Dos meses antes le habían dado el alta. Los informes de la Seguridad Social y de la mutua privada se contradicen.

Orlando González debía haber cumplido este mes de enero su decimosexto año de servicio en la empresa SECURITAS, en la que trabajaba cumpliendo funciones de vigilante de seguridad. Sin embargo, este ciudadano grancanario fue despedido el pasado 10 de diciembre, apenas dos meses después de ser dado de alta, tras un largo periodo de baja debido a la ansiedad que padece desde el fallecimiento de dos familiares en el desgraciado accidente de Barajas del 20 de agosto de 2008.

A Orlando le dieron la baja a raíz del trágico suceso, que segó la vida de su nieta y su nuera. El impacto emocional por estas pérdidas le dejó sumido en un cuadro clínico en el que los ataques de pánico, de ansiedad y las consecuentes dificultades respiratorias, eran frecuentes. Según relató el afectado a CANARIAS AHORA, estos problemas propiciaron que tuviera que acudir a los servicios de urgencia con cierta periodicidad.

En septiembre de 2009, una inspección médica en la sanidad pública determinó que el trabajador podía reincorporarse al trabajo al "no objetivarse limitaciones orgánicas y/o funcionales significativas". El alta fue recurrida por Orlando, quien, a instancias de su psicólogo, solicitó una prórroga de su incapacidad temporal para concluir el tratamiento de relajación al que estaba siendo sometido. Actualmente, el recurso se encuentra en trámite de resolución judicial.

La única condición que impusieron para el alta del trabajador, a tenor del cuadro que presentaba, era la adaptación de su horario laboral y la exclusión de los turnos de noche. De esta manera, Orlando se reincorporó a su puesto de trabajo sin ninguna incidencia. Prestaba servicio en diferentes sectores según las necesidades de la empresa y, en ningún caso, requirió la tenencia de arma para desempeñar su labor.

Según sus propias palabras, la vuelta a la rutina favoreció su tratamiento, reduciendo a la mitad la dosis de fármacos que tomaba para controlar la ansiedad. Posteriormente sólo ingería los ansiolíticos en las contadas ocasiones en las que se manifestaban los síntomas.

Tras su alta, la empresa, siguiendo el protocolo establecido para los casos de trabajadores que se reincorporan tras una baja de larga duración, encargó a la mutua privada UNIPRESALUD, entidad con la que tiene contratada esta cobertura, un reconocimiento médico. El informe de la mutua determinó que Orlando González no era apto para prestar los servicios que requería la empresa. Ante esta resolución, SECURITAS despide al trabajador, ofreciéndole una indemnización que incluye el salario del mes en curso y una cantidad equivalente a 20 días de salario por año trabajado. Además, decide hacerlo de forma fulminante, sin notificárselo con un mes de antelación ante "la gravedad de la situación", según consta en la carta de despido.

''Acto de crueldad psicológica"

El trabajador y la Federación Canaria de Actividades Diversas de CCOO, sindicato al que está afiliado, denuncian la improcedencia del despido, al que tildan de "acto de crueldad psicológica y atentado contra la salud". La organización habla de un informe "nefasto", que no especifica las causas para negar su aptitud al puesto. En similares términos se expresa Orlando, que señala que su doctora de cabecera no ha encontrado motivos para demostrar su incapacidad en el mentado informe.

El sindicato considera que tras la decisión de la empresa se esconde la intención de aligerar plantilla "bajo cualquier pretexto". En este sentido, consideran que, si el informe de UNIPRESALUD revelaba la ineptitud de Orlando para desempeñar esa responsabilidad, debían haber prorrogado la baja durante un tiempo hasta que estuviera completamente restablecido, o haber enviado el documento a la Seguridad Social para que fuera ésta la que determinara la incapacidad del trabajador para el puesto de vigilante de seguridad.

Por su parte, el afectado reconoce que, a consecuencia del despido, ha recaído en el grado de ansiedad que padecía antes de su reincorporación, viéndose obligado a aumentar las dosis de su tratamiento. "No quiero el dinero, sólo quiero trabajar", asevera Orlando, que tiene a su cargo un hijo de tan solo 10 meses y que sufre cada vez que tiene que coger un avión para desplazarse a Madrid, donde reside la familia de su pareja.

CCOO ha impugnado el despido de Orlando y no descarta movilizaciones para presionar a la empresa ante lo que considera una decisión "perversa" para recortar personal con trabajadores de mayor antigüedad con baja indemnización. De esta manera, buscan el apoyo del comité de empresa, aunque lamentan que, hasta el momento y "por unas causas u otras", los intentos están siendo infructuosos.


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