La Agencia de Protección de Datos expedienta al Ayuntamiento por
instalar cámaras de vigilancia de forma irregular. La ley permite que
empresas o particulares las coloquen sin pedir permiso.


LUI COSTAS. A CORUÑA. Un paseo por O Parrote, un café en la plaza de
María Pita, salir de copas por el Orzán o escapar del bullicio de la
ciudad a bordo de su coche con la música a tope, rumbo al puente de A
Pasaxe.... Cualquier escena de su vida, por irrelevante que le parezca,
puede haber sido captada por los cientos de cámaras que hay diseminadas
por A Coruña. Los ojos del Gran Hermano vigilan desde cada esquina los
pasos que miles de coruñeses dan, confiados en su anonimato, amparados
por una libertad que no existe tal y como se la concibe. Hasta los
turistas que llegan a la ciudad en coche, tren o autobús pueden ser
seguidos por las videocámaras desde el momento en que enfilan Lavedra o
se apean en cualquiera de las dos estaciones hasta que llegan a sus
destinos, a una casa o un hotel sin vigilancia de las zonas privadas.

La seguridad -del tráfico, de las entidades financieras, de los
edificios públicos o de las sedes de grandes empresas- es la disculpa
que ha llevado a todo tipo de instituciones y compañías de diversos
sectores y colores a colocar dispositivos de grabación a las puertas de
sus edificios que no sólo detectan la llegada de algún intruso, sino
también la presencia de personas supuestamente anónimas cuyo único
delito es pasar junto a un edificio vigilado.

¿Cuántas cámaras de videovigilancia existen en A Coruña? Este dato, que
según la legislación debería ser público, es casi imposible de
determinar. El Gobierno aseguró hace menos de un año que la Delegación
del Gobierno en Galicia había autorizado la instalación de 75 cámaras
de cuerpos de seguridad y ayuntamientos en toda Galicia. Según esta
estadística, que el Ejecutivo reveló en respuesta a una pregunta del
BNG, los dispositivos oficiales de A Coruña se encontraban en el
Ayuntamiento, el edificio municipal de servicios económicos de La
Franja, en la sede de la Policía Local, en el garaje del cuartel y en
la estación de autobuses.

Nada decía de las cámaras instaladas en los cuarteles de la Guardia
Civil y Policía Nacional, en los edificios oficiales de las distintas
administraciones, las instaladas en la casa que Francisco Vázquez tiene
en O Parrote o las que permanecen ancladas a las farolas de María Pita.
La Delegación del Gobierno asegura no disponer de un censo de las
cámaras que están instaladas en el casco urbano y, ante el interés de
este diario, remite a la Agencia Española de Protección de Datos.

Los datos que el organismo autónomo archiva por comunidades autónomas
-y no por provincias o ciudades- contrastan sin embargo con los datos
revelados por el Gobierno al BNG. El Registro General de Protección de
Datos cuenta con 968 ficheros de videovigilancia inscritos en Galicia;
nueve son de titularidad pública y los restantes 959 pertenecen a
entidades privadas. La Agencia de Protección de Datos advierte sin
embargo de que el número de ficheros no se corresponde necesariamente
con el número de cámaras, ya que algunos agrupan varios dispositivos y
otros no figuran inscritos pese a que la ley obliga a hacerlo.
Numerosos organismos y administraciones públicas, se saltan la ley a la
torera y el Ayuntamiento de A Coruña es uno de ellos.

La Agencia Española de Protección de Datos abrió en junio pasado un
expediente sancionador al Concello por la instalación irregular de
cámaras de videovigilancia en diferentes puntos de la ciudad. Esta
semana acaba de confirmar que el Gobierno local infringió la Ley
Orgánica de Protección de Datos cuando el 14 de junio de 2006 comenzó a
colocar dispositivos de grabación sin dar de alta un fichero de
videovigilancia en el Registro General de la Agencia de Protección de
Datos. El organismo que vela por el derecho a la intimidad de los
ciudadanos propone castigar al Gobierno municipal con una sanción de
entre 601 y 60.000 euros por lo que considera una infracción leve. El
Ayuntamiento, según ha podido saber este diario, corrigió la
irregularidad en agosto pasado -dos años después de cometerla- tras
comprobar que el trámite del registro no había sido completado, y alega
para librarse de la sanción que el fallo ya ha sido subsanado.

Pero ésta no es la primera vez que el Gobierno local incumple la ley
que regula la instalación de cámaras de vigilancia. La Delegación del
Gobierno autorizó en febrero de 2007 la instalación de videovigilancia
en la estación de autobuses, seis meses después de que el Ejecutivo
presidido por Javier Losada hubiera colocado varias cámaras.

La ley orgánica que regula la videovigilancia establece que cada vez
que un ayuntamiento o un cuerpo de seguridad instala una videocámara en
la calle debe presentar una solicitud a la Delegación del Gobierno, que
autorizará o denegará el permiso tras someter el caso a estudio de una
comisión presidida por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza.
Manuel Ameijeiras no sólo legalizó la cámara ilegal sino que obvió
sancionar la conducta irregular del Gobierno local, según el Movemento
polos Dereitos Civís, una asociación que persigue los excesos de las
instituciones en materia de videovigilancia.

Pero lo cierto es que la legislación impone numerosas limitaciones a
los cuerpos de seguridad y a los ayuntamientos, y abre la manga con las
empresas y particulares que deciden instalar una cámara para vigilar un
edificio o el acceso a sus instalaciones.

Para empezar y según aclara el servicio jurídico de la Subdelegación
del Gobierno, si una empresa quiere instalar una cámara no necesita
autorización previa. La ley sólo impone que las cámaras sean instaladas
por una empresa de seguridad registrada en el Ministerio de Interior,
que los dispositivos estén homologadas y que no enfoquen a la vía
pública. La Ley de Protección de Datos establece que los titulares de
la cámara den de alta un fichero en su Registro General de Protección
de Datos, que coloquen un cartel en la zona afectada para avisar de la
existencia de la grabación y de la posibilidad de acceder al fichero
para demandar la modificación o borrado de sus propias imágenes.

La regulación de la captación de imágenes con fines de vigilancia está
sujeta a la legislación sobre el derecho al honor, pero ¿quien vigila
el cumplimiento de estas normas? La brigada de Seguridad Privada de la
Policía Nacional controla la actividad de las empresas de seguridad
privada y la Agencia de Protección de Datos responde con sanciones a
todos los incumplimientos, pero mientras los vídeos no trasciendan o no
medie una denuncia en contra, los responsables de estos dispositivos
puede hacerse casi de todo. Así lo atestigua Nilo Moreno, vigilante de
seguridad y miembro de la Asociación Galega de Traballadores de
Seguridade Privada (Agasep). "Las cámaras que la Policía Local tiene
para controlar el tráfico se pueden mover, pero tienen bloqueadas
algunas posturas para evitar grabar dentro de las casas. Una empresa o
un particular no puede dirigir sus cámaras a la vía pública, pero en la
práctica puede hacerlo sin que nadie se entere. Si paseas por zonas de
chalés como Ciudad Jardín o A Zapateira, verás que hay cámaras que
graban la calle", asegura.

El ex alcalde, Francisco Vázquez, tiene instaladas varias cámaras de
seguridad en las dos fachadas que tiene su casa, en el número 22 de la
calle Tabernas. Dos filman la entrada al garaje, al que se accede desde
el paseo de O Parrote; una tercera, instalada en un poste situado sobre
la acera de enfrente, custodia la fachada del edificio adquirido a
precio de saldo y otros dos dispositivos velan por la seguridad de la
entrada a la calle Tabernas. Si quienes vigilan las grabaciones de la
casa de Vázquez quieren usar los dispositivos para espiar a los
transeúntes, posiblemente puedan hacerlo sin ser sorprendidos.

¿Dónde están los cientos de ojos del Gran Hermano? Muchos de ellos
están a la vista, como las que vigilan los edificios públicos, o las
que registran el tráfico de la ciudad, un total de 27 cámaras
repartidas por las principales vías de comunicación; desde Alfonso
Molina a Puerta Real o desde Cuatro Caminos a la ronda de Nelle, en la
avenida de Arteixo o el paseo marítimo. Además existe una que apunta a
la entrada de cada uno de los cajeros automáticos que tienen los
bancos, otra en la sede central del Banco Pastor, en el Cantón Pequeño
y muchas custodian la clientela de los establecimientos sensibles a los
robos y que por ley deben estar vigilados, como las farmacias, las
joyerías, las administraciones de lotería o los bingos, entre otros.

Si determinar el número de videocámaras es difícil, ubicar todas ellas
en un mapa es casi imposible, porque muchas están ocultas y todavía son
pocos los operadores que cumplen con la norma de advertir de su
existencia.

http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008101900_2_229911__ACorunaMetro-Cientos-ojos-para-Gran-Hermano