El PP estima ilegal que el Ayuntamiento pague a una firma privada por patrullar y pide a la Alcaldesa que ponga de su bolsillo los 90.000 euros ya abonados

El PP exige que la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y el concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, reintegren al Ayuntamiento los más de 90.000 euros que ha pagado desde agosto el Consistorio a una empresa privada de seguridad para vigilar la nueva urbanización de Roces. El contrato con la empresa, que asciende a unos 146.000 euros al año, es ilegal, según asegura el concejal del PP, Pedro Muñiz.

El concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, justificó la contratación de una empresa de seguridad privada para proteger el patrimonio público en una urbanización en la que aún no hay vecinos.

El PP, en cambio, considera que el gasto municipal en seguridad privada para el área de Roces es ilegal, tanto si ese terreno aún sigue dependiendo del promotor, que fue Sogepsa, como si las calles ya han pasado a manos del Ayuntamiento. La posible disyuntiva la aclaró ayer Sogepsa al indicar: «La urbanización del área de Roces está entregada desde finales de 2008» al Ayuntamiento, por lo que la seguridad en la zona es competencia municipal. De esa forma salió al paso de las sospechas de trato de favor municipal a Sogepsa y a constructores privados por la contratación pública de la seguridad privada.

Una contratación que, no obstante, sigue siendo ilegal, según el PP, dado que las calles públicas sólo las pueden vigilar las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos como la Policía Municipal o la Nacional. «La ley prohíbe contratar vigilancia privada. La tiene que dar la Policía Municipal, si el Ayuntamiento se ha hecho cargo del área de Roces. ¿Qué va a ser lo próximo que se les ocurra, contratar vigilantes privados para el paseo del Muro en verano?», abundó Pedro Muñiz.

El edil del PP insistió en que «esta ilegalidad nos está costando mucho dinero», para recalcar que el mismo lo deben «reintegrar a las arcas municipales la Alcaldesa y Santiago Martínez Argüelles, si es el padre del engendro», aprobado por decreto de Alcaldía. Así lo va a plantear el PP en la Comisión municipal de Hacienda, que se va a celebrar el lunes de la próxima semana.

El PP preguntará en la Comisión de Hacienda si el Ayuntamiento se ha hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales en el área de Roces, tal como asegura Sogepsa. También preguntará a Santiago Martínez Argüelles si la Delegación del Gobierno ha autorizado la vigilancia privada en Roces.

La ley establece que la vigilancia privada en urbanizaciones debe contar con la autorización del Gobierno Civil de la provincia y con informe de las autoridades competentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes, cuestiones que en este caso «no nos consta» que haya solicitado el gobierno municipal.

Pedro Muñiz anunció ayer que si no se corrige la situación, será el PP quien pida el informe preceptivo a la Delegación del Gobierno. Los populares también estudiarán, en ese caso, poner los hechos en conocimiento de la fiscalía.

http://www.lne.es/gijon/2010/04/13/empresa-contratada-seguridad-area-roces-cobrara-146000-euros/899644.html

«Lo desconozco». Así respondió la Alcaldesa a la pregunta sobre si el Ayuntamiento había solicitado a la Delegación del Gobierno autorización para contratar vigilancia privada en Roces. El informe favorable del órgano que dirige Antonio Trevín es obligatorio para utilizar vigilancia privada fuera de edificios.

El artículo 13 de la ley 23/1992 de Seguridad Privada establece que «salvo la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes u objetos, los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados, sin que tales funciones se puedan desarrollar en las vías públicas ni en aquellas que, no teniendo tal condición, sean de uso común. No obstante, cuando se trate de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas, podrán implantarse servicios de vigilancia y protección en la forma que expresamente se autorice».

El reglamento 2364/1994 que desarrolla la ley señala, en su artículo 80, que la vigilancia en urbanizaciones debe estar autorizada por el gobernador civil, previo informe de las fuerzas de seguridad.

Además fija las condiciones de «que la Administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales», que las urbanizaciones cuenten con una «administración específica», estén separadas de otros núcleos y que no haya un uso público de sus calles, entre otras.

http://www.lne.es/gijon/2010/04/14/alcaldesa-desconoce-pidio-autorizacion-delegacion-gobiernobr/900223.html

La mandataria municipal defiende la contratación de una empresa privada porque «no estamos hablando de tráfico, sino de mobiliario público»


La alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, justificó ayer que el Ayuntamiento haya contratado vigilantes privados para patrullar por el área residencial de Roces, en vez de encomendarlo a la Policía Local porque se trata de proteger el mobiliario urbano y no de cuestiones de tráfico. El PP ha desvelado que el Ayuntamiento ha contratado los servicios de Protección y Seguridad Técnica, S. A. por 146.000 euros al año. Ya ha pagado más de 90.000 euros desde el pasado mes de agosto. El PP considera ilegal que un Ayuntamiento contrate vigilancia privada para las calles y exige a la Alcaldesa y al concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, que reintegren el dinero de sus bolsillos.

Felgueroso dio ayer algunas explicaciones sobre por qué se contrató vigilancia privada en vez de optar por la Policía Local: «No estamos hablando de cuestiones de tráfico, sino que estamos hablando de un mobiliario público y de unas instalaciones que hemos recibido de Sogepsa. Estamos hablando de eso, no de que allí haya cuestiones de tráfico ni de que vigilen otro tipo de cosas. Estamos hablando de que cuando hay que recibir las urbanizaciones, hasta que no haya las primeras personas que vivan allí, aquello por la noche hay que vigilarlo para evitar daños de una urbanización que luego tiene que reponer el Ayuntamiento de Gijón».

Respecto a la denuncia del concejal Pedro Muñiz que sostiene que esa contratación de vigilancia privada es ilegal, conforme se establece en la ley de Seguridad Privada, la regidora socialista se limitó a señalar que «no voy a darle contestación a esto, ya se explicó por qué se hacía y cuál era la razón», y, a renglón seguido, criticó que el PP hablara inicialmente de un trato de favor a Sogepsa y a los constructores, cuando Sogepsa ya había traspasado el área de Roces al Ayuntamiento a finales de 2008.

La regidora municipal también negó que el Ayuntamiento tenga vigilancia privada en las calles de Gijón: «Esto no son calles abiertas al conjunto de Gijón. De alguna manera hay un paso por allí, pero esto no es distinto», manifestó.

http://www.lne.es/gijon/2010/04/14/felgueroso-sostiene-policia-local-competente-vigilar-roces/900222.html