Los joyeros son un gremio de grandes trabajadores que, desde hace una década, sufre un acoso constante por parte de los atracadores. Según sus propias cifras, los últimos tres años han sido víctimas de al menos 700 robos con violencia, más otros 400 hurtos o sustracciones. Sólo en Madrid, la incidencia de atracos ha subido de 67 en 2007, 87 en 2008 y 89 en 2009. De seguir así, dentro de poco todos los joyeros sin excepción habrán sido atracados al menos una vez.
En general se tiene una idea equivocada sobre joyeros, plateros y relojeros. Lejos de estar compuesto por un grupo de potentados a los que no preocupa el dinero, en realidad son una clase trabajadora que arriesga a diario su patrimonio. Muchos no sólo tienen tienda, sino también taller de joyería en el propio establecimiento, con lo que apenas salen de él. Se pasan la vida trabajando para perderla en un minuto a manos de un par de indeseables que abren la puerta de su negocio. Van a trabajar con miedo y viven con angustia las largas jornadas al frente de sus locales. Viven bajo una tensión inaguantable, aunque todavía no hayamos podido verlo en uno de esos creativos reportajes de la tele.
Con tanto tiempo a sus espaldas sufriendo esta situación intolerable, que no mitigan los avances técnicos, la seguridad privada ni los múltiples esfuerzos realizados, tienen perfectamente señalada la raíz de la cuestión. El problema del gremio de joyeros son los reincidentes, los delincuentes profesionales. Incluso han confeccionado una lista «con nombres y apellidos» –precisan– de «60 delincuentes que acumulan 3.500 detenciones policiales». Se dice pronto, pero «este club de los 60» sume en la inquietud, la angustia y el pánico a cientos de honradas familias, ante la impavidez de los políticos.
Modificar la ley
De hecho, los joyeros incluso han encontrado solución a su problema: bastaría con modificar un par de líneas de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aquellas que permitieran meter en la cárcel a los reincidentes para que no pudieran seguir atracando entre una y otra causa de las que se acumulan a sus espaldas.
La última es de traca. El pasado fin de año, una gran joyería situada en la plaza de Canalejas, en el centro de Madrid, en un quinto piso, fue robada por el procedimiento del «butrón» por una banda que actuó con mucha eficacia: planificó con gran cuidado y aprovechó las largas fiestas para penetrar a través de un andamio situado en la fachada, del que anularon sus medidas de alarma, desactivaron la seguridad pasiva y entraron con radiales y otras herramientas con las que desvalijaron todo el almacén. Los propietarios calculan que se llevaron un millón de euros en joyas, lo que para ellos significa «la ruina».
Hay sangre de joyeros en las calles de todas las ciudades que fueron asesinados tras un atraco. Hay resistencias de joyeros al frente de sus negocios que se han negado a perderlo todo y lo han pagado caro. Pero eso no es nada ante la incertidumbre insoportable de cada día: nunca saben si el próximo que abra la puerta sacará un arma.
La insensibilidad política ante asunto tan preocupante es extrema. Se trata de uno de esos vacíos del Gobierno central, responsable de la seguridad y la paz de los ciudadanos. Armando Rodríguez, secretario del Gremio de Joyeros, protesta como alguien muy acostumbrado a tener que repetir y predicar en el desierto: «El año pasado fue malo. Hacen falta actuaciones por parte del Legislativo». Sería necesaria y urgente la prisión preventiva para los reincidentes.
Obligados a jubilarse
En EE UU, cuando se cometen tres delitos seguidos, se pasa automáticamente a una condena más grave. Es decir, se trata de disuadir al que persiste en la delincuencia. Es la medida que necesitamos para que cese la presión sobre quienes tienen un negocio abierto al público. Por eso hay joyeros obligados a cerrar y jubilarse a la fuerza. Tienen que abandonar, incapaces de aguantar la presión de la delincuencia. Pagan seguros muy altos e invierten mucho en seguridad.
Sólo en Madrid hay un robo cada tres o cuatro días. En algunos casos, el propietario muere. En 2008, un profesional de la joyería fue degollado en Leganés. Meses después apareció otro en el maletero de un coche en Villafranca de los Caballeros. Hace unos años, en Castelldefels, Barcelona, se desarrolló un drama familiar: un matrimonio de joyeros y su hijo fueron asesinados a machetazos en el interior de su tienda a plena luz del día. Los presuntos autores de esta tragedia resultaron ser dos ciudadanos españoles, y cómo no, con numerosos antecedentes policiales. No hemos podido olvidarlo. En nuestra clase política, ¿qué extraño complejo impide actuar a favor de la seguridad de la gente honrada?

http://www.larazon.es/noticia/8911-panico-en-las-joyerias