La crisis agrava el problema de los vigilantes de seguridad privada,
que son sustituidos por personal sin cualificación específica y que
cobra menos. Los sindicatos llevan desde 2005 denunciando, sin éxito,
esta realidad.
P. FUMERO, S/C de Tenerife
Miguel se reúne a veces con algunos compañeros de profesión. Todos son
vigilantes de seguridad privada y todos están desempleados actualmente.
Miguel -un nombre figurado- explica que, con la crisis económica, en
los últimos meses ha aumentado el paro en ese subsector y su vacío está
siendo cubierto por otros trabajadores sin cualificación que cobran "la
mitad". A juicio de Miguel, esa reducción de gastos se traduce
inmediatamente en un descenso de la seguridad en empresas y organismos
públicos que contratan dichos servicios.
Los vigilantes de seguridad inician su formación en academias mediante
cursos diversos, alguno de los cuales puede durar tres o cuatro meses,
con un precio que no baja de los 800 euros. Con esa titulación y si no
tiene antecedentes policiales o judiciales, el aspirante se presenta a
unas pruebas teóricas y físicas realizadas por el Cuerpo Nacional de
Policía (CNP). Si las supera, ya cuenta con su "placa oficial".
Muchas sociedades tienden a reducir sus gastos en la contratación de
estos trabajadores. Sin embargo, las compañías de seguro exigen que las
instalaciones deben disponer forzosamente de cámaras de vigilancia y
personal preparado para poder formalizar las pólizas correspondientes.
Ante esa disyuntiva, Miguel apunta que la alternativa de determinadas
empresas de seguridad pasa por ofrecer a empleados denominados
"auxiliares", que, legalmente, pueden efectuar diversas tareas, pero no
deberían suplir al vigilante con "placa".
Miguel reconoce que "nadie quiere denunciar" el asunto ante las
organizaciones sindicales. El motivo es que, ante una posible
manifestación o acción reivindicativa, no desean ser reconocidos y que
ninguna de las compañías del sector quiera contratarlos con
posterioridad.
Desde 2005
José Juan Socorro, que figura como responsable regional de Seguridad
Privada en UGT Canarias, apunta que las quejas por el intrusismo
profesional y la competencia desleal no son nuevas.
De hecho, hay documentación que confirma que desde el año 2005 se ha
denunciado el citado problema ante varias instituciones públicas.
Socorro reconoce que hay sociedades de servicios independientes o
vinculadas a las propias empresas de seguridad que ofrecen a los
"auxiliares".
De hecho, las centrales sindicales Unión General de Trabajadores,
Comisiones Obreras (CCOO), Unión Sindical Obrera (USO) e Intersindical
Canaria (IC) han unido esfuerzos para presentar denuncias por casos de
fraudes a la Hacienda Pública y a la Administración de la Seguridad
Social, así como el incumplimiento del convenio colectivo.
Pero sus protestas no se quedan ahí. Lamentan que algunos empresarios
no declaren en la nómina aquellos conceptos salariales que conllevan un
pago a la Agencia Tributaria. Como consecuencia, se deja entrever que
se abona "dinero negro" a los empleados.
Para Socorro, resulta muy grave que haya determinadas empresas que
"revienten" el mercado con unos precios que implican pagar salarios por
debajo de lo contemplado en el convenio colectivo.
Según dicho acuerdo, el coste de un vigilante de seguridad con arma
puede rondar, aproximadamente, los 16 euros, mientras que baja a 15,5
si no porta pistola.
La hora extraordinaria puede oscilar entre los 7,30 y los 8,50 euros,
en función de si trabaja armado, si se trata de un trabajo nocturno o
si es un día festivo.
¿Todas las empresas son iguales? Socorro piensa que no. Explica que las
grandes compañías del sector son más receptivas a negociar y más
respetuosas con las condiciones laborales estipuladas. Por el
contrario, lamenta que otras empresas de menor dimensión, por lo
general, optan muchas veces por resolver los conflictos en los
juzgados. El portavoz de UGT en esta materia indica que el mayor
usuario de la seguridad privada es la administración pública, con casi
el 60 por ciento de la demanda de los servicios. Pero, para José Juan
Socorro, en ocasiones también se convierte en la primera en incumplir
lo estipulado en los acuerdos del convenio colectivo, sacando a
concurso contratos con precios situados por debajo del famoso artículo
74 de dicho texto.
Con esa situación, las empresas "grande" no optan a las concesiones porque no les resulta rentable.
Sin resultados
Socorro indica que esta realidad se ha planteado a los organismos
públicos e, incluso, al Defensor del Pueblo, pero aún no se han
conseguido resultados positivos.
Este periódico se intentó poner en contacto el pasado viernes con dos
de las asociaciones empresariales del sector, con sede en Madrid, pero
no fue posible.
También trató de conocer la opinión de una compañía canaria, Seguridad
Integral Canaria, pero la respuesta de una empleada fue muy clara: "Por
orden de la Dirección, no hacemos declaraciones sobre ese tema".
http://www.eldia.es/2008-11-16/sociedad/sociedad13.htm#4
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