P. CERRADA Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante han detenido a un hombre de 34 años que presuntamente amenazó con una navaja a tres sanitarios del Hospital General porque iban a darle el alta a su padre, enfermo de cáncer, para ser trasladado al Hospital de San Vicente del Raspeig. El arrestado, con múltiples antecedentes policiales, prestó declaración ayer en dependencias policiales y negó que llegara a sacar un arma blanca y profiriera las amenazas denunciadas por dos enfermeras y por un estudiante de enfermería que estaban en la planta de oncología.
La detención fue realizada el pasado lunes por la tarde en el Hospital General de Alicante por policías del Grupo de Motos de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que se desplazaron al centro después de que un vigilante de seguridad diera la alerta. El padre del arrestado se encuentra ingresado con cáncer en el Hospital General y, aunque mujeres familiares del paciente habían dado el consentimiento para que le dieran el alta y lo trasladaran al Hospital de San Vicente del Raspeig, su hijo José Enrique estaba en contra y presuntamente mostró la navaja a los sanitarios diciéndoles que "la tengo preparada por si tengo que usarla".
Según la versión de los denunciantes, el ahora detenido estaba muy nervioso y no estaba dispuesto a que le dieran el alta para traslado a San Vicente pese a que el Hospital General había recibido el consentimiento de mujeres familiares del paciente.
Al centro hospitalario de San Vicente trasladan a diario desde Alicante a pacientes con enfermedades crónicas de largo tratamiento y a enfermos terminales que necesitan cuidados paliativos, según fuentes sanitarias.

Notable aumento de agresiones a médicos
Las agresiones a médicos en la provincia de Alicante se dispararon el pasado año y experimentaron un aumento del 152%. El Colegio de Médicos de Alicante representó en 2009 a 48 facultativos -el año anterior fueron 19- por haber sido objeto de agresiones, amenazas, trato vejatorio e insultos mientras realizaban su trabajo. Asimismo, los fiscales comenzaron hace dos años a calificar estos casos de atentado a funcionario público. P. C.

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