Vigilantes jurado custodiarán los edificios municipales a partir de marzo
El Consistorio granadino ha aprobado esta mañana la adjudicación definitiva del contrato de seguridad privada en los edificios municipales, una decisión que han llevado a los tribunales los sindicatos al entender que este servicio es competencia exclusiva de la Policía Local.
La custodia de inmuebles corresponderá a partir de marzo a la empresa Castellana de Seguridad S. A., que ha ganado el concurso con un importe anual de unos 450.000 euros. Según el expediente aprobado hoy por el Ayuntamiento, los vigilantes jurados cobrarán unos 18 euros la hora y los controladores 9,80 euros la hora.
La privatización de la seguridad en los edificios municipales responde a un plan ideado en el área de Protección Ciudadana para intensificar la presencia policial en las calles. Además, el año pasado se instalaron cámaras de vigilancia en algunas dependencias del Ayuntamiento y está pendiente la reorganización de los turnos del cuerpo, que prevé liberar a los efectivos de las oficinas y sustituirlos por agentes en segunda actividad.
Tras la restructuración, la capital contará con una treintena de policías más que en la actualidad, que pasarán de realizar labores de custodia y admnistrativa a la vigilancia a pie de calle. "La intención es hacer coincidir la entrada en vigor de los nuevos turnos con la seguridad privada en los edificios municipales", ha dicho a este diario el edil del ramo, Eduardo Moral. Esta medida pretende "ahorrar costes a la ciudad y obrar con más efectividad".
Entre las organizaciones que han puesto en manos de la justicia la custodia de inmuebles están CC OO y el Sindicato Independiente de la Policía Local (SIPLG). La denuncia se fundamenta en la Ley Orgánica de Fuerzas de seguridad, cuando dice que "los cuerpos de Policía Local deberán proteger a las autoridades de las corporaciones municipales y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones". A su vez, la Ley de Coordinación de las Policías de Andalucía establece que es competencia de los agentes locales la "protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias" públicas, así como garantizar "el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios".
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