El gobierno estudia una modificación legal para permitir que los vigilantes de seguridad privada que protegen a nuestros barcos en el Índico lleven armas de gran calibre para proteger a la flota.

El Ministerio de Defensa está estudiando una doble modificación legal para permitir que los vigilantes de seguridad privada que embarcarán en los pesqueros españoles que faenan en el Océano Índico puedan llevar ametralladoras y otras armas de mayor calibre que las que actualmente están autorizadas para proteger a la flota.

Fuentes gubernamentales han indicado que la modificación que está estudiando el Departamento que dirige Carme Chacón, en colaboración con el Ministerio del Interior, implica un cambio en la Ley de Seguridad Privada y en el Reglamento de Armas y Explosivos.

El objetivo de la modificación legal, según las citadas fuentes, es que los vigilantes de seguridad privada puedan tener un armamento de mayor calibre que el que ahora está autorizado, las denominadas armas largas de precisión, y dispongan de medios como ametralladoras y armas similares a las que ya pueden utilizar las compañías militares privadas que operan en buques pesqueros españoles bajo bandera de las Islas Seychelles.

El cambio normativo para autorizar un armamento de mayor calibre para los servicios de seguridad privada se circunscribirá única y exclusivamente a las empresas que presten servicio a la flota pesquera española desplegada en aguas próximas a Somalia y no será extensible a otros sectores.

El Minsiterio formará agentes

El Ministerio de Defensa ha confirmado que está estudiando la posibilidad de autorizar un "armamento complementario" para los vigilantes de seguridad privada que embarcarán en atuneros españoles y ha ofrecido a los armadores proporcionarles formación a sus agentes.

Las fuentes consultadas indicaron que la previsión inicial es que el adiestramiento de los guardias de seguridad privada sea asumido por el Ejército de Tierra, si bien todavía no se ha determinado la unidad concreta porque esta medida se desarrolla de manera simultánea al cambio normativo para que los agentes puedan portar ametralladoras.

Han explicado además que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y el Gobierno vasco participarán en la financiación del coste del servicio de seguridad privada en la flota atunera española en aguas del Océano Índico. Además, el Ministerio de Defensa ha ofrecido a las principales asociaciones de armadores de atuneros apoyarles en el traslado de los guardias de seguridad y su equipamiento hasta los pesqueros.

¿Por qué no nos han liberado?

Los tripulantes del Alakrana, secuestrado por piratas somalís en aguas del Índico desde hace catorce días, hablaron el jueves con sus familiares y les han preguntando por qué "todavía" no los han liberado.

Así lo indicó Silvia Albés, esposa del marinero Pablo Costas, quien recibió sobre las 8,20 horas del jueves una llamada de su esposo en la que le comunicaba que los piratas están "tratando bien" a los tripulantes del buque. "Me preguntó el motivo por el cual el secuestro se está prolongando tanto tiempo y qué está pasando que no los traen para casa", relató Silvia Alvés.

La mujer de Pablo Costas, marinero natural de Nigrán (Pontevedra), ha agregado que su marido le confesó que los piratas "sólo les han dejado lo puesto" y que "no les queda ninguna de sus pertenencias". "Mi marido me preguntó qué está pasando con las gestiones del Gobierno para liberarlos y no supe qué contestarle", afirmó.

Silvia Albés explicó, además, que en el minuto que duró la conversación trató de "no desanimarlo" cuando le preguntaba por las gestiones que se están llevando a cabo para liberar a los secuestrados.

También ha dicho que es "complicado" transmitir a los marineros retenidos un mensaje de "tranquilidad" en estos breves contactos telefónicos, ya que ni los propios familiares están "tranquilos" tras trece días de secuestro. La mujer de Costas confirmó que "otros familiares" han logrado hoy hablar con los tripulantes del barco.

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