Precariedad, dependencia en muchos casos de la contratación pública, intrusismo y abuso de las horas extraordinarias. Es el pan nuestro de cada día para los vigilantes de seguridad de Menorca, según denuncian trabajadores del sector y los sindicatos. “Muchas empresas, y también instituciones y servicios públicos, tienen su seguridad en manos de auxiliares o controladores y no de vigilantes de seguridad. Así, se gasta mucho menos y hay un montón de vigilantes en la calle”, lamenta uno de ellos.

Este vigilante, portavoz anónimo de compañeros que, como él, han sido recientemente despedidos de la empresa en la que trabajaban, explica que la vigilancia que ellos desempeñan acaba siendo asumida por auxiliares que carecen de la titulación que a ellos se les exige, motivo por el que parte de las tareas que un vigilante sí puede asumir quedan descubiertas. La otra opción es trabajar como auxiliar siendo vigilante.

“Si acudimos a los sindicatos nos animan a que denunciemos ante la Inspección de Trabajo, pero nadie se atreve a protestar, hay mucho miedo a dejar de ser contratado y mientras no nos plantemos la situación continuará igual”, reflexiona este trabajador, cuya línea de pensamiento conecta directamente con la de las centrales sindicales consultadas.

“La gente tiene que concienciarse de la importancia de defenderse por los cauces que toca. Se puede salir a los medios, pero esto se queda en cosa de un día. Lo que ocurre con los vigilantes no es exclusivo de este sector sino que sucede en otros muchos, en los que se está contratando en categorías inferiores a las que requieren los puestos de trabajo. Insistimos en la necesidad de agruparse en torno a un sindicato para poder plantear una batalla conjunta”, argumenta Ramon Carreras, secretario general de CCOO en Menorca.

Desde UGT, José Reyes, apunta que esta práctica “pasa desde hace muchos años y que lo lamentable es que un trabajador tenga que aceptar unas condiciones laborales inferiores a las que les corresponden por categoría”. No obstante, en el caso concreto del sector de la seguridad privada, los responsabilidad de la situación recae exclusivamente en los trabajadores que aceptan condiciones inferiores o tareas que por su categoría no deberían asumir, algo que debería animarles a agruparse para defender sus intereses, recuerda el secretario general del sindicato en la Isla.

“Quizá haya empresas o instituciones que no saben que quien se encarga de la vigilancia no es un vigilante con su título certificado por la Comunidad y el Estado sino un auxiliar o un controlador, que puede ser cualquiera, pero hay otras que son cómplices. Hay que tener en cuenta que muchas empresas de seguridad prestan servicios para administraciones que las contratan por un procedimiento en el que se valora la mejor oferta. El coste del servicio asciende a 40.000 euros pero hay quien lo ofrece por 20.000 y eso sólo se consigue bajando los costes laborales”, explica Reyes.

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