Con los últimos casos de secuestros y el correspondiente pago del rescate, el Ejecutivo español está sentando un pésimo precedente que se puede volver en su contra. Lo del Alakrana ha sido el mejor ejemplo, o el peor, de para qué sirve un Gobierno y el uso que unos y otros pueden hacer de él cuando más les conviene y renegar cuando no interesa. El atunero, que dejó de ondear la bandera vasca cuando fue raptado, apeló a su ‘otra nacionalidad’ para que la papeleta del secuestro la resolviera España y no la empresa privada a la que pertenecía el barco. A día de hoy, con un pago millonario por su libertad, lo único que está claro es que el desembolso ha salido de las arcas españolas y a la propiedad del barco faenar por donde no debía le ha salido gratis total. Después de la lluvia de millones que cayó en tierras somalíes, lo de la seguridad privada en los barcos más parece un parche temporal para acallar voces y críticas que otra cosa. Habrá más casos Alakrana por esas aguas o por otras y la pregunta es si siempre se va a reaccionar igual, pagando, desinformando y mirando para otro lado.

A Mali también llegará dentro de nada, o ha llegado ya, otra lluvia de millones procedentes de España para pagar otro rescate, en este caso el de tres cooperantes catalanes raptados por terroristas mientras realizaban una labor solidaria, pero voluntaria y privada. Aquí, la Generalitat catalana se manifestó en el primer momento del secuestro y reivindicó su cuota de poder y liderazgo en la negociación, pero ahora, muy listos Montilla y compañía, dejan todo el protagonismo a los de siempre para que resuelvan la papeleta y al final paguemos todos.

Si el dinero que llegó a Somalia ha servido para dar alas a los delincuentes, elevar la inflación y mover mercados de todo tipo en un país descontrolado y totalmente a la deriva, en el caso de Mali, llegará directamente a manos de los terroristas, que más que presionar para que queden en libertad integrantes de Al Qaeda que se encuentran en cárceles de Europa, utilizan los raptos de occidentales para recaudar dinero rápido y fácil y armar a una población que se aliará con quienes les den de comer.

El Gobierno español ha pagado a terroristas, con lo que ya no tiene ninguna autoridad para criticar y tratar de impedir que, aquí, también se negocie a cambio de la libertad de un secuestrado. Con los graves precedentes de Somalia y Mali, habrá que reclamar que este Ejecutivo no discrimine a nadie y actúe siempre igual, independientemente de quienes sean los secuestrados y su lugar de origen. Viendo cómo ha actuado en estos casos, es una tranquilidad saber que a cualquier contratiempo inesperado en el extranjero, ahí está el Gobierno español dialogando y negociando, aunque sea con piratas y terroristas.

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