los motivos que esgrime este sindicato policial para que el Ayuntamiento gaditano prescinda de los vigilantes privados en las barbacoas del Trofeo Ramón de Carranza no se ciñen exclusivamente al ámbito legal.
Al margen de las implicaciones jurídicas de la medida en cuestión, el secretario general del SPL, Francisco Rama, alega además que el servicio contratado por el equipo de Gobierno local -cuyo coste económico no ha trascendido- carece en la actualidad de “toda razón de ser”. Máxime, cuando la concienciación ciudadana “ha mejorado mucho en los últimos años”, merced a las campañas promovidas por las distintas administraciones -principalmente el Consistorio- y a la propia evolución de la celebración en sí. “A estas alturas ya nadie se lleva a la playa un sofá o un mueble, como pudo ocurrir en cierto momento”, señala el dirigente sindical.
De ahí que no dude en calificar de “innecesaria” y “absurda” la presencia de estos guardias jurados en los accesos al litoral. “Pero no porque queramos quedarnos con las horas extras, como hay quien insinúa por ahí equivocadamente”, advierte Rama. A esta acusación responde manifestando que aquella incívica moda forma parte ya del pasado negativo de esta fiesta.
De hecho, puntualiza que ahora “pocos descerebrados se atreverían a actuar de esa manera”. Y, en el caso de que se produjera un hecho de ese tenor, “bastaría con que un agente del cuerpo policial más cercano se acercara hasta el infractor y lo denunciara”, apostilla.
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