Madrid, 30 dic (EFE).- La modificación de la Ley Ómnibus permite que los particulares y las empresas no pertenecientes al sector de la seguridad privada puedan vender, instalar y mantener sistemas de videovigilancia, ha informado hoy la Agencia Española de Protección de Datos.

Esta reforma, que entró en vigor el 27 de diciembre, liberaliza, entre otras cosas, el sector de la videovigilancia.

Ello será posible, según un comunicado de este organismo, siempre y cuando la instalación de uno de estos sistemas no implique una conexión con centrales de alarma.

De lo contrario, los requisitos para instalar un sistema de videovigilancia serían los mismos que los anteriores a la entrada en vigor de la Ley Ómnibus.

Estos requisitos condicionaban, hasta ahora, la instalación y utilización de estos sistemas a que el servicio se contratara con empresas de seguridad privada debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior, al que, posteriormente, se le debía notificar dicho contrato.

Esta obligación de notificar el contrato al Ministerio del Interior también queda suprimida con la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de modificación de la Ley Ómnibus.

Independientemente de si el sistema se contrata con una empresa de seguridad privada, una de distinta actividad o un particular, deberán cumplirse, en todo caso, las normas de tratamiento de imágenes de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

El cumplimiento de esta condición supondrá, entre otras normas, el deber de informar a los interesados mediante carteles y/o impresos, la inscripción de los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos y la implantación de medidas de seguridad.

Además, "las imágenes captadas deberán ser las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida", dice el comunicado.

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jLc8Dqey38X6ige_6OXn-m4D0p_w

Y ahora viene cuando la matan ...¿que inluencia puede tener la ley Omnibus en la ya confusa normativa sobre control de los CCTV? porque todo indica que mientra se nos insiste con palmaditas en la espalda en el interes de acabar con el intrusismo, se afila al mismo tiempo la navaja albaceteña para darnos la puñalada trapera.
Llamadme desconfiado, pero ...¡que mal me huele a mi esto!

Artículo 14. Modificación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
30
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, queda modificada en los
siguientes términos:
Uno. Se modifica la letra e) del artículo 5.1, que queda redactado como sigue:
«e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de
seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta.»
Dos. Se añade una disposición adicional sexta, con la siguiente redacción.
«Disposición adicional sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos
técnicos de seguridad.
Las empresas y particulares que vendan, entreguen, instalen o mantengan
equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios
de conexión con centrales de alarma, quedan excluidas de la legislación de
seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines
definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que
pudieran resultarles de aplicación.»

http://www.meh.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Union%20Europea/Documents/LEY%20%C3%93MNIBUS%20nuevo%20texto%2012-6-09.pdf

A mi modo de ver, que no tiene por que ser el correcto, la ley habla de quienes "vendan, entreguen, instalen o mantengan
equipos técnicos de seguridad", en ningún momento se habla de los encargados de operar dichos sistemas de videovigilancia. De modo que al menos en cuanto a eso sigue primando la LSP.

Aunque si creo que nos afecta en el sentido de que esto puede suponer un serio perjuicio económico a las empresas de seguridad que hasta ahora eran las únicas que podían encargarse de dichas funciones, y que cualquier perdida de beneficios que sufran las empresas, los trabajadores la tendremos decuplicada.

Aqualung escribió:

A mi modo de ver, que no tiene por que ser el correcto, la ley habla de quienes "vendan, entreguen, instalen o mantengan
equipos técnicos de seguridad", en ningún momento se habla de los encargados de operar dichos sistemas de videovigilancia. De modo que al menos en cuanto a eso sigue primando la LSP.

Yo lo interpreto igualmente, en principio no debería afectar mas alla de la perdida de rentabilidad que pueda suponer a las empresas de seguridad, lo cual no es un efecto nada despreciable en un sector que no vive sus mejores momentos y para una patronal que busca constántemente argumentos para justificar su cicatería.
Pero me preocupan además dos efectos indirectos, en primer lugar la preocupante (para nuestros intereses) tendencia de la CE a liberalizar este tipo de servicios y en segundo lugar que esto fomente la proliferación de mas empresas de pseudo-seguridad que se adueñe por precio de este tipo de servicios, ofertando junto con la instalación y mantenimiento el control "encubierto" de las instalaciones.
Ya se que eso ya está pasando, incluso desde las filiales de las propias empresas de seguridad, pero esta reforma desde luego no es un paso en la dirección de combatir el intrusismo.
Un saludo