Medio Ambiente CyL rompe con Tragsa y readjudicará los servicios a través de una sociedad pública propia 
Las piscifactorías con las que se están repoblando todos los ríos de Castilla y León, entre ellas la de Vegas de Condado, los viveros que proporcionan árboles y semillas para las reforestaciones de los bosques de la comunidad y varios centros de investigación punteros como el Centro de Investigación Forestal de Valonsadero (Soria), el Centro para la Defensa contra el Fuego (León) y el Centro de Plagas de Calabazanos (Palencia) pasarán a una empresa pública.
El traspaso de la explotación a través de la Sociedad Pública de Medio Ambiente (Samacyl), entidad de capital íntegramente público, permitirá a la Consejería de Medio Ambiente retirar, por un lado, todos los pliegos de contrataciones que mantiene con Tragsa argumentando que Samacyl abaratará cualquier coste frente a la empresa semipública estatal y, por otro, posibilitará la privatización de los citados servicios, incluso con la subcontratación de alguno de ellos. Las fuerzas sindicales implicadas en la negociación advierten que la intención de la Administración autonómica es permitir la subcontratación de todos estos servicios en cuanto deje de tener responsabilidades sobre ellos.
Sueldos más bajos. El anuncio se hizo el pasado mes de diciembre y, aunque se trata de sectores en los que prima la temporalidad de las contrataciones, se calcula que afectará de lleno a 200 empleados en Castilla y León que tendrán que ser recolocados en otros puestos de la Administración o pasar voluntariamente a depender de los nuevos gestores.
De ellos, aproximadamente un 25% tendrá que pasar a Samacyl, puesto que duplicarían en la consejería las funciones propias de esta sociedad, tales como las reforestaciones y el cuidado medioambiental. Y aquí entra la lucha sindical, porque tanto UGT como CC.OO. denuncian «la precariedad laboral» que tendrá como consecuencia esta iniciativa y acusan directamente a la Junta de fomentar la «indignidad del empleo». De darse esta situación, esta parte de los trabajadores pasaría de estar regulada por el Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta a regirse por el Convenio Forestal, con una diferencia salarial a la baja del 40%.
Según los planes anunciados por Medio Ambiente en la única reunión que ha convocado al respecto, una parte de las piscifactorías y los viveros forestales cambiarán de gestor en una primera fase, mientras que el resto se realizará conjuntamente en un segundo proceso. En diciembre, la primera fase pretendía estar concluida en el primer trimestre del año, aunque no se han vuelto a producir nuevos encuentros, por lo que hace escasos diez días los representantes regionales del área de Servicios Públicos de UGT, CC.OO. y Csif presentaron una queja formal en la Administración porque desconocen las pretensiones que hay para los trabajadores afectados.
Los tres sindicatos coincidieron en exigir a la Junta que cumpla con su obligación de seleccionar a su personal siguiendo los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, como establece el Estado del Empleado Público. Desde su punto de vista, «esto no se está cumpliendo», indicó el secretario regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Argimiro Noriega, quien añadió que «hay servicios que necesariamente tienen que ser ofrecidos por empleados públicos. Y si hay que utilizar estas empresas públicas para que todo sea más ágil, hagámoslo, pero dignifiquemos el empleo».
Sólo el principio. «Y esto es sólo la primera atacada», denunció el secretario regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Juan Carlos Cisneros. Avanzó que la Consejería de Medio Ambiente ya está realizando un análisis con todos los medios humanos que necesitaría la Sociedad Pública de Medio Ambiente para asumir y después contratar la gestión de los viveros forestales, las piscifactorías y los tres centros de investigación.
Pero más que una política aislada de privatizaciones en materia de Medio Ambiente, las últimas licitaciones administrativas publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) amplían el campo y constatan que se trata de una opción política del Gobierno de Castilla y León. Sólo el pasado 14 de enero, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades privatizaba de un plumazo la explotación del campamento juvenil de Pola de Gordón, el de San Pedro de las Herrerías (Zamora) y el servicio de información y asesoramiento en materia de normativa de Juventud. Antes ya lo había hecho con la gestión del albergue juvenil de Villamanín y el albergue de Espinosa de los Monteros, además del servicio de información telefónica de atención a las demandas de servicios sociales.
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