La ley que prepara la DGA para la seguridad en las estaciones de esquí propone vigilancia privada. Los esquiadores no estarían obligados a llevar casco pero sí a utilizar las pistas adecuadas a su nivel y a atender las indicaciones de este personal, que tendrá la potestad de retirar pases.

Turismo insiste en que quiere sacar adelante la norma aunque lleva dos años sin avances.

Vigilantes de seguridad, bien identificados y en posesión del título correspondiente, controlarían el orden en las pistas de esquí en Aragón. Ellos serían los encargados de hacer una advertencia verbal a quien se comporte de forma incívica o de retirar el forfait a quien no cumpla las normas. Así se propone en el anteproyecto de la Ley de Seguridad en los Centros de Esquí y Montaña que comenzó a redactar el Gobierno aragonés y las estaciones hace ya cuatro años. Aunque desde hace dos no ha habido muchos avances, la consejería de Turismo insiste en que quieren impulsarla.

Después de que varios aficionados, esquiando fuera de pistas, provocaran aludes en Formigal y Astún, y de que la estación catalana de La Molina pusiera en marcha a principios de temporada un proyecto piloto con Mossos d'Esquadra patrullando por las pistas, el debate sobre la vigilancia se ha vuelto a poner sobre la mesa.

Y a pesar de que la mayoría de las estaciones aragonesas apuestan porque la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado sea fija y más numerosa, en el anteproyecto de ley que tiene el Gobierno aragonés no se contempla esta opción ya que, insistieron, no tienen competencia en materia de Orden Público. No obstante, en Sierra Nevada, en virtud de un convenio de la Junta de Andalucía con el Estado, actúa la Guardia Civil y una unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma.

Por eso en el borrador, que comenzó a redactarse hace cuatro años tras una recomendación del Senado a todas las Comunidades con estaciones, se apunta en el artículo 22 que el orden en pistas será ejercido en todo el área esquiable por vigilantes de seguridad, identificados y con la cualificación precisa para realizar esta tarea.

En el siguiente apartado, además, se indica que estos tendrán potestad para advertir a los esquiadores de que su conducta no es la adecuada, para retirar el forfait, para expulsar a un esquiador si lo consideran oportuno o para ponerlo a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado que patrullan habitualmente por los centros.

Recomienda el uso de casco
Respecto a las obligaciones de los esquiadores, que se recogen en el artículo 31, tan solo se apunta que deben atender las instrucciones del personal, respetar las normas de las pistas, comportarse de forma que no pongan en peligro a otros usuarios, que utilicen las pistas adecuadas a su nivel... Respecto a otro de los temas conflictivos, la obligatoriedad o no del casco, el anteproyecto no obliga, aunque si dice que "convendría la práctica generalizada" seguro de responsabilidad civil que cubra a terceros. Y a lo que sí obliga es a tener un seguro de responsabilidad civil.

Sin embargo, cabe apuntar que no todas las voces son iguales. Hay quien asegura que la cantidad de accidentados en pistas son 3 o 4 de cada 1.000 y que los incidentes de orden público son mínimos. "La gente va a disfrutar", añade un gran conocedor de las estaciones altoaragonesa. Y reclama, más urgente que una policía de pistas, las campañas de concienciación igual que las de tráfico para que los aficionados salgan a divertirse, para que respeten al resto, para que se lancen por las pistas que son de su nivel o para que respeten las indicaciones de los trabajadores de la estación. No es el único que opina así.

Eduardo Roldán, director de Candanchú, ya aseguró en su día, cuando el debate volvió a ponerse sobre la mesa a principios de temporada, que los incidentes son mínimos y que con la actual presencia de la Guardia Civil de Montaña (una pareja acude los fines de semana y días de gran afluencia a las pistas) es suficiente. "Esta solución la tenemos de forma natural desde hace años y lo hacen eficazmente y bien".

Una ley muy completa
El borrador que tiene la consejería de Turismo del Gobierno de Aragón, no obstante, toca otros muchos temas en sus 77 artículos. Clasificación de pistas, preparación y balizamiento de las mismas, la circulación de vehículos o paso de animales por el dominio esquiable, la señalización del área esquiable, la obligatoriedad de disponer de servicios de socorro y salvamento son algunos de los aspectos que se tocan.

A pesar de que el debate del documento lleva paralizado desde hace dos años, desde la consejería de Turismo del Gobierno de Aragón aseguraron que en reuniones informales con las estaciones se toca el tema y que, de todos modos, el texto que poseen está en un nivel de desarrollo muy avanzado, "solo falta pulir algunos detalles". Insistieron en que "hay voluntad" para retomarlo, aunque apuntaron que después debería pasar la tramitación de las Cortes Aragonesas.


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