LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - ALEXIS GONZÁLEZ

Carlos Gutiérrez se prestó a declarar en favor de vigilantes en vez de abrir una investigación interna en la Corporación grancanaria.

Un juez de lo social ha dejado en entredicho y arrojado dudas de envergadura sobre el modo de proceder de un alto funcionario del Cabildo de Gran Canaria, el Jefe de Servicio de Régimen Interior, Carlos Gutiérrez, por haberse prestado a declarar en un juicio por despido, como testigo, en favor de vigilantes de Seguridad Integral Canaria que inflaban servicios y horas al Cabildo, en vez de haber abierto una propia investigación interna para esclarecer los hechos ahora probados.

En una sentencia fechada el 24 de marzo, el titular del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria desestima la demanda por despido improcedente de un vigilante de Seguridad Integral, Alexis González Melián, al considerar probado que en connivencia con el coordinador de servicios de la empresa, José Ángel García Martín, falsificaron trabajos e inflaron costes mediante horas extras ficticias cargadas al Cabildo.

En octubre de 2009, la empresa de seguridad de Miguel Ángel Ramírez Alonso detectó estas irregularidades y abrió una investigación interna, al constatar que desde el propio Cabildo, los responsables del servicio de vigilancia y seguridad privada, Adrián del Pino Sánchez y Carlos Gutiérrez Cárdenas, emitieron y notificaron a la empresa varios oficios contradictorios sobre los servicios prestados.

La trama descubierta por Seguridad Integral provocó el despido por causa disciplinaria del coordinador de servicios y otros cinco vigilantes jurados. Tres de ellos admitieron haber cometido esas "faltas muy graves" por órdenes del coordinador, García Martín -ahora delegado de la nueva empresa adjudicatoria de la seguridad del Cabildo, Serramar- y repartirse el dinero de las horas extras -entre 1.000 y 1.500 euros mensuales al menos entre enero y octubre septiembre de 2009- con su superior.

Sólo el coordinador de servicios y el vigilante González Melián negaron los hechos e interpusieron sendas demandas por despido improcedente y en ambos casos presentaron ante el Juzgado como testigo al Jefe de Servicio de Régimen Interior del Cabildo, responsable del reciente informe de adjudicación a Serramar de la seguridad de la Corporación, en detrimento de Seguridad Integral.

El magistrado resalta "la extrañeza que produce en este Juzgador que el Jefe de Servicio del propio cliente de la demandada, Cabildo de Gran Canaria, se persone como testigo de la parte actora pretendiendo certificar la realización de servicios cuando, o bien estaba de baja médica, o bien estaba de vacaciones (tal como ha reconocido expresamente), lo que imposibilita conocer si estos se realizaban o no y en qué condiciones".

Un funcionario contra el interés público

El juez afea la conducta del funcionario por pretender "esclarecer verdad sobre periodos en los que no estuvo de alta y operativo, sobre servicios cuya realización no puede constatar pese a solicitar su realización y dar el visto bueno a los cuadrantes que propician la facturación a la entidad pública para la que trabaja, hechos en definitiva que de ser ciertos, que lo son, afectan de forma negativa al interés público que el testigo debe defender como responsable de la Administración perceptora de los servicios cuestionados".

El juzgador afirma que "no puede entenderse cómo los responsables del propio Cabildo, entre ellos el testigo, no procedieran a la inmediata apertura de un expediente para investigar los gravísimos hechos de forma interna tras su conocimiento, y se limite el testigo a comparecer sobre hechos que, además, se escapan cuanto menos a su percepción directa al no estar presente en los servicios[...], sin entrar a valorar, pues no resulta objeto de este procedimiento, los contradictorios comunicados del Cabildo y de sus intervenientes, Don Adrián del Pino y Don Carlos Gutiérrez".

Para el juez José Juan Ramos Campodarve, "el testimonio del testigo de la parte actora, por tanto, no merece ninguna credibilidad a este Juzgador, antes al contrario, resulta difícil de entender lo que se pretende con la comparecencia de la persona encargada de velar por los intereses del Cabildo, en los juicios de despedido de las personas despedidas por la empresa precisamente en defensa de los intereses del cliente, además de los propios".

Seguridad Integral abrirá la vía penal

A raíz de esta sentencia, Seguridad Integral Canaria ha puesto en marcha a sus servicios jurídicos para abrir la vía penal no sólo contra los vigilantes jurados y el coordinador de servicios, sino también contra los dos funcionarios del Cabildo que desde hace meses conocieron los hechos y no actuaron internamente.

El objetivo de la empresa de Miguel Ángel Ramírez es que los vigilantes despedidos devuelvan el dinero facturado de más al Cabildo de Gran Canaria y que se depuren todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias.

http://www.canariasahora.com/noticia/126635/

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

El delegado de la empresa ejercía de conductor particular de Carlos Gutiérrez cuando todavía trabajaba para Seguridad Integral Canaria.

Un GPS instalado en un coche de Seguridad Integral Canaria ha delatado la connivencia existente entre el jefe de los Servicios de Régimen Interior del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Gutiérrez, y los representantes en la isla de la empresa Serramar, adjudicataria provisional de los servicios de seguridad y vigilancia de la primera Corporación insular. El ex coordinador de esos servicios cuando los ejecutaba Seguridad Integral Canaria, José Ángel García, levantó las sospechas de su empresa, que abrió una investigación secreta instalando ese sistema de seguimiento por satélite.

El seguimiento sirvió para descubrir que en julio de 2009, cuando ya había sido convocado el concurso para la adjudicación de los servicios de seguridad y vigilancia del Cabildo, el coordinador de Seguridad Integral Canaria recogió en el coche de la compañía al funcionario Carlos Gutiérrez, responsable de informar de esa adjudicación, para llevarlo a almorzar a un restaurante de cocina china situado en el barrio de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria.

En esa comida se encontraban presentes, según los informes internos de Seguridad Integral Canaria, el referido funcionario cabildicio, el coordinador de los servicios de Seguridad Integral Canaria para esa Corporación, José Ángel García, y el delegado de Serramar para Canarias, Rafael Gallego.

García trabajaba en aquellos momentos para Seguridad Integral Canaria, empresa de la que fue despedido en octubre de 2009 tras descubrirse su connivencia con Serramar, compañía de la competencia que también se había presentado al concurso. Rafael Gallego, por su parte, tuvo que renunciar a ese cargo por ser condenado a ocho años de prisión por un delito de tráfico de drogas, condena que cumple en estos momentos en la prisión Tenerife II.

El GPS instalado en el coche del coordinador de Seguridad Integral Canaria también sirvió a la empresa para descubrir que su empleado ejercía de conductor al servicio del funcionario Carlos Gutiérrez, al que recogía en su casa para llevarlo a su puesto en el Cabildo o para llevarlo de compras y a otras actividades que nada tenían que ver con su tarea.

Carlos Gutiérrez, en su calidad de jefe de los Servicios de Régimen Interior del Cabildo de Gran Canaria, es el responsable de informar sobre las propuestas de adjudicación de los diferentes concursos que son convocados por la institución. En el caso del de los servicios de seguridad y vigilancia, Gutiérrez delegó esa tarea en su mano derecha, el interino Adrián del Pino, por encontrarse de baja por enfermedad de manera recurrente. Sin embargo, Gutiérrez ha participado directamente en este proceso porque, de hecho y pese a estar de baja en aquellos momentos, acudió al Cabildo el día que se abrieron las plicas con las ofertas económicas de las empresas que concurrieron a este concurso, según informaron testigos presenciales.

Es más, durante las deliberaciones celebradas en la Mesa de Contratación, Adrián del Pino recurrió constantemente al latiguillo de "es el criterio unánime del servicio de Régimen Interior" cuando era requerido para que informara de las arbitrariedades detectadas en la valoración hecha de las ofertas de las empresas concursantes.

El Cabildo abrió este lunes un expediente informativo para conocer el alcance de la presunta connivencia entre los funcionarios y la empresa Serramar, una vez una sentencia de un juzgado de la jurisdicción social llamara la atención sobre el papel desempeñado como testigo en un pleito por despido por parte del funcionario Carlos Gutiérrez.

Seguridad Integral Canaria despidió en octubre pasado a cinco de sus empleados, cuatro vigilantes y el coordinador José Ángel García, al descubrir que se inflaban las horas extraordinarias y se facturaban servicios no realizados al Cabildo con el fin de obtener sobresueldos que presuntamente eran luego repartidos con el coordinador.

http://www.canariasahora.com/noticia/126832/

El alto funcionario expedientado se siente víctima de ''una caza de brujas''. No pudo abrir un expediente a los vigilantes por no ser trabajadores del Cabildo.

Carlos Gutiérrez, jefe de servicio de Régimen Interior del Cabildo de Gran Canaria, se siente "víctima de una caza de brujas". Su "nombre y apellido" ha saltado a la luz pública esta semana, a raíz de una sentencia de un juez de lo social que muestra su extrañeza por haberse prestado a declarar, en calidad de testigo, a favor de dos empleados de la anterior adjudicataria del servicio de seguridad y vigilancia de la Corporación insular, Seguridad Integral Canaria, despedidos por falsificar servicios e inflar horas de trabajo a costa del erario del propio Cabildo.

Gutiérrez Cárdenas es señalado como artífice del informe de adjudicación del nuevo servicio de vigilancia, en favor de la mercantil Serramar y en detrimento de Seguridad Integral Canaria, contra el criterio de los servicios jurídicos del Cabildo. El jefe de Régimen Interior niega su participación en esa polémica decisión, recurrida por Seguridad Integral y suspendida este mismo miércoles por la consejería de Presidencia. "Ni siquiera yo intervine en la adjudicación del concurso", mantuvo el funcionario, que estuvo de baja del 24 de abril al 1 de septiembre de 2009.

"Yo estaba de baja y nunca pudo intervenir", insistió Gutiérrez. "El informe lo hizo Adrián [del Pino Sánchez] con los criterios subjetivos como estaban y salió como salió. El asesor jurídico tuvo en cuenta una serie de cosas que no se pedían contratar [en referencia a las mejoras ofertadas por Seguridad Integral], como detectores de bombas o espejos debajo de los coches para descubrir artefactos. Los coches del Cabildo quedan cerrados por la noche en la cochera y nadie puede poner bombas ahí", argumentó.

"Sólo se pedía contratar vigilancia en dependencias, y no como la corporación anterior, que quería guardaespaldas y escoltas", dijo al respecto del concurso ahora suspendido por el recurso de Seguridad Integral. "Estamos en una situación de precariedad económica en todas las instituciones y esa adjudicación, que pude verla cuando Adrián hizo el informe y la comparto, responde al criterio del menor coste para el Cabildo".

"Vayan al restaurante y pregunten"

Gutiérrez Cárdenas niega de manera tajante haber almorzado en pleno proceso de adjudicación con el delegado de entonces de Serramar en Canarias, Rafael Gallego, y el actual, José Ángel García Martín, cuando éste todavía trabajaba como coordinador de servicios de Seguridad Integral ante el Cabildo de Gran Canaria. "Eso es totalmente incierto, vayan al restaurante y pregunten, no he comido nunca ahí con esas personas", aseguró el jefe de Régimen Interior del Cabildo en referencia a la investigación interna de Seguridad Integral, por medio de un dispositivo GPS, que lo sitúa en pleno proceso de adjudicación del concurso en un restaurante chino de Tamaraceite con miembros de Serramar.

Tampoco recuerda si el 15 de julio de 2009, día en que se hizo el seguimiento vía GPS por parte de Seguridad Integral Canaria a uno de sus vehículos y se detectó el presunto almuerzo en el chino de Tamaraceite, acudió previamente durante la mañana a la apertura de plicas del concurso, a pesar de estar de baja desde el mes de abril anterior.

"Aunque estaba de baja solía ir por el Cabildo, a entregar los partes, saludar a los compañeros, pero exactamente no puedo decir si estuve o no ese día, pero sí comenté con Adrián todo lo concerniente a las ofertas", explicó Gutiérrez quien asegura haber recibido varias invitaciones de Miguel Ángel Ramírez, administrador de Seguridad Integral, para almorzar. "Quien sí me insistió en comer conmigo fue Miguel Ángel Ramírez y le dije que no, me negué a comer y me niego, soy un funcionario avezado y mi ética no me lo permite", dijo.

"No podía negarme a acudir ante el juez"

"Estoy asombrado. Esto es una caza de brujas", reiteró Gutiérrez Cárdenas este miércoles. "No podía negarme a acudir ante el juez como testigo y en la citación se me advierte expresamente de ello", explicó a este periódico acerca de los motivos de su presencia en el juicio laboral que ha desatado la polémica y el consiguiente expediente del Cabildo grancanario, donde quedó probada la existencia de una trama de cobros irregulares al Cabildo entre el anterior coordinador de servicios de la empresa y cinco vigilantes.

En la sentencia, el magistrado recrimina al alto funcionario del Cabildo por no haber abierto en su momento una investigación interna -el caso fue detectado por los propios servicios internos de la empresa adjudicataria- ante las sospechas evidentes de irregularidades en la facturación de horas y servicios a la Corporación. Ahora, el propio Cabildo ha abierto un expediente de diligencias informativas debido a que la sentencia "levanta sospecha sobre la actuación de funcionarios del Cabildo", en referencia a Carlos Gutiérrez y a su subordinado en el departamento de Régimen Interior Adrián del Pino Sánchez.

Gutiérrez Cárdenas se defiende ante esas "sospechas" y así lo hará constar en el expediente abierto por la consejera de Presidencia, Encarna Galván: "No podemos intervenir en lo que hace una empresa externa", explicó a este diario. "Para mí la facturación era correcta, la gente hacía los servicios que se habían encomendado y yo no había recibido quejas de ningún departamento", en relación a horas de más o servicios ficticios en la seguridad y vigilancia de la Corporación gobernada por PSOE y NC.

"No contratamos personas, sino horas y servicios"

Es más, Carlos Gutiérrez asegura que de haber abierto un expediente a esos vigilantes jurados o al coordinador de servicios de la empresa, José Ángel García Martín -ahora delegado en Canarias de Serramar- "me hubiese arrogado una potestad con esos trabajadores que hubiese provocado un problema al Cabildo, ya que un juzgado de lo social hubiese entendido que esos trabajadores estaban bajo nuestro control y tendríamos que haberlos asumido como personal de la Corporación".

Gutiérrez Cárdenas insiste en haber actuado con diligencia en todo lo concerniente a la trama de comisiones ilegales del denominado caso seguridad. "Sólo podíamos dirigirnos al coordinador de servicios de la empresa, no podíamos meternos en temas de personal porque nosotros no contratamos personas, sino horas y servicios, y así me lo dijo mi política [en referencia a la consejera de Presidencia, Encarna Galván]".

Al respecto, el jefe de servicio de Régimen Interior, actualmente de baja médica, explicó que los propios servicios jurídicos del Cabildo así lo han advertido en otro contrato de servicios, en este caso de limpieza: "No podemos controlar al personal, sino a los representantes de esas empresas externas".

http://www.canariasahora.com/noticia/126999/

Encarna Galván admite haber recibido un "obsequio" de Serramar que devolvió, aunque "no consideramos que escondiera ninguna intención".

"Hemos sido estafados nosotros y nuestro cliente, el Cabildo de Gran Canaria". Así de contundente se manifestó este jueves en declaraciones al programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria.

Ramírez dirigió sus acusaciones dentro del caso Seguridad al jefe de Servicio de Régimen Interior de la Corporación insular, Carlos Gutiérrez. Aseguró el presidente de Seguridad Integral que va a presentar a la Consejera insular de Presidencia, Encarna Galván, documentación fruto de la "investigación interna" de su empresa para aclarar las supuestas irregularidades en la prestación del servicio.

En opinión de Ramírez, estos datos provocarán que el actual expediente informativo abierto por el Cabildo se convierta en disciplinario. También valoró las declaraciones a CANARIAS AHORA de Carlos Gutiérrez, quien afirmó que no estaba en sus funciones expedientar a trabajadores externos y negó haber almorzado con dirigentes de otra empresa del sector que luego resultaría adjudicataria del concurso suspendido ahora por el Cabildo.

Respecto a lo primero, Miguel Ángel Ramírez recordó que la "obligación" del jefe de Régimen Interior es "velar" por el cumplimiento del contrato, y expuso que los incumplimientos de los vigilantes se producían a 25 y 50 metros respectivamente de dónde el propio Carlos Gutiérrez trabajaba. Y sobre el almuerzo, Ramírez apuntó a la contradicción de que Gutiérrez "no recuerde si ese día fue a la apertura de plicas, pero sí que no fue a comer" con responsables de la empresa antes mencionada, Serramar.

Por estos y otros motivos, Ramírez se reafirmó en su acusación de que el caso Seguridad es una "estafa a un organismo público", en referencia al Cabildo de Gran Canaria.

La versión del Cabildo

Encarna Galván, consejera de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, también dio su versión al programa El Correíllo sobre este asunto. En primer lugar, expuso que desde la Corporación se presume "en lo posible" la "inocencia" de sus trabajadores.

No obstante, admitió que hay una sentencia que "todavía no es firme" donde "se nombra a dos personas de Régimen Interior como presuntos conocedores de lo que ocurría". Y además, estuvo de acuerdo en que Carlos Gutiérrez tiene en sus funciones "controlar las facturas", para que coincidan "con los servicios que se están prestando".

Por último, Encarna Galván confirmó que Serramar le envió "en la parte previa a la adjudicación" un "obsequio" (una agenda) que "fue devuelto sin más". Y aunque fue la única empresa que se presentaba al concurso que lo hizo, la consejera dijo que "tampoco consideramos que eso escondiera ninguna intención".

http://www.canariasahora.com/noticia/127078/

PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA El que era coordinador de servicios de Seguridad Integral Canaria se reunía con representantes del Cabildo y de Serramar durante el proceso de adjudicación del concurso del servicio de vigilancia de la institución. El concurso fue a parar a manos de Serramar, en contra de la opinión de los servicios jurídicos del Cabildo, y el coordinador de servicios de SIC es ahora el representante de Serramar.

Un detallado informe del grupo de asuntos internos de Seguridad Integral Canaria fue presentado el pasado viernes a la corporación insular. En él se recogen pruebas indiciarias de un presunto amaño del concurso, que el Cabildo paralizó el miércoles el recurso administrativo presentado por SIC a la adjudicación a Serramar.

Tras detectarse irregularidades en la facturación de horas del servicio de vigilancia que SIC tenía en la sede del Cabildo, en la que el coordinador José Ángel García apuntaba servicios que no se realizaban a al menos tres vigilantes a cambio de comisiones de entre 1.000 y 1.500 euros mensuales, como quedó acreditado en una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Seguridad Integral colocó un GPS al vehículo de su propiedad que era utilizado por García.

El dispositivo de seguimiento ofreció resultados sorprendentes, siempre según el citado informe entregado al Cabildo el pasado viernes. Como por ejemplo que García utilizaba el vehículo que SIC había puesto a su disposición para mantener reuniones con un representante del Cabildo, Carlos Gutiérrez, y otro de la empresa Serramar, Rafael Gallego, hoy en prisión por tráfico de drogas. Eran momentos en que se debatía en la corporación insular la adjudicación del Servicio de Vigilancia, que fue a parar finalmente a Serramar. El informe recoge cómo José Ángel García utilizaba el vehículo de SIC "a modo de coche oficial" de Gutiérrez, que además estaba de baja. García fue despedido y es ahora el representante de Serramar.

http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2010/04/11/seguridad-integral-probara-amano-cabildo/295435.html