Luis Sánchez-Merlo
Lunes , 28-12-09
Tres episodios sin solución de continuidad, el secuestro y posterior liberación del «Alakrana», la toma de tres rehenes españoles en Mauritania y la cuestión de la activista saharaui, en un corto periodo de tiempo, invitan a una reflexión, templada pero inaplazable, sobre la protección de los intereses españoles en el mundo.
La pregunta inmediata que uno se podría hacer es si en el contexto de la defensa de éstos ¿hay que extremar la prudencia y soportar la humillación o hay que actuar con contundencia para salvaguardar la dignidad? ¿Debemos seguir con la tradición, tan nuestra, del inveterado quijotismo o activar un pragmatismo de nuevo cuño, acorde con el relativismo moral de los nuevos tiempos? ¿Valores o intereses?
Cuando se han apagado, momentáneamente, las luces del «Alakrana» y ante la eventualidad de que pudieran producirse en el futuro situaciones indeseables como ésta, convendría crear un mínimo manual de instrucciones o, mejor, un cuerpo de doctrina sobre el que, al menos en esto, establecer un cierto acuerdo nacional para evitar el espectáculo de radiar la estrategia y el disenso, lo que sólo beneficia a los profesionales del crimen.
El secuestro de 36 arrantzales vascos, marineros gallegos y algunos inmigrantes durante 37 días a manos de unos bandidos somalíes, ha sembrado en el inconsciente colectivo algunas dudas sobre las buenas prácticas tanto en la operativa del barco: bandera y zona de seguridad, como en el manejo de la crisis por el Gobierno: contención militar, negociación y «final feliz». Con pago de rescate incluido. Para que luego digan que el atún es caro.
El buque de pesca español no llevaba protección a bordo para hacer frente a este floreciente negocio en que se ha convertido, para unos desheredados, el abordaje, con extorsión, de barcos pesqueros en esa parte del mundo.
Y aquí ya se empiezan a amontonar las preguntas: ¿faenaba fuera de la zona de seguridad y, en ese caso, cuáles serían las responsabilidades del armador, si se llegan a haber incumplido las normas de navegación? ¿Y cuáles son los límites de las del Gobierno, como obligado defensor de unos marineros atacados en territorio español? ¿Son los contribuyentes españoles quienes tienen que cubrir este tipo de riesgos y los costes derivados? ¿Militares en los barcos, es decir, fuerzas públicas para defender negocios privados o vigilantes de seguridad, con licencia para matar, a cargo del armador? De acuerdo con el Código Penal vigente, ¿es delito el pago del rescate? ¿Desenlace a la francesa, con respuesta contundente para recuperar el rescate, o contención y diplomacia para no poner en peligro la vida de los secuestrados presentes y futuros?
Demasiadas preguntas y múltiples respuestas. Y desde luego, materia para los abogados y temario para los estudiosos de los conflictos. Pero conviene ya anticipar algunos criterios esenciales a la hora de tantear ese necesario acuerdo: la observancia de la legalidad no admite ambigüedad en los temas de la bandera (la del país en la que esté su puerto) y el respeto de la zona de seguridad, máxime en lugares tan peligrosos del planeta. Y al que no lo haga le tocará afrontar las consecuencias legales y económicas. Las empresas privadas, y de hecho ya lo hacen en muchos países donde tienen presencia, tienen que pagarse sus gastos de seguridad puesto que se trata de un negocio privado. Y por tanto no parece tener sentido alguno llevar soldados a bordo. Los infantes de Marina, en las fragatas, garantizando la seguridad de los intereses nacionales, en este caso económicos, en alta mar. En cuanto al pago del rescate y la actuación derivada parece interesante la receta francesa: integridad de los secuestrados, trago amargo del pago de la extorsión y leña al mono hasta que hable inglés.
El secuestro de tres cooperantes catalanes en Mauritania vuelve a poner de manifiesto lo vulnerable que se ha vuelto el planeta porque en cualquier rincón insospechado anidan unos psicópatas dispuestos a montar un chantaje, cometer un asesinato en serie o destripar un aeropuerto. Ellos parten con ventaja porque no tienen opinión pública ante la que responder, y a las democracias, cuando tienen que hacer frente a estos desafíos extremos, no les queda más margen que dar la cara ante sus opiniones públicas y aplicar el libro, que no es otro que el de las leyes y los tribunales.
Los gobiernos, en casos como éstos, en los que no cabe aplicar el protocolo previamente establecido, están muy limitados en su iniciativa de respuesta porque ésta es una guerra insólita, sin frentes ni enemigos definidos. Con estos supuestos, a los gobiernos, en muchos casos, no les queda otra salida que ir a remolque del crimen. Por ello, parece indispensable que la Unión Europea convierta las agresiones a los ciudadanos de cada país miembro en una cuestión doméstica, como una violencia dirigida al conjunto, lo que actuaría como elemento disuasorio añadido en vistas a atenuar la tentación de barra libre por parte de los más atrevidos.
La nueva responsable de la política exterior de la UE, Catherine Ashton, a la que la Prensa del continente no ha recibido con entusiasmo, por su poca experiencia, podría aspirar a lograr la afección de los ciudadanos europeos si éstos pronto perciben que los voluminosos medios con los que va a contar: 5,000 funcionarios y una dotación de 50,000 millones de euros hasta 2013, se traducen en hechos concretos, en defensa y beneficio de los intereses de los ciudadanos de la Unión. Ha anunciado que la suya va a ser una «diplomacia silenciosa». No estoy seguro de que sea la mejor fórmula para que Europa gane más peso político, mayor respeto y mejor reputación en el mundo. Me hubiera gustado más escuchar otros propósitos. La baronesa Ahston, tiene que decir bien alto y dejar muy claro, desde el minuto uno, que los ciudadanos de la Unión no son mercancía barata y que los que especulen, con la apariencia de debilidad en la réplica, que se atengan a respuestas contundentes por parte de 27 países que actúan como uno.
Este método de la respuesta conjunta a la agresión individual es aplicable al problema que le ha creado a España la áspera reacción de Marruecos en el caso de la activista saharaui. Nuestro vecino del sur, que tiene un serio problema sin resolver, porque ha boicoteado los intentos de mediación y las resoluciones de la ONU sobre el Sahara, no puede actuar así con un país miembro de la UE, mediante el erróneo cálculo que los comportamientos hostiles le van a salir gratis, sin más consecuencias en el futuro.
Los sucesos que han tenido como teatro de operaciones Somalia, Mauritania y Marruecos tienen que servir no para seguir tirándonos los trastos a la cabeza, debilitando así nuestra posición exterior. Bien al contrario, deben marcar un punto de inflexión para recuperar el consenso interior, exigir la implicación europea y preguntarse si, para hacer frente a las amenazas crecientes en el mundo que vivimos, se pueden hacer tortillas sin romper huevos.
Ex secretario general del
presidente del Gobierno
(1981-82)

http://www.abc.es/20091228/opinion-firmas/tortillas-huevos-20091228.html

Muy interesante el artículo de opinión. :aplaudir:

Comparto casi el 100% de lo expresado en él.