Vicente Mediavilla cree que el acuerdo garantiza alcanzar los «niveles óptimos de seguridad» en las instalaciones judiciales»
ALERTA / SANTANDER
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el convenio de colaboración y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de seguridad en los edificios de la Administración de Justicia en Cantabria. Así, el Gobierno de Cantabria destinará anualmente alrededor de 240.000 euros para completar las retribuciones de un total de catorce efectivos que realizarán labores de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones judiciales de la Administración de Justicia en Cantabria, informó el Ejecutivo.



El consejero de Justicia, Vicente Mediavilla, cree que este acuerdo garantiza alcanzar los «niveles óptimos de seguridad» en los edificios judiciales de toda Cantabria, a través de la «experiencia y destreza» mostrada siempre por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Mediavilla recordó que esta actuación del Ejecutivo viene a sumarse a otras ya emprendidas para mejorar la seguridad de los edificios existentes en los ocho partidos judiciales de Cantabria.
Entre ellas, citó la renovación de todos los sistemas de vigilancia y el incremento del número de vigilantes y del horario en el que prestan servicio.
Además, «se mantiene una estrecha colaboración con los ayuntamientos en los que están situados los ocho partidos, para que la coordinación sea máxima», subrayó.
El convenio establece y regula la participación del personal del Cuerpo de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en las misiones de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Administración de Justicia en Cantabria.
En concreto, el objeto del acuerdo es la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Administración de Justicia en Cantabria que será realizado por miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de reserva y del Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda actividad.
Para ello, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil constituirá en Cantabria unidades específicas para la prestación de los servicios de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones judiciales dependientes administrativamente del Gobierno de la Comunidad Autónoma

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No he entendido bien que significa este acuerdo, si a partir de ahora retirarán a los vigilantes de seguridad para sustituirlos por funcionarios de los CCFFSS o si estos ampliarán o supervisarán el servicio ya existente.
En todo caso, malo para la seguridad privada, a quien una vez mas se ningunea públicamente en favor de la «experiencia y destreza» mostrada siempre por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Un saludo